Las medidas para mitigar la crisis socioeconómica van en la “dirección correcta”, pero el gobierno debe “hacer más”

La pandemia exacerbó un proceso de “desaceleración económica” que ya exponía la “fragilidad” de un sector de la población uruguaya “que si bien estaba por encima de la línea de pobreza presentaba muchas carencias de otro tipo, que la política pública y el Estado de bienestar no estaban resolviendo”, dice la coordinadora residente de la ONU, Mireia Villar

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Nº 2127 - 17 al 23 de Junio de 2021

entrevista de Guillermo Draper

La pandemia les movió el piso a todos, también a quienes trabajan en las oficinas de Naciones Unidas (ONU) en Uruguay. “Nos ha generado la necesidad de hacer cosas que habíamos dejado de hacer en el país”, dice su coordinadora residente, Mireia Villar.

La funcionaria dejará el cargo después de cuatro años de trabajo en Uruguay en los que fue testigo del “ordenado” cambio político que vivió el país como consecuencia de la victoria de la coalición multicolor en las elecciones del 2019. En una entrevista con Búsqueda Villar dice que las relaciones con el nuevo gobierno son muy buenas y que eso se refleja, por ejemplo, en que acordaron sin problemas una agenda de cooperación conjunta.

La coordinadora sostiene también que la crisis expuso y aceleró “fragilidades” sociales que heredó el nuevo gobierno.

Aunque no son todos elogios para la administración de Luis Lacalle Pou. Si bien opina que las medidas para paliar la crisis socioeconómica desatada por la pandemia van en la “dirección correcta”, Villar cree que deberían ser más profundas.

Consultada acerca de las críticas que recibe la ONU de actores políticos como Cabildo Abierto, la coordinadora dijo que le llaman la atención, pero que espera que sean producto del “desconocimiento”.

—Cumple su ciclo como coordinadora residente de la ONU en Uruguay. ¿Qué balance hace de estos años?

—He sido testigo del cambio muy ordenado de gobierno, que era importante porque implicaba un cambio de partido, con la llegada de una coalición inédita con cinco partidos. A eso se suma que fue un cambio que coincidió con la pandemia. Nosotros trabajamos en ciclos de cinco años que coinciden con los ciclos del gobierno, así que hemos tenido la oportunidad de, muy tempranamente, negociar y acordar con el gobierno actual dónde nos quieren y en qué temáticas. En ese sentido, hay aportes interesantes que hemos podido hacer en un momento y en un contexto de grandes derrumbes. Cuando hablamos del Covid, a nosotros nos ha movido mucho el piso como institución, porque nos ha generado la necesidad de hacer cosas que habíamos dejado de hacer en el país. En este trabajo con los grupos más vulnerables, más afectados, muchas de nuestras agencias que se dedicaban a hacer un acompañamiento de las políticas públicas se han encontrado, de repente, bajando al terreno y teniendo que atender situaciones de familias con necesidad.

—¿El Covid les hizo revisar su enfoque?

—Creo que el efecto del Covid en la definición de nuestro trabajo puso un poco en stand by una mirada de medio plazo, que no debería ser el caso, pero lo primero que tuvimos que hacer —y es obvio— fue ponernos a las órdenes y poner recursos económicos y humanos a mitigar sobre todo la situación socioeconómica y sanitaria. Aun así, hemos acordado con el gobierno trabajar en cuatro grandes áreas. Toda el área de una economía que innove, que genere empleo, que garantice la sostenibilidad del desarrollo. Una segunda gran área que tiene que ver con el Estado, un Estado que esté presente en el territorio, que rinda cuentas, que sea inteligente y tenga capacidad de análisis, sobre todo, prospectivo. Un tercer gran bloque que tiene que ver con las políticas públicas, y ahí me refiero más tradicionalmente al trabajo que hacemos en educación, salud y cohesión social. Hasta ahora decíamos que el foco estaba en la calidad y no tanto en acceso, pero la verdad es que ahora también trabajamos en acceso porque ha habido gente que se ha caído del sistema. Y una gran cuarta pata del programa tiene que ver con no dejar a nadie atrás, que es trabajar con la sociedad para que se sigan apoyando los derechos de las personas y los réditos del beneficio lleguen a todos.

—¿Fue muy distinto el foco puesto por estas autoridades en comparación con las anteriores?

—Naciones Unidas lleva más de 70 años en Uruguay y venimos trabajando muy bien con todos los gobiernos.

—¿Pero se nota un cambio en las prioridades?

—Hay un cambio que alude a la circunstancia particular, sin duda. Este gobierno ha tenido que hacerse cargo de esta situación de crisis. Además, vienen con una agenda y un compromiso electoral muy fuerte en cuestiones fiscales, de manejo del déficit público, vienen con ideas claras en relación al rol del sector privado. Creo que, en ese sentido, sí, obviamente es un gobierno que tiene un talante distinto en su orientación, en su lectura de lo que tiene que hacer el Estado.

—¿Hay un cambio en la priorización de ciertos temas como el respaldo a la equidad de género o los derechos de las minorías sexuales?

—De nuestra parte los temas son los mismos, porque a nosotros nos rige la Agenda 2030, y nuestro objetivo fundamental es apoyar a que el país, no solo el gobierno, avance en la implementación de esta agenda que contiene todos estos aspectos. De hecho, los cuatro puntos que acordamos contienen las cuestiones de género de manera transversal, solo por mencionar un aspecto que estaba en tu pregunta. El rol de la cooperación en un país con el nivel de desarrollo de Uruguay tiene que ser distinto al de otros países con otros contextos, pero hay agendas y hay inequidades de índole estructural en Uruguay que no desaparecen y que incluyen a la de género. Hemos visto el impacto diferencial que ha tenido la pandemia para las mujeres, así que hemos trabajado muy de la mano con la vicepresidenta y con otros ámbitos del Estado como el Ministerio de Desarrollo Social para visibilizar esa diferencia y poder desplegar medidas que ayuden a las mujeres a conllevar mejor esa situación. En adelante, lo que nos imaginamos y el tipo de conversación que estamos teniendo con el gobierno tiene que ver, en particular, con el tema de la inserción laboral de las mujeres. No solo tratar el tema de género como una agenda de derechos, que lo es claramente, sino que la agenda de empoderamiento económico de las mujeres, la agenda para aumentar su participación en el mercado laboral es parte de la solución a los problemas de seguridad social que enfrenta el país, a los temas de capital humano, a los temas de empleo. Me parece que los temas son los mismos, tal vez en algunos rubros estamos tratando de enfocarlos en los ámbitos donde este gobierno se siente más cómodo.

—¿Cree que el gobierno está tomando medidas para mitigar el impacto que tuvo la crisis en el acceso al empleo de las mujeres?

—Nos consta que el esfuerzo del gobierno, sobre todo en los temas de protección social, tanto en los seguros de desempleo como en la creación y la recuperación del empleo, tiene una perspectiva importante en los más vulnerables. Y quisiéramos enfatizar, de nuevo, que parte de esos más vulnerables son las mujeres o los hogares con una cabeza de hogar femenina, porque allí no es solo el impacto en la mujer, sino también en la familia y muy particularmente en los niños. Me parece clave todo lo que tenga que ver con cómo ponemos a las mujeres en el centro de la recuperación económica, cómo repensamos los sistemas de protección social y damos un empujón muy fuerte —y eso hoy por hoy no lo estamos visibilizando— en la agenda de cuidados, donde el Estado asuma un rol importante para crear el marco habilitante para que las mujeres se reincorporen y no tengan que seguir asumiendo el trabajo no remunerado.

—En su informe anual, ONU menciona el impacto que ha tenido la pandemia en la economía uruguaya y señala el aumento de la pobreza. ¿El gobierno ha hecho suficiente para contener el efecto de la crisis?

—Se ha hecho mucho, en parte utilizando la resiliencia institucional que Uruguay tenía: un sistema de salud robusto, un sistema de protección social y desempleo con ya un largo recorrido. En ese sentido, sin duda que Uruguay afrontó esta pandemia con un capital institucional despegado en relación a países vecinos o de la región. Se han ido extendiendo algunas de las medidas que el gobierno ha hecho para mitigar el impacto socioeconómico, pero nosotros creemos que hay que hacer más, que hay que seguir empujando, ampliando y profundizando, porque tenemos 100.000 pobres más que antes. O sea, la situación es peor en cuanto a la coyuntura, y eso reclamaría o necesitaría de una profundización. Creemos que, en general, la orientación de las medidas va en una dirección adecuada, ha habido un esfuerzo por captar personas que no estaban en el sistema formal, pero, obviamente, con ese grupo poblacional hay que hacer mucho, porque los montos que están llegando, sobre todo cuando miramos en las familias, son bastante chicos y no necesariamente van a ayudar a esas familias o a esos individuos a resolver su situación laboral, de educación, de salud. Entonces, en general creemos que es la dirección correcta, pero nos gustaría ver una inversión más sostenida, más ampliada. Por ejemplo, nos preocupa mucho el tema de la educación. Sabemos, más allá de si es un año perdido o no, que es una cohorte educativa que va a tener impactos. No sabemos cuán profundos son porque son impactos que vamos a visibilizar de aquí a unos años cuando estemos midiendo la capacidad de lectoescritura de los que ahora están empezando la primaria. Entonces, poder tomar decisiones que tengan en cuenta a esos grupos que están más comprometidos nos parece fundamental.

—¿La pandemia expuso la fragilidad del crecimiento que había tenido Uruguay?

—Sí, tienes toda la razón. Ya veníamos con un proceso de desaceleración económica, veníamos perdiendo empleo, veníamos con una fragilidad que se hacía más y más visible y éramos conscientes de que había un grupo poblacional que si bien estaba por encima de la línea de pobreza presentaba muchas carencias de otro tipo, que la política pública y el Estado de bienestar no estaban resolviendo esa realidad. La pandemia ha complicado, ha exacerbado, ha visibilizado y ha puesto en marcha procesos que veíamos más lejanos. Precisamente por todo eso creo que hay una necesidad imperante de pensar qué quiere ser Uruguay cuando sea “mayor”, qué rol tiene que jugar el Estado en asegurar esa resiliencia en el mercado, en la economía, en las familias, y cuáles son las apuestas que quiere hacer a futuro para que el desarrollo sostenible se haga realidad. En particular, quiero mencionar dos cosas en las que la cooperación puede ayudar. En la pregunta de qué quiere ser Uruguay cuando sea “mayor”, qué apuesta productiva, qué tipo de valor agregado, qué tipo de competitividad y cómo se engancha a procesos que ya están pasando en el mundo —de tecnología, de digitalización y de sostenibilidad—. Y luego tenemos una conversación de cómo queremos financiar esa transformación y que esa transformación incluya al Estado, pero también al sector privado, a los sectores nacionales e internacionales y también a la cooperación. Esos dos puntos, cómo nos imaginamos de cara al futuro y cómo nos imaginamos financiando esa transformación hacia el futuro, son roles donde la cooperación aspira a ser parte.

—Cuando la coalición multicolor ganó las elecciones, hubo actores de la sociedad que advertían acerca de posibles retrocesos en la denominada “agenda de derechos”. ¿La ONU percibió eso?

—Hemos visto grupos que han sufrido importantes vulnerabilidades fruto de la pandemia y nos gustaría que recibieran más apoyo. Lo que quisiera transmitir es que este ha sido un período particularmente complicado, que ha tenido impactos muy reales en grupos vulnerables que ya venían con cierta vulnerabilidad, y que el despliegue y la respuesta que se hace desde el gobierno en un momento donde se está tratando de proteger la regla fiscal no es todo lo ambiciosa que a nosotros nos gustaría. De eso a hablar de que haya un retroceso de derechos o una apuesta discriminatoria, no es la lectura que hacemos.

—Entonces las leyes de esa agenda más social no sufrieron un retroceso.

—Tuvimos la oportunidad de ir al Parlamento cuando se estaba discutiendo la LUC para hablar de algunas áreas. Fuimos de la mano de las agencias especializadas en algunos de los temas donde teníamos preocupación sobre un posible retroceso. Eso hacía, sobre todo, a temas de Justicia penal, a temas de equidad de género, a temas de Justicia juvenil, había algunas cuestiones medioambientales y derechos laborales como la huelga. Entonces, sí expresamos en aquel momento preocupación por lo que se estaba proponiendo y de hecho parte de lo que luego quedó, pero lo hicimos en el ámbito de la institucionalidad.

Foto: Nicolás Garrido / Búsqueda

—Uno de los partidos de gobierno, Cabildo Abierto, ha sido muy crítico con la ONU y con su agenda. Después de que una de sus oficinas sugiriera al Estado uruguayo que encontrara una solución al tema del asentamiento Nuevo Comienzo, el senador Guillermo Domenech dijo que los uruguayos deben regirse por sus propias normas y legislación “y no por dictados de oscuros funcionarios internacionales”, informó La Mañana. ¿Le preocupa ese discurso en el oficialismo?

—Llama la atención, pero yo me siento muy cómoda afirmando que hay un recorrido internacional del Uruguay que va a matizar y a tamizar un poco todas estas declaraciones. En relación al caso concreto que mencionas, de la misma manera que hay independencia del ámbito judicial para tomar sus decisiones, los pedidos que le llegaron a Uruguay —que ni siquiera eran recomendaciones finales, sino pedidos de acciones temporales— vienen de órganos desde Naciones Unidas que también operan con total independencia. Es un paralelo útil de recordar. Son mecanismos de índole universal a los que adhiere Uruguay. En este caso particular es interesante porque la recomendación que se le hacía al país es una regla de derechos humanos internacional, donde Uruguay fue de los primeros países en ratificar. Una solicitud de tiempo o de soluciones desde el Estado que luego cause esa reacción… Yo quisiera pensar que es más bien desconocimiento, que son personas que han accedido a la gestión pública sin tal vez haber tenido exposición previa a lo que es la arquitectura de derechos humanos internacional, el rol activísimo que ha tenido Uruguay en la construcción de esa arquitectura internacional y cuáles son las lógicas de idas y vueltas, de pedidos de información y de cómo funcionan.

—El líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, ha denunciado la existencia de una agenda “sorista”, en referencia a George Soros y al impulso de algunos temas vinculados a la “agenda de derechos”. ¿Le sorprende que eso ocurra en Uruguay?

—Hay voces así en la región y en el mundo que hacen una crítica a la propuesta multilateral, pero bueno, también ha habido cambios. Biden, por ejemplo, ha regresado a Estados Unidos a la agenda climática, a la agenda de derechos, hoy vemos la agenda de LGTBI de nuevo en las embajadas norteamericanas. Así que creo que hay un elemento más de ciclo. En relación a Uruguay, si bien me consta y hemos visto en medios y hemos escuchado expresiones que son sorprendentes, sobre todo por el talante histórico, a escala país y del gobierno no tengo dudas de la apuesta multilateral que hacen, de la importancia que dan a la institución, de su adhesión a la agenda de derechos.

—¿La aparición de estos discursos no refleja también que la ONU puede haber ido más rápido en una agenda de lo que la sociedad estaba preparada?

—Creo que no. Creo que nos pasa lo mismo en temas ambientales. Cuando nosotros consultamos a los ciudadanos como consumidores sobre cuáles son sus preocupaciones más fundamentales para el país, encontramos que hay una mayor receptividad a transformar el modo en que consumimos, a transformar el modo en que incluimos a poblaciones vulnerables en ámbitos laborales, educativos, apertura en temas de discapacidad, de lo que a veces los representantes de esa ciudadanía acaban abogando en el Parlamento. Lo que ha habido, creo, es un proceso de otra índole, es que ha habido una ciudadanía que ha sentido que el Estado no la ha atendido lo suficiente ni resuelto sus problemas reales. No es una desconexión ideológica o de voluntad de apoyar esta visión del mundo.

  • Recuadro de la entrevista

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Contratapa
2021-06-17T00:11:00