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En momentos en que Uruguay y otros países del Mercosur negocian un Tratato de Libre Comercio con la Unión Europea (UE), existen algunos retos para la agricultura de la región vinculados a la “exigencia de controles para asegurar que los alimentos estén libres de plaguicidas” y otros agroquímicos y “los agricultores que quieran exportar a Europa tendrán que hacer magia”.
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Así lo advirtió la doctora colombiana encargada de asuntos regulatorios de la empresa Basf, Silvia Bechara, en una conferencia organizada por la Cámara Uruguaya de Agroquímicos (Camagro) el martes 9 en la sede de la Cámara Mercantil de Productos del País. El tema de la presentación que realizó esa especialista en toxicología y sostenibilidad fue “Esquema regulatorio europeo para agroquímicos, sus posibles impactos en la cadena de valor alimentario y las exportaciones de nuestra región”.Para tener una dimensión del negocio que está en juego por ese asunto, Camagro informó que las importaciones europeas de productos agrícolas de América Latina representan unos 24.000 millones de euros, de los cuales 246 millones corresponden a granos exportados desde Uruguay.
Esa profesional habló de la importancia que tiene el tema de los plaguicidas y otros productos que emplean los agricultores en la agenda de “los políticos que salen a buscar votos de los consumidores”.
En su presentación, la colombiana repasó una serie de normas de inocuidad de alimentos y el rol de los estándares secundarios generados por organizaciones de consumidores, que complementan los estándares de los organismos oficiales.
Dijo que esas regulaciones fueron generadas en respuesta al “comportamiento fóbico de los consumidores (europeos) por el uso de plaguicidas en productos”, Para Bechara, “la seguridad alimentaria europea está amenazada por las políticas regulatorias”, que plantean un “cambio en el criterio de evaluación de riesgo por el de evaluación de peligrosidad”.
El “riesgo comprende la probabilidad de un peligro más el concepto de exposición, pero en la evaluación de peligrosidad se elimina el tema de la exposición”, indicó.Y planteó que “Europa tendrá que salir de la encrucijada en la que está envuelta por la aplicación de las normativas que integran el reglamento de control de alimentos”. Eso dijo debido a la dificultad para que los exportadores agrícolas puedan cumplir con las mayores exigencias que derivan de esas evaluaciones.
Maravilloso museo
Otro tema analizado por Camagro es el de las políticas de subsidios agrícolas en la Unión Europea y su vinculación con las normativas regulatorias. Los apoyos oficiales a los agricultores europeos están condicionados al cumplimiento de los requisitos en cuanto a la aplicación de plaguicidas, señaló Bechara.Consideró que Europa representa “un reto tremendo” para los exportadores y productores de alimentos de nuestra región, pero “también una gran oportunidad”.
La UE comprende un mercado con 500 millones de consumidores que está sometido a un déficit neto de U$S 35.000 millones de importaciones agrícolas, argumentó.Dijo que los europeos “no son capaces de alimentarse y junto con China son los dos principales bloques importadores de alimentos del mundo”.
Y “quieren que los agricultores latinoamericanos produzcan con las mismas condiciones que los europeos, para que sus productores sean competitivos,y se olvidaron que en Latinoamérica no hay subsidios agrícolas”, comparó.
Planteó, luego, “hasta dónde una barrera de seguridad para el consumidor se establece en aras de decisiones políticas versus decisiones científicas”. Hay que buscar un equilibrio entre esos dos conceptos, sugirió.Por eso, la colombiana vaticinó que “Europa en 2050 participará en el Producto Bruto Interno mundial con un máximo de 10% y será un maravilloso museo”.
Presiones
“El agricultor está inmerso en una gran cantidad de presiones”, dijo Bechara.
Destacó la presión para mejorar la eficiencia y aumentar la productividad en un mundo en el que crece la población y disminuye la disponibilidad de suelo para la agricultura.
En los sesenta, la tierra cultivable per cápita era de 4,3 metros cuadrados, en 2005 bajó a 2,2 y en el 2020 caerá a 1,9 metros cuadrados, según datos presentados por esa especialista.El productor “es obligado a responder a la demanda creciente de alimentos y el reconocimiento social en cuanto a su contribución a la sostenibilidad del planeta y la especie humana es menor”, consideró.
Eso dijo en alusión a la imagen negativa que tienen en la sociedad las empresas agrícolas que utilizan agroquímicos en sus plantaciones de granos, como soja, maíz, trigo, entre otros. Respecto a ese asunto, el vicepresidente de Camagro, Marcos Carrera, expresó que el problema no son los agroquímicos sino el uso que les da cada productor, cuando abusa o realiza una mala aplicación.
De hecho, hay normas legales vigentes en Uruguay que establecen una serie de limitaciones en el empleo de productos fitosanitarios, como la distancia obligatoria a respetar entre el lugar de aplicación y las poblaciones rurales, y el cuidado de los cauces de agua para evitar la contaminación. La especialista colombiana formuló algunos comentarios alusivos a la falta de información que existe en las zonas urbanas respecto a los métodos de producción de alimentos y las implicancias que eso tiene en la vida cotidiana de los agricultores.
“Nuestros hijos creen que el campo es una postal, que los huevos nacen en el supermercado, que las verduras llegan del mercado”, dijo.Y resaltó que “la vocación y la tradición de los agricultores no se transmiten a los hijos, porque son oficios muy difíciles y severos”, y “los productores pretenden que sus descendientes vayan a estudiar a las ciudades”, sostuvo.
