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El profesor Juan Raso, coordinador de la licenciatura en Relaciones Laborales de la Universidad de la República, opina que con la batería de leyes que se votaron durante el primer gobierno del Frente Amplio, Uruguay, lejos de hacer “nada revolucionario”, apenas se puso al día con las normas que rigen en los países más avanzados en la materia.
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Este catedrático nacido en Nápoles, de donde trajo un fuerte acento y la costumbre de hablar con las manos, cree que, a diferencia de Argentina, México y otros países de América Latina, en Uruguay no existe la connivencia entre Estado y sindicatos.
A continuación, un resumen de la entrevista que Raso mantuvo con Búsqueda.
—Cuando era ministro de Industria de Tabaré Vázquez, el ex ejecutivo de Texaco Jorge Lepra dijo en un discurso ante empresarios que en las relaciones laborales se aplica la ley del péndulo: antes había estado inclinado para el lado de los empresarios y desde que el Frente Amplio llegó al gobierno se había volcado al de los trabajadores, pero que la tendencia era al equilibrio. ¿Comparte esa visión?
—Creo que en sistema de relaciones laborales el Estado sigue siendo el centro de la regulación y del poder. Y en los sistemas de relaciones laborales los estados pueden actuar ya sea interviniendo en el sistema o no interviniendo. Pero el no intervenir no es un hecho pasivo, neutro. En general, cuando el Estado no interviene la empresa tiene más poder, porque el poder de la empresa deriva de un hecho: crea empleo y eso le da fuerza, porque en definitiva la empresa mueve la economía.
El gobierno de Tabaré Vázquez, en materia laboral, tuvo tres temas fundamentales: la convocatoria de los Consejos de Salarios, una ley sobre la libertad sindical y una ley sobre negociación colectiva. La de los Consejos de Salarios fue inmediata, la segunda demoró un poco más y la tercera se votó en 2009. Hubo muchas otras leyes, como la de tercerizaciones o la de protección de domésticas y rurales y una ley importante en materia procesal que, como usted decía, enderezan el péndulo.
—Pero Lepra decía que en cierto momento el péndulo se había pasado para el otro lado.
—No sé en qué medida el péndulo esté del otro lado. Se dice a menudo que éste es un sistema muy a favor de los trabajadores y que el péndulo está del otro lado. No creo que sea así; todas las leyes que se han aprobado en realidad no han establecido nada de revolucionario, sino que en realidad de alguna manera han cumplido con una puesta al día de la legislación laboral uruguaya, porque normas así existen en todos los países europeos y en los países avanzados de América Latina. Creo sí que ha habido un cambio en el sistema, en el cual se pasa de un sindicalismo débil a un sindicalismo fuerte. Eso en parte depende de la legislación laboral pero también de la situación interna.
—A comienzos de setiembre, el ex presidente Luis Alberto Lacalle dijo que en el país hay “un gobierno cívico-sindical”...
—Creo que hay que hacer una evaluación un poco más en profundidad de la relación Estado y sindicatos. En primer lugar, hay que considerar algo bueno: Estado y sindicato, pese a tener ideologías afines, no están juntos. Porque si Estado y sindicatos están juntos, cualquiera sea el color político, la mezcla es muy tóxica. Los ejemplos de Argentina y México y algunos otros en América Latina indican que es malo que Estado y sindicatos estén juntos. En Uruguay, no solo están separados sino que en el sector público la relación es especialmente confrontativa.
Otro tema que visualizo en las relaciones laborales es que se pasó de una organización con unos 100.000 trabajadores y unos cuadros muy bien formados a algo diferente. A partir de 2005, el Frente Amplio toma por primera vez el poder y como no tiene los cuadros suficientes saca los mejores militantes de la organización sindical y se produce un vaciamiento de dirigentes al mismo tiempo que crece hasta más de 300.000 el número de afiliados, con lo cual el sistema de relaciones laborales se vuelve más complejo, quizás porque falta la experiencia de los viejos dirigentes.
—Hay quienes cuestionan que el Estado es más ejecutivo a la hora de enfrentar las ocupaciones de oficinas públicas que cuando ocurre en el ámbito privado. ¿Qué opina al respecto?
— Personalmente creo que eso le quita legitimidad al actor Estado porque efectivamente la gente piensa que se consideran legítimas cuando son ajenas y no cuando son propias. El Estado tiene el argumento de que lo público es público y no puede ser afectado, pero también es cierto que la ciudadanía percibe una discriminación: hazlo afuera pero no adentro.
—¿Y que opina la cátedra respecto a las ocupaciones?
—Yo creo que la ocupación es legítima en el sector público como en el privado, pero como última medida para la tutela de un derecho. Creo que no es buena la ocupación como primera medida. Pero más allá de lo que la cátedra opine tenemos que tener en cuenta que vivimos en una sociedad mediática donde la opinión pública tiene gran peso. Muchas veces la ocupación transmitida por los medios —porque nunca he visto una ocupación en mi vida, la veo en la televisión, la leo en los diarios— se percibe como algo disfuncional.
Es legítima pero debe ser manejada con prudencia para que no se convierta en un boomerang.
—Un experto español dijo que los conflictos ahora son casi siempre de los públicos. ¿Eso se está sucediendo en Uruguay?
—Comparto esa visión. A menudo se escucha que hay muchos conflictos pero si uno afina la lupa puede ver que en el sector privado las cosas están funcionando bastante bien. Se dirá que es por el momento de auge de la economía pero lo cierto es que en el sector privado las relaciones laborales están funcionando muy bien. Eso se debe a que están lideradas por las grandes empresas y los grandes sindicatos. No es la pequeñas empresa la que negocia en los consejos de salarios y también los 24 grupos hay sindicatos poderosos que negocian.
La situación en el sector público es distinta. El sector público tiene componentes muy complejos porque viene de situaciones de estabilidad en el pasado y está en precariedad en el presente. No es posible hablar de un sector público. Si usted toma funcionarios de 50 años de edad es una cosa y si toma jóvenes es otra, la situación es muy variada y hay que estudiarla con detenimiento porque las diferencias entre una empresa y otra son enormes.
—¿Cree que este gobierno tiene más dificultades que el de Vázquez?
—La política del Ministerio de Trabajo ha sido siempre muy seria desde 2005. Lo que no se puede negar es que ha habido un gran empoderamiento sindical, el sindicato ha crecido y también exige más. Es un tema que ameritaría un debate interno porque a más derecho tiene que haber más responsabilidad en el uso de esos derechos. No digo que el sindicato sea irresponsable pero también es cierto que cuando se tienen más derechos hay que ser más prudente en el uso de esa batería de derechos. Y tampoco nada es para siempre; creo que fue Tabaré Vázquez que dijo que existía el riesgo de matar la gallina de los huevos de oro.