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El lunes 21 María Sara Ribero encabezó los acuerdos semanales de la Intendencia de Montevideo. Ayer miércoles 23 llevó adelante la reunión del gabinete departamental y hoy está previsto que sea la máxima jerarca de la comuna presente en el desfile inaugural del Carnaval.
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Pero para los dirigentes del Partido Colorado, Ribero no puede encabezar ninguna de estas tres actividades porque está “inhabilitada” para ejercer como intendenta de Montevideo (en este caso de manera interina, mientras la titular Ana Olivera está de licencia), dado que no cumplió con todos los trámites de inscripción en la Corte Electoral.
Ribero es argentina y realizó los trámites para obtener la ciudadanía legal, aunque no terminó todos los pasos que le permitirían, además de votar, ser elegible para cargos públicos, explicaron los dirigentes colorados.
La semana pasada, los dirigentes del sector Propuesta Batllista (Proba) Adrián Juri, Sebastián Bonilla y Danilo Rey, presentaron una denuncia ante el Comité Ejecutivo Departamental colorado, en la que afirmaban que Ribero se inscribió en la Corte Electoral como “extranjera no ciudadana” conforme al artículo 78 de la Constitución (Búsqueda Nº 1.697). “Quienes se inscriben en la Corte al amparo de este artículo tienen derecho al sufragio “pero no podrán ser candidatos a cargos electivos ni ejercer empleos públicos”, dice la denuncia, porque deben ser ciudadanos legales conforme a lo dispuesto en el artículo 75 de la Constitución.
Ese artículo determina que tienen derecho a la ciudadanía legal “los hombres y las mujeres extranjeros de buena conducta, con familia constituida en la República, que poseyendo algún capital en giro o propiedad en el país, o profesando alguna ciencia, arte o industria, tengan tres años de residencia habitual en la República”; también quienes tengan algunas de las cualidades mencionadas más cinco años de residencia habitual en el país, y aquellos que obtengan gracia especial de la Asamblea General por servicios notables o méritos relevantes.
Luego, el artículo 78 de la Constitución establece que “tienen derecho al sufragio, sin necesidad de obtener previamente ciudadanía legal, los hombres y las mujeres extranjeros, de buena conducta, con familia constituida en la República, que poseyendo algún capital en giro o propiedad en el país, o profesando alguna ciencia, arte o industria, tengan residencia habitual de quince años, por lo menos, en la República”.
El jueves 17 Ribero rechazó la denuncia de los colorados. Sonriendo en una nota que le realizó Canal 4, mostró una “Carta de Ciudadanía” que le otorgó la Corte Electoral en abril de 1987, y aseguró que según ese documento tiene “todos los derechos” para votar y ser elegida.
Ese mismo día la Intendencia emitió un comunicado en el cual aseguró que Ribero “está habilitada para ocupar el cargo, dado que desde 1994 cumple con los requisitos constitucionales respecto a la ciudadanía legal”.
Inhabilitada.
Sin embargo, los colorados tienen otra visión. Ayer miércoles 23, tras una reunión del Comité Ejecutivo Departamental, los dirigentes mostraron un acta de la cuaderneta de la elección nacional de 2009 en la que figura que votó observado porque se le aplica el artículo 78 de la Constitución.
Los dirigentes señalaron que esta es la “prueba” que demuestra que Ribero no terminó los trámites de inscripción en la Corte Electoral y que por lo tanto está “inhabilitada para ejercer el cargo o integrar listas”, remarcó el secretario general departamental, el diputado Fernando Amado.
Los integrantes del Ejecutivo colorado pidieron la renuncia de Ribero y anunciaron que enviarán los antecedentes a la Corte Electoral para que se expida por la situación. En la reunión de ayer del Ejecutivo colorado, los dirigentes de la lista 321 plantearon que se presente una denuncia penal por usurpación del cargo y que se plantee la nulidad de los actos administrativos de los que haya sido parte. El Comité no se expidió sobre el tema. El edil Aldo Ferrari, por su parte, solicitará que se levante el receso de la Junta Departamental.
En tanto, el experto constitucionalista Ruben Correa Freitas dijo el domingo 20 durante un programa radial del sector Proba, que “no basta con tener la carta de ciudadanía para tener derecho a ejercer cargos. Los extranjeros tienen que inscribirse en el Registro Cívico Nacional. La situación de Ribero es la misma que la de una persona nacida en Uruguay que no se haya inscripto en el Registro Cívico”.
En paralelo, el ex vicepresidente de la Corte Electoral Renán Rodríguez sostuvo que Ribero no está habilitada para ejercer el cargo. Rodríguez argumentó que la intendenta interina se inscribió en el Registro Cívico “como extranjera residente —lo que la habilitó a votar de inmediato— y no se inscribió nunca como ciudadano legal”. “En consecuencia no se encuentra en ‘ejercicio’ de la ciudadanía y nunca comenzó, por lo tanto, a contarse los siete años de ejercicio de la ciudadanía legal que la Constitución requiere para el desempeño del cargo de intendente. Si la intendenta de hecho interina se inscribiera mañana en el Registro Cívico recién para después de las elecciones departamentales del 2020 estaría en condiciones de desempeñar el cargo de intendente. Hasta ahora todo lo actuado como intendenta, edil y funcionaria pública lo ha sido de hecho” (ver sección de Cartas al Director).
“Mintió”.
En conferencia de prensa, Amado declaró que con “pesar” comprobaron que existen “irregularidades muy graves” sobre la situación de Ribero. El legislador dijo que “las garantías y las formas deben cumplirse a cabalidad siempre en un Estado de derecho”.
“Lo menos que esperamos es una autocrítica y una salida con dignidad del cargo de intendente”, subrayó Amado. A la vez, el dirigente criticó el comunicado de la Intendencia porque se les “mintió a los montevideanos”. “La Intendencia mintió de manera obscena —cuestionó—. Se respaldó a la intendenta y señala que ella posee todo lo que se precisa para desempeñar el cargo. Eso no es así, es una flagrante mentira. Deberían haber tenido un poco más de cuidado”.
En esa línea señaló que este caso demostró “fallas” en los controles que debe hacer la Junta Electoral de Montevideo, ya que no es la primera vez que Ribero se postula para desempeñar un cargo.
Amado opinó que esta situación “le hace mal al sistema político”, ya que “se rompe” la “garantía” que había en materia electoral, dado los “filtros” que hay dentro de cada partido y en las juntas.
Ayer los dirigentes colorados recordaban que en 1971 hubo un problema con la situación de Orlando Virgili. El dirigente colorado ganó la Intendencia de Canelones, pero debido a que era italiano y no había cumplido todos los trámites legales de ciudadanía no pudo asumir el cargo.