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Hay unas 2.200 instituciones vinculadas de manera directa con las actividades deportivas, aunque muchas no figuran en el registro que lleva la Secretaría Nacional del Deporte (SND). A la vez, en todo el país existen 1.821 gimnasios y otras instalaciones con valor catastral. Y son más de 10.000 los trabajadores formales en este sector, que en parte subsiste gracias a un tratamiento fiscal benévolo.
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Una medición de esa renuncia fiscal –o “gasto tributario”— a favor del deporte en que incurre el Estado fue encomendada al Centro de Estudios Fiscales (CEF) por la SND: el cálculo dio $ 2.426 millones para 2017, unos US$ 84,5 millones y 0,14% del Producto Bruto Interno (PBI). Aunque con montos en pesos corrientes crecientes, los porcentajes respecto al PBI fueron muy similares en los tres años previos abarcados por la investigación, que será presentada la semana próxima en el marco de las XII Jornadas Tributarias de la Dirección General Impositiva (DGI). Ese apoyo a través de la renuncia fiscal al deporte amateur y profesional equivale a cerca del 40% de lo que aporta el Estado de forma directa al financiamiento de esta actividad mediante gasto e inversión con fondos presupuestales.
Se trata de una primera estimación específica referida al deporte. La DGI calcula el “gasto tributario” global para todas las actividades; para el 2018 informó una cifra preliminar de casi US$ 4.000 millones (6,5% del PBI).
La estimación encargada al CEF –una persona pública no estatal vinculada al Ministerio de Economía— contabilizó los alivios por concepto de aportes a la seguridad social, así como de los impuestos a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE), al Valor Agregado (IVA) y al Patrimonio (IP). El tributo de mayor relevancia como exoneración para las instituciones deportivas es el IVA, que significó más del 60% de la renuncia fiscal, seguido por el IRAE y las contribuciones a la seguridad social (15% cada uno). El IP explicó el 8% del alivio total en promedio para los cuatro años.
La renuncia fiscal considerada comprende también los beneficios otorgados por la Comisión de Proyectos Deportivos (Comprode) prevista en la ley de promoción (Nº 18.833) de 2011. En cambio, deja afuera los planes de inversión apoyados por la “ley de inversiones”, en el entendido de que en este caso la exoneración no deviene de un estímulo al deporte sino a inversión productiva de diverso tipo.
El cálculo abarca a los clubes, centros educativos de enseñanza, gimnasios, estadios y otras entidades que tienen al deporte como su actividad principal.
Beneficiarios concentrados
El registro de la SND contiene las instituciones más representativas del sector (si bien son menos de la mitad del universo total de la estimación, ya que otras entidades no inscriptas allí también reciben exoneraciones impositivas). De hecho, solo 11 entidades acumularon hasta el 50% de la renuncia fiscal por concepto de IRAE en los cuatro años –en torno a US$ 5 millones anuales cada una— y cerca de 250 concentraron menos del 10% del total. Una distribución similar se constató en cuanto al IVA (las mismas 11 se beneficiaron cada una de cerca de US$ 20 millones y acumularon hasta la mitad de ese “gasto tributario”). La concentración de los beneficios en el caso de los aportes previsionales es todavía mayor (siete instituciones, que se repiten respecto al IVA y el IRAE, recibieron aproximadamente US$ 5 millones, con lo cual acumularon hasta el 50% de la exoneración total). El estudio no identifica a esas entidades, dado que las investigadoras –Sol Mascarenhas, Leticia Olmos y Melisa Ronchi— trabajaron con bases de datos enmascaradas de la DGI y del BPS para preservar el anonimato de las instituciones.
Por otro lado, la renuncia fiscal bajo el esquema de mecenazgo del Comprode alcanzó un pico de $ 7,2 millones en 2016, que bajó a $ 5,5 millones en 2017. Quienes hicieron donaciones a clubes de fútbol y de básquetbol fueron los principales beneficiarios.
Las autoras analizan de manera teórica el efecto de las exoneraciones fiscales sobre el mercado del deporte. En el supuesto de que no existieran tales ventajas, las entidades deportivas tendrían que asumir un costo que afectaría la rentabilidad de su negocio, lo que tendería a reducir tanto la inversión como el gasto que realizan. Y si optaran por trasladar esos costos a las cuotas que cobran, podrían verse afectadas las preferencias de los usuarios. En suma, el efecto neto en la demanda agregada es “incierto”, mientras que el aumento de la recaudación tributaria percibida por el Estado al gravar a las instituciones deportivas podría verse contrarrestado, entre otros factores, por las decisiones” de los agentes.
Recomiendan armar un registro que abarque a todas de las instituciones deportivas –y no solo aquellas que toman la forma jurídica de asociaciones civiles o de sociedades anónimas deportivas—, que además tenga un acceso amplio, de forma de “mejorar la toma de decisiones estratégicas sobre la base de fundamentos sólidos”. En el listado, pedido por Búsqueda a la SND, figuran verdaderas empresas del deporte —incluidos los populares “clubes grandes”— y otros humildes como la Liga de Bochas Los Aliados, el Así Nomás Fútbol Club, el Horqueta Wanderers o el Menecuchos Fútbol Club.
