Hay un ejemplo al que el Frente Amplio (FA) suele recurrir para hacer gala de sus logros en la protección de los derechos laborales. Es un ejemplo que a diario o alguna vez a la semana, la mitad de los candidatos presidenciales viven en sus propias casas. Al menos seis de ellos tienen una empleada que limpia, cocina o realiza distintas tareas domésticas. La empleada del colorado Ernesto Talvi es la misma desde hace 17 años y va a su casa tres veces por semana. La del frenteamplista Daniel Martínez va dos días a la semana. También el blanco Luis Lacalle Pou y el líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, dicen que tienen en sus casas una persona que los “ayuda con los quehaceres domésticos”. Y hasta Rafael Fernández, el candidato del Partido de los Trabajadores (PT), contrata una empleada una vez por semana.
Según los registros del Banco de Previsión Social, las trabajadoras domésticas son más de 76.000. Su incorporación a la negociación colectiva, a partir de 2008, impulsó la formalización y el crecimiento del salario mínimo del sector, que más que se duplicó en la última década. Por sí solas y sin la regulación que dio pie a la organización sindical —defendería un oficialista— es probable que hoy esas conquistas no fueran una realidad. Algo similar sucedió en el sector rural, una realidad más cercana al candidato de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, que tiene cinco empleados en un establecimiento en Artigas.
El crecimiento de los sindicatos fue un signo distintivo de los últimos 15 años, favorecido por el modelo de relaciones laborales que promovió el Frente Amplio. La convocatoria de los Consejos de Salarios fue el puntapié inicial de una reforma que incluyó, entre otras normas, la ley de fueros sindicales, la de tercerizaciones, la que regula la negociación colectiva, la de responsabilidad penal empresarial y, más acá en el tiempo, la creación de un fondo de insolvencia patronal.
El relacionamiento entre empresarios, trabajadores y el Estado es algo que los principales partidos de la oposición se proponen ajustar si llegan al sillón presidencial, porque consideran que tal como está no promueve un clima de colaboración, sino de enfrentamiento. Además, creen que es preciso equilibrar el fiel de la balanza en materia de derechos entre los actores sociales flexibilizando el marco actual, incorporando normas obligatorias en materia de prevención de conflictos y sanciones para aquellos que no las cumplan. En grandes líneas, los ajustes planteados no desmantelarían el sistema de negociación colectiva, aunque perseguirían acuerdos por empresa con lo que el aparato sindical se limitaría a negociar salarios mínimos por categorías en los Consejos de Salarios, un instituto que todos señalan que se debe mantener.
En medio de un panorama electoral incierto en el que los candidatos se disputan el centro del electorado, las relaciones laborales son uno de los pocos temas en que las fronteras aparecen relativamente claras entre oficialismo y oposición. Si bien Martínez intenta seducir con alguna guiñada al empresariado y Talvi y Lacalle Pou también envían mensajes tranquilizadores a los sindicatos, sus planes en temas como el futuro de los Consejos de Salarios se consolidan como límites clave.
Consejos de Salarios
El ajuste del funcionamiento del sistema de negociación colectiva (Ley Nº 18.566) para superar las observaciones realizadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) hace una década —a instancias de la queja empresarial que hizo prosperar el análisis del caso uruguayo en la última reunión anual del organismo— está en la agenda del gobierno y también en la del resto de los partidos que se disputan los votos.
Cabildo Abierto, el Partido Independiente, el Partido de la Gente, blancos y colorados pretenden que se dé una“flexibilización” del mercado de trabajo.
En general, hay coincidencias —también en el FA— en darle un rol más protagónico al Consejo Superior Tripartito, para que allí se definan los lineamientos para los ajustes salariales y que estos tomen en cuenta las diferencias intrasectoriales, por ubicación, tamaño de las firmas, etcétera.
El programa del FA plantea además“establecer un criterio normativo del salario mínimo ajustado a la canasta básica de alimentos” e incorporar los“aumentos de productividad reales a la fijación” de las remuneraciones.
“Estoy dispuesto a discutir los descuelgues según las características de las empresas”, dijo Martínez públicamente la semana pasada.
Para el Partido Colorado, los Consejos de Salarios deben volver a su“razón de ser”, que se sintetizaría en la intervención del Estado para fijar salarios mínimos por categoría y subcategoría. Pero los aumentos generales de salarios deberían acordarse“por empresa”.
El asesor laboral de Talvi, Fernando Pérez Tabó, dijo a Búsqueda que se defenderá el derecho de los trabajadores no afiliados a negociar colectivamente.“Los empleados de un pequeño comercio que no quieran afiliarse al sindicato de rama (Fuecys), pueden elegir un representante para negociar y hacer un convenio colectivo por empresa”, afirmó.
A su juicio, todos los convenios deberían incluir un plan acordado por los actores para prevenir conflictos y, en su ausencia, propone que se aplique una“norma de carácter subsidiario” con ese fin. En caso de que cualquiera de las partes incumpla, se aplicaría una“sanción administrativa”, multa o similar.
Ocupaciones
Excepto tres de los presidenciables —Martínez, Gonzalo Abella, de Asamblea Popular (AP) y Fernández— el resto declaró a Búsqueda (en respuesta a un cuestionario enviado a todos los candidatos) o se ha pronunciado públicamente en las últimas semanas contrario a interpretar la ocupación como una extensión del derecho de huelga.
El candidato oficialista justificó la semana pasada la defensa de la herramienta. La OIT “no dice ‘no a las ocupaciones’, sino que dice que tiene que haber un marco que implique condiciones a ser cumplidas por las dos partes de modo que se garantice que la ocupación sea la última opción en el camino”. A su juicio, debe haber“etapas previas obligatorias” y“sanciones a aplicar” para quienes no cumplan.
Abella opinó que la ocupación es la“defensa de las fuentes de trabajo”. Señaló que usualmente se llega a esa medida para“proteger las máquinas del saqueo que empresarios —generalmente extranjeros— se llevan cuando el lucro no les es suficiente”. En la misma línea, Fernández la considera parte de las medidas de lucha de los trabajadores para defender sus derechos y rechaza“cualquier restricción al derecho de huelga”.
El resto de los partidos en carrera electoral se posiciona en la vereda de enfrente: sostienen que la ocupación es ilegal.
“Si somos gobierno, vamos a derogar el decreto de ocupaciones. Para que la gente pueda trabajar si quiere, pueda hacer huelga si quiere y para que pueda gozar del derecho de propiedad”, señaló Lacalle Pou el miércoles 4.
Además, un eventual gobierno del Partido Nacional promovería una discusión tripartita para definir un mecanismo general de prevención y solución de conflictos, lo que el Ministro de Trabajo, Ernesto Murro, intentó sin éxito en la actual administración.
Talvi dijo que la ocupación viola la Constitución porque infringe el derecho de propiedad privada y la libertad de los demás trabajadores.
Daniel Goldman, del Partido Digital, también es contrario a las ocupaciones. Consideró que es“imperativo” reformar la normativa y definir el rol de gremios y sindicatos.“Definamos entre todos derechos y obligaciones de los trabajadores. Mi aporte será forzar una mirada holística de estos conceptos aplicando metodologías científicamente demostradas”, anunció con hermetismo.
Mieres rechaza las ocupaciones. La semana pasada consideró“insólito” que se prohíban en las oficinas públicas cuando se habilitan en el sector privado.
Según el informe anual de relaciones laborales que realiza la Universidad Católica, en 2018 hubo 104 conflictos sindicales. Entre ellos se registraron 33 medidas de“ocupaciones o manifestaciones atípicas como piquetes o cierre de entrada a empresas”.
Derecho a la desconexión y otros
Una ley de“acoso moral”, regular el derecho a la desconexión, proteger la inactividad involuntaria por el avance de la tecnología en el mundo laboral, apuntar a la recalificación de los empleados y delimitar derechos y obligaciones en las relaciones de trabajo vinculadas a las plataformas tecnológicas. Ese panorama variopinto de políticas surge de varios de los programas de gobierno en pugna.
Tanto el FA como el Partido Nacional proponen crear un“Sistema Nacional de Formación Profesional”, pero también el Partido Independiente promueve“estrategias potentes para reciclar” la fuerza laboral y desde Cabildo Abierto se impulsa la capacitación tecnológica, en particular en el plano digital y “previendo la protección en períodos de inactividad no voluntaria y su reinserción al mercado”.
Las líneas programáticas de los colorados y del FA coinciden en la necesidad de regular el derecho de la desconexión y las nuevas modalidades de trabajo, reconociendo que vinieron para quedarse.
Además de las modificaciones que los principales partidos de la oposición proyectan introducir a la ley de negociación colectiva, los blancos proponen aprobar una ley de“acoso moral en los lugares de trabajo” que determine“claramente” obligaciones y ofrezca“seguridad y certeza jurídica a todas las partes”.
