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    Los asesinados, los exiliados y los presos en la Isla de Flores

    En diciembre de 1933 el diario herrerista “El Debate” reclamó “una Policía moderna, perfecta y científica”. El régimen de Gabriel Terra daría especial atención a ese instituto, que a su vez le prestaría importantes servicios.

    La situación en las Fuerzas Armadas era entonces diferente a la de la Policía. “Durante todo el mes de marzo hubo intensos movimientos en el Ejército, se llevaron a cabo muchas destituciones y se hicieron otros tantos nombramientos. Jefes que habían sido leales a la Constitución se cambiaron por otros”, escribió el entonces diputado Luis Batlle Berres en el libro “Cobardía y traición”.

    Al menos dos oficiales terminaron con sus huesos en la Isla de Flores: Atanasildo Suárez y Hugo Frigerio, que también fue preso 40 años después, cuando la última dictadura encabezada por el Ejército.

    Junto a ellos fueron procesados 16 sargentos, 10 cabos, 22 soldados y 17 civiles acusados de conspirar.

    A pesar de las destituciones de militares legalistas, el régimen confiaba más en la Policía. “La Policía era (...) el pilar más sólido en que descansaba la autoridad del régimen motinero. No podía éste sentirse seguro de la adhesión del Ejército”, al punto que se limitó a seis balas por soldado la munición en los cuarteles, mientras que se pertrechó aún más a las fuerzas del Ministerio del Interior.

    Aunque las muertes de Baltasar Brum y Julio César Grauert son las más conocidas, estas no fueron las únicas.

    Durante una manifestación en Dolores (Soriano) fue muerto Manuel Sanguinetti, luego de recibir disparos desde un diario terrista.

    En enero de 1935, en Paso Morlán (Colonia) y en la Picada de los Ladrones, a orillas del Río Negro murieron varios opositores y defensores de la dictadura, algunos de los cuales estaban en un campamento bombardeado con explosivos desde aviones militares. Basilio Muñoz, un veterano de la revolución de 1904 que entonces tenía 75 años, había encabezado el levantamiento y luego de la derrota decidió pedir asilo en Brasil. Otros fueron a parar a la isla de Flores, donde según el historiador Juan Pivel Devoto, los presos eran un número “no menor de 600”.

    El entonces decano y dirigente socialista Emilio Frugoni se asiló durante un tiempo en Buenos Aires. De 1934 data la primera ficha policial elaborada por Inteligencia y Enlace al ex primer secretario del Partido Comunista, Rodney Arismendi, que entonces era un estudiante de 20 años, según reveló en 2006 un informe de la revista “Caras y Caretas”.

    En abril de 1935, el director del diario terrista “El Pueblo” Francisco Ghigliani disparó en un despacho del Senado contra Alberto Demichelli, a su vez director del diario “Uruguay”.

    El 2 de junio de ese año, mientras estaba en el Hipódromo de Maroñas, Terra sufrió heridas leves por disparos efectuados por el nacionalista Bernardo García. Luego del atentado, 23 opositores fueron detenidos y algunos de ellos deportados. Los periódicos “El Día”, “Crónicas”, “Uruguay”, “El Sol”, “Justicia” y “El País” sufrieron clausuras y censuras.

    Según el historiador Rodolfo Porrini, que investigó la situación de los derechos humanos durante el terrismo, contra la Policía de Investigaciones recayeron entonces denuncias de haber torturado a todos los detenidos.

    En julio de 1935 se conformó una comisión investigadora integrada por legisladores del régimen, salvo el cívico Dardo Regules y el socialista Frugoni.

    Gracias a Frugoni salió a la luz que algunas declaraciones de los presos fueron mediante “cepo americano”, plantones, simulación de ahorcamiento y “compresión de los genitales”, además de picana eléctrica y otros métodos aplicados desde siempre a los delincuentes “comunes”.

    El informe en minoría de la investigadora firmado por Regules concluyó que “los detenidos políticos por la Jefatura de Montevideo sufrieron tratamientos que violan la Constitución”. El informe en mayoría, aprobado por 37 en 58, en cambio, desestimó las denuncias.

    El terrismo tomó medidas de control social: modificó el Código Penal, promulgó una ley de delitos de imprenta (ley 9.480) y una ley de inmigración.

    También acometió la modernización del instituto policial: fueron creadas la Guardia Metropolitana (infantería) y la Guardia Republicana (caballería) además de mejor armamento, sueldos y formación mediante la creación de la Escuela de Policía.