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    Las ollas populares tienen más demandas y menos recursos; el Poder Ejecutivo aporta $ 65 millones, pero a través de “empresarios eficientes”

    No tiene mucho tiempo para pensar en vacunas ni en camas de medicina intensiva. Cada mañana, el mozo de restaurante Hugo Leiva, de 54 años, comienza y termina el día pensando en comida. Ha hecho varias temporadas en Punta del Este, pero la pandemia lo encontró sin poder trabajar y después de un combate contra los prejuicios y el orgullo se animó a ponerse en la fila de una olla popular en la que ahora comen él, su hija de 18 años y otros 100 vecinos del Cerro.

    “Si un día no sale la olla, hay gente que no come, y eso es muy humillante”, explica una militante que va a la zona oeste a ayudar, pero reside en “la parte de Montevideo que puede quedarse en su casa guardada, trabajar por Zoom y ver Netflix”.

    Pero Leiva, que al comienzo iba en silla de ruedas, no solo se para para recibir alimento, también se convirtió en uno de los principales animadores de la olla de Bulgaria y Carlos María Ramírez, una iniciativa que desde el año pasado y buena parte de este se mantuvo gracias a la solidaridad, sin respaldo estatal. Así se lo explicó el martes 13 al ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, durante una reunión a la que concurrió como parte de una delegación de la Coordinadora Popular Solidaria (CPS), que representa a redes de ollas de Montevideo, Canelones, Salto y Durazno.

    Leiva sumó su experiencia en el sector gastronómico a la de voluntarios de Solidaridad.uy, un grupo que no cocina, pero integra la coordinadora en forma transversal y cuenta con el respaldo institucional de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República para recoger y procesar datos que se suman al conocimiento de nutricionistas, militantes, vecinos y empresarios que colaboran con mercadería, horas o dinero.

    En el caso del Cerro, el proyecto universitario Apex también aporta en la formación e higiene. “No vamos a estar interviniendo en si comprar papa blanca o rosada, pero contribuimos con capacitación para que la gente haga su proceso respetando sus tiempos y opiniones”, explicó la trabajadora social Mercedes Lukin.

    Gracias a la experiencia compartida en redes, no solo en la zona oeste de Montevideo, sino en el resto del país, ahora saben que, para hacer 100 porciones, además de combustible y muchas manos, hacen falta ocho kilos de arroz o fideos, cinco kilos de leguminosas (lentejas o porotos), 15 verduras (papas, boniatos o zapallo), dos kilos de cebolla y morrón, dos litros de aceite, cinco litros de salsa de tomate, un cuarto kilo de sal y cinco kilos de harina.

    Guerra fría en pandemia

    Igual que en muchas casas, los ingredientes para hacer un plato no siempre están todos juntos y en cantidad suficiente. Con el aumento de los casos de Covid-19, las ollas tienen más demanda y menos recursos. A su vez, las necesidades de alimentación en pandemia desarrollaron dos tipos de redes solidarias: una formada por empresarios —denominada Uruguay Adelante— y otra por militantes sociales, trabajadores y vecinos, bajo el paraguas de la CPS. El Estado se mantuvo casi ausente hasta comienzos de este año, salvo aportes puntuales del Instituto Nacional de Alimentación (INDA), las intendencias y el Ejército, que firmó un convenio con la Intendencia de Salto y puso sus cocinas de gran porte a disposición.

    Al inicio de la pandemia, por el lado empresarial había nacido Canastas.uy, que este año está concentrada en aportar dinero a localidades del interior para la compra de alimentos que se distribuyen con el movimiento rotario. Por otro lado, Santiago Pérez Gazzano y Jesús Graña, sin esconder una fuerte impronta de “empresarios eficientes” de buena sintonía con la sensibilidad del gobierno, crearon Uruguay Adelante, y después de demostrar eficiencia en organizar la distribución de alimentos, desde esta semana están oficialmente a cargo de abastecer a las ollas populares con los recursos anunciados por el presidente Luis Lacalle Pou.

    El Mides anunció el jueves 15 un acuerdo firmado con Uruguay Adelante (con la personería jurídica de Empatía Uruguay, que pertenece a Canastas.uy) para la distribución de kits de alimentos. El ministro Bartol informó el martes a los representantes del movimiento de ollas que el Estado está transfiriendo $ 65 millones de pesos del Fondo Coronavirus a Uruguay Adelante, casi una tercera parte de los $ 200 millones anunciados por el presidente. Ese monto se usará para cubrir las necesidades de entre 250 y 300 ollas de Montevideo (unas 150 nucleadas en la CPS) hasta julio inclusive. Otra partida de $ 50 millones será destinada a los demás departamentos a través del Inda y los restantes $ 85 millones quedarán para el segundo semestre. La organización deberá rendir cuentas al Mides y al Ministerio de Economía.

    El anuncio de la tercerización del aporte del gobierno central no cayó bien entre los integrantes de las redes de ollas populares porque consideran que no necesitan intermediarios para relacionarse con el Estado. Brenda Bogliachini, de la Red de Ollas y Merenderos del Cerro por Autonomía y Vida Digna, integrada por 24 ollas y merenderos distribuidos en La Boyada, Casabó, Cerro Norte, La Teja, Santa Catalina y otros, dijo a Búsqueda que las redes de ollas tienen trazabilidad y que el discurso de la eficiencia desplegado desde Uruguay Adelante “es puro humo”.

    El exdirector frenteamplista del Mides, Juan Pablo Labat, fue aún más explícito: “Uruguay Adelante no deja de ser una entidad oscura y misteriosa de la cual no se sabe demasiado y es una nueva estrategia del gobierno de negociar con las ollas populares algún tipo de interacción a través de un tercero, sin muchas transparencias, y que no merece simpatías de los actores sociales y despierta muchas sospechas de si se va a transformar en una negociación discrecional”.

    Según Labat, hasta ahora la información se ha manejado “a nivel partidario y no institucional ni social”, y por lo tanto “no es posible contar con datos objetivos”.

    La coordinadora debatirá el tema hoy jueves. Sin embargo, todo indica que, debido a la fuerte necesidad, a regañadientes se acepten las condiciones impuestas por el Mides, salvo la de rendir cuentas y aportar la trazabilidad a Uruguay Adelante, que se haría al Ministerio.

    Previo a esta nueva etapa que comienza hoy transcurrió una guerra fría entre la CPS y Uruguay Adelante en la que se disputaron la pertenencia de las ollas, porque Uruguay Adelante tiene su propia red.

    El movimiento de la CPS, que cuenta con respaldo de la Intendencia de Montevideo, Udelar y sindicatos, desaprueba “los métodos verticalistas y poco transparentes”.

    Aunque muchos de los que están en el movimiento son de izquierda, advierten que una de las características es la pluralidad de creencias religiosas y políticas, que van desde pastores protestantes hasta simpatizantes de todos los partidos.

    Pérez Gazzano y Graña, a su vez, reprochan a la CPS que la operativa es muy lenta, que dedican muchas horas a discutir, incluso cuestiones que ellos creen que no vienen al caso como la Ley de Urgente Consideración, y que además se constató, como ocurrió en el barrio Bella Italia, que un almacén vendía botellas de aceite que habían sido entregadas como contribución a la olla liderada por la dueña del comercio.

    Los gerentes de Uruguay Adelante no ocultan una impronta empresarial, pero a su vez destacan que son apartidarios, aunque tienen su pasado militante, uno blanco y el otro cercano a Tupamaros.

    Es que Pérez Gazzano militó en filas nacionalistas hasta 2016 y Graña es hijo y nieto de conocida gente de izquierda de Carmelo. Su madre, Marina Rébori, fue la candidata a alcalde del Movimiento de Participación Popular las elecciones pasadas y su abuelo, Ventura Rébori, conocido como el Chamaco, es un referente de fuerte prestigio en el movimiento. Luego de haber estado preso muchos años por su militancia en el MLN-Tupamaros continuó con la militancia y la producción rural.

    El nieto, sin embargo, cultiva un perfil diferente: cocina al aire en VTV y tiene un programa en un canal de cable en el que lleva sus platos a casa de “famosos”; además, uno de sus puntos fuertes es que fue gerente de alimentos en la multinacional noruega ISS, a cargo de la alimentación de 6.000 personas al día durante la construcción de la pastera Montes del Plata.

    Ollas y una Fundación

    Para el dirigente del sindicato bancario AEBU, Guillermo Pastor, los $ 200 millones que destinará el Estado a la crisis alimentaria no es una cifra del otro mundo.

    Una investigación que realizaron la Facultad de Ciencias Sociales y AEBU (Búsqueda No 2.102) reveló que entre horas de trabajo e insumos la sociedad civil había aportado mucho más. En alimentos fueron $ 550 millones el año pasado, mientras que los jornales donados, calculados según el laudo de un peón de cocina, solo en mayo, junio y julio sumaron $ 188 millones.

    Graña explica que la ventaja del sistema de voluntarios de Uruguay Adelante es que el dinero que aporta el Estado será invertido solo en alimentos, porque toda la logística se realiza con los 18 voluntarios que trabajan en torno al local de la calle Francisco Echagoyen, en el Hipódromo. De esa forma, explica, logran que cada plato cueste poco más de $ 10, porque compran barato en mayoristas, no pagan salarios y tampoco obtienen ganancia. No obstante, el chef y empresario no ocultó que con su socio tienen el proyecto de crear una fundación que sí pague salarios y pueda descontar impuestos por las donaciones recibidas.

    Por el lado del movimiento de ollas también hay planes más allá de la emergencia, sobre todo porque el ideal es que cada uno pueda cocinar en su casa y no tenga que ponerse en una fila para recibir el alimento.

    Desde la Intendencia de Montevideo, en el plan ABC, que cuenta con técnicos reconocidos como Mercedes Clara y Matías Rodríguez, no solo contribuyen con transporte, utensilios e insumos, sino que ya están pensando en cursos para manipulación de alimentos o nutrición, pero también de conducción, mejoras constructivas, género y organización de actividades culturales a partir de los vínculos que genera la alimentación.

    Marketing político

    Además de Uruguay Adelante y la CPS existen iniciativas políticas. El Frente Amplio donó 20.000 toneladas de alimentos a través de la Intendencia de Montevideo. Otros partidos también se han sumado; la dirigente de Cabildo Abierto en la capital Vanesa Sánchez respalda personalmente a varias ollas populares, entre ellas, la que funciona en el asentamiento cercano a la Usina 5, en Malvín Norte.

    Sánchez advirtió a Búsqueda que se trata de “una acción solidaria, sin banderas ni escarapelas políticas que busca ayudar y educar no solo en la comida, sino también en temas legales con ayuda de un abogado frenteamplista”.

    El gobierno de Montevideo también podría aportar en la emergencia a solucionar uno de los problemas que se presentó entre el Mides y la CPS: cómo llevar los insumos hasta los puntos de acopio de las redes. Sin embargo, según participantes en la reunión entre Bartol y la coordinadora, el ministro dijo que no podía coordinar con la intendencia porque el presidente le dijo que no quería que terminara apareciendo en fotos donando comida, una práctica que atribuyó a Carolina Cosse, ni contribuyendo a una eventual campaña de marketing de la intendenta de cara a 2024.

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