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La interna sindical está compuesta principalmente por tres grupos. La línea mayoritaria es la de las corrientes Articulación y el Partido Comunista, que mediante una alianza lideran desde hace años la conducción del PIT-CNT. En un segundo escalón, aparece la principal fuerza opositora, En Lucha, liderada por la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) y la Federación de la Bebida (FOEB) e integrada por otros sindicatos. Finalmente está una coordinación de ocho sindicatos —conocida en la interna como Grupo de los 8, aunque no es su nombre formal— que es la que tiene menos peso pero, a su vez, la que marca más distancia del oficialismo.
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La impronta de este último grupo está plasmada en el documento que presentó de cara al próximo Congreso del PIT-CNT que se realizará el 5 y el 6 de noviembre. El denominado Grupo de los 8 hoy está integrado por el sindicato de UTE, el Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza Privada, la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, la Asociación de Funcionarios Postales del Uruguay, el Sindicato Único Gastronómico y Hotelero, la Unión Ferroviaria, la Unión de Funcionarios del Codicen y el sector pesca del Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines.
Uno de los primeros puntos en los que marcan distancia es en la posición del movimiento sindical en la ronda de negociación colectiva del 2020 en la que se firmó el acuerdo puente. Para el Grupo de los 8 ese convenio derivó “en más desempleo, menos salarios, más precarización social”: una “tragedia en materia de derechos” que, aseguran, “se veía venir con toda claridad”.
“Dar ese aval como PIT-CNT a esos lineamientos del gobierno fue un acto de conciliación de clases y un gran error de valoración estratégica”, dice el documento.
El Grupo de los 8 también vuelve a confrontar con la visión de que el movimiento sindical forma parte de “un bloque social y político de los cambios” que incluiría, entre otras organizaciones, al Frente Amplio.
“La pasividad complaciente que adoptó la mayoría del movimiento sindical con los contratos leoninos firmados entre Presidencia de Uruguay y UPM o la mirada auspiciosa que recayó sobre la privatización de la diversificación de la matriz energética (...) son ejemplos contundentes de las consecuencias negativas del predominio de las tesis del bloque social y político en el movimiento sindical”, dicen.
En un punto, el documento muestra un espíritu similar al de las corrientes mayoritarias que propusieron en el suyo un cambio en la institucionalidad del país y una reforma constitucional orientadas a construir poder popular (Búsqueda Nº 2.142). El Grupo de los 8 hace un planteo concreto: control social de la deuda.
“La toma de deuda debe dejar de ser un asunto exclusivo y excluyente de la tecnocracia. Si la deuda la pagamos entre todos, la debemos discutir entre todos. (...) El control social debe incluir el derecho al veto popular y la realización de auditorías anuales. Asimismo, hay que avanzar en iniciativas de políticas distributivas del excedente económico nacional que permitan su control soberano”, proponen.
Sobre la gestión del oficialismo sindical, el Grupo de los 8 hace un balance crítico. Para fundamentarlo compara lo que se propuso en el Congreso de 2018 con la situación actual. En esa línea sostiene, por ejemplo, que el PIT-CNT ni se acercó al “ambicioso objetivo” de avanzar hacia los 600.000 afiliados, que pocas comisiones aumentaron su caudal de militancia y que la mayoría de los representantes sindicales en organismos no reportaron su trabajo, salvo el del BPS.
En este último punto hace particular hincapié. “Se sienten tan lejanas esas representaciones que resulta dificultoso el solo hecho de recordar dónde tenemos representación, quiénes son esos compañeros y, en definitiva, cuáles son sus funciones”.
El Grupo de los 8 también apunta a algunas áreas de trabajo por falta de transparencia o apertura. Un ejemplo es el de la Secretaría de Comunicaciones. “Esa área aparece como un compartimento celosamente blindado dentro de nuestra estructura, al que es prácticamente imposible aportar. La política institucional de comunicación del PIT-CNT dista mucho de reflejar la diversidad de concepciones que integran la Convención”, dicen.
En un tono similar cuestionan algunos aspectos del Instituto Cuesta Duarte. Sostienen que para parte del PIT-CNT “la formación que se dicta allí, sus formas de resolución, su funcionamiento y hasta sus finanzas son un mundo desconocido”. En lo de las finanzas ponen especial énfasis. Dicen que en tanto el Cuesta Duarte ostenta la personería jurídica del PIT-CNT sus balances deberían ser conocidos por la Mesa Representativa, también que debería estar claramente delimitada la existencia paralela de las dos organizaciones. En esa línea argumental también abordan las contrataciones de personal que se hacen.
“Corresponde preguntarse quién ha resuelto hasta aquí la contratación de decenas de funcionarios que revisten hoy en el PIT-CNT y el Instituto Cuesta Duarte, cuáles han sido los fundamentos para ello, la forma de elección o su remuneración”, plantean.
El Grupo de los 8 cuestiona una lógica que definen como un “camino centralizador” al que llaman a abandonar. En su opinión, las figuras de presidente y secretario general, que no están en el estatuto, provocan una sobrerrepresentación de las corrientes mayoritarias. Además, piden ampliar la integración de la Mesa Representativa, en la que consideran que deberían estar con voz y voto todos los sindicatos que lo quieran.
El documento aborda sobre el final la necesidad de avanzar hacia una ética militante. En ese apartado del documento dice que “buena parte de los trabajadores desconfía de la herramienta sindical y cree que los dirigentes son una cúpula que no pisa su puesto de trabajo, a la vez que tiene un nivel de vida más alto que el propio trabajador al que representa”. Sobre esas visiones, le atribuyen responsabilidad a la prensa y a la derecha, pero también llaman a que el PIT-CNT asuma “la parte que le toca” y a hacer una “reflexión” sobre las prácticas “dirigentistas y burocráticas”.
Para el Grupo de los 8 uno de los problemas principales es el uso de los fueros sindicales. “El dirigente sindical no debería tener fueros totales por períodos tan largos de tiempo como sucede hasta ahora. Es necesario evitar la desviación y transformación en sindicalistas profesionales. Es preciso mantener contacto con el puesto de trabajo, con sus compañeros y compañeras de base. (…) El argumento de que los dirigentes dedicamos muchas más horas al sindicato, aunque cierto, resulta peligroso, en tanto asimila trabajo con militancia”.
