“Vinimos a aclarar que no apoyamos la transformación educativa, como dijo un consejero en la prensa”, afirmó Iglesias en alusión a Gabito. Una nota del portal del PIT-CNT muestra que allí la consejera anunció también que de ahora en más votarían “en contra de toda la aplicación de la reforma”.
“El espíritu republicano que teníamos de dejarles hacer ‘porque usted estaba a favor y nosotros no’, indudablemente tiene que cambiar. Vemos una situación muy delicada”, dijo.
En medio de ese clima de crispación, Mazzoni accedió a responder una serie de preguntas de Búsqueda. En sus respuestas reconoció que abstenerse de votar el nuevo Plan de Estudios de Educación Básica Integrada (EBI) pudo ser un “error táctico”.
Mazzoni cuestionó la actitud del oficialismo que asume “cualquier objeción” como “una traición”. En su opinión, en el ambiente educativo hay “un malestar general” que, de mantenerse la tendencia a aplicar la reforma en 2023 “sin negociar”, augura más conflictividad.
—¿Cómo va el cronograma para la aprobación de los documentos de cara a 2023?
—El cronograma se está cumpliendo a “marcha forzada”. De cualquier manera, los plazos son muy ajustados y preveo dificultades. Parte de los programas llegaron con retraso y aún falta el reglamento de evaluación. Va a haber dificultades en la elección de horas en Formación Docente y Educación Media.
—¿Qué pasará con el resto de los programas y el nuevo reglamento de evaluación de pasaje de grado?
—Los programas, sin la presencia de los delegados de ATD en las comisiones, terminaron de ser recibidos por los consejeros el sábado pasado. Ayer (martes) los aprobó la mayoría del Codicen. El viernes estarán en la web de la ANEP. Del reglamento de evaluación no hemos recibido nada.
—El presidente del Codicen, Robert Silva, dijo que para incorporar los programas nuevos los docentes tendrán un margen entre diciembre y marzo, descontando que en noviembre se terminarán de aprobar. ¿Habrá tiempo suficiente para analizar y procesar todo?
—Hemos realizado una rápida lectura y consultado a algunos compañeros de asignaturas. Nos comprometimos a no difundirlos masivamente. Por esa razón y por discrepar con la metodología de trabajo, los consejeros electos por los docentes votamos en contra de los programas. Sí acompañamos la decisión de difundirlos para que los conozcan los docentes, los estudiantes y sus familias, así como todos los interesados.
—Frente a la aprobación preliminar de la nueva malla curricular, el gremio docente manifestó su “más enérgico rechazo” al documento también preliminar del plan de estudios de la educación básica integrada. ¿Por qué los consejeros docentes resolvieron abstenerse cuando el Codicen aprobó eso?
—Nosotros votamos en contra del Marco Curricular Nacional, que fundamenta toda la transformación. Pensábamos que la responsabilidad de la implementación les correspondía a los consejeros designados por el gobierno. En ese sentido era que nos absteníamos. A nuestros compañeros no les quedó clara esa posición y decidimos, desde ese momento, votar negativamente todo lo que fuera implementación de la transformación. En ningún momento tuvimos dudas sobre nuestro rechazo al proceso. Pero corregimos por las razones señaladas.
—¿Por eso ahora votarán en contra de todo lo relativo a la reforma educativa?
—Sí.
—¿Qué responde a quienes ven en esta decisión una “gran contradicción”, como señaló el consejero Gabito?
—No hay contradicción, por lo que indiqué. Si alguien intenta confundir con esa votación, no tiene razón. Desde el punto de vista táctico puede haber sido un error. Insisto que ya lo corregí.
—¿Ya se descomprimió la tensión en el consejo?
—No hay más tensión que la que corresponde a ideas contrapuestas. Insisto en que la relación personal es correcta.
—Usted mismo dijo que con la reforma planteada por el gobierno “la montaña parió un ratón”. ¿Qué quiere decir con eso?
—Quiero decir que si uno lee el Marco Curricular Nacional, que diagnostica, a mi juicio erróneamente, que el problema de la educación es la estructura curricular, y luego ve la nueva malla, no hay una correlación. Digo que, como en muchas otras cosas, las “grandes” transformaciones son más marketing político que cambios profundos. Eso sí, se intenta responsabilizar a otros de los problemas, empezando por los docentes, que padecen este experimento hecho a contrapelo de la historia pedagógica del Uruguay.
—Usted ha defendido la decisión de los inspectores de desistir de los cursos “en el ejercicio de su libertad” y cuestionó la posición adoptada por la mayoría de los miembros del Codicen. ¿Por qué?
—Sí, respaldamos la libertad que tienen como profesionales de no realizar la tutoría. Además, porque sería una medida respaldada por el sindicato del que son miembros, sería en ejercicio de sus derechos sindicales.
—¿También comparte el reclamo de fondo de estos profesionales que entienden que la información recibida sobre los cambios a aplicarse es insuficiente y el proceso general es poco serio?
—He conversado con un grupo de inspectores y directores que pretenden no realizar la actividad. Se han sentido minimizados como profesionales y no están dispuestos a seguir con algo que les parece poco académico. Los inspectores, además, dicen que con lo recibido no están en condiciones de realizar una tutoría a los directores.
—Al día de hoy, ¿cuántos inspectores y directores se niegan a participar en los cursos?
—La cifra total no podría decirla, pero tenemos noticias de unos 50 inspectores y más de 80 directores en Primaria. A eso se sumaron en las últimas horas directores de Secundaria afiliados a Fenapes.
—Silva aseguró que “nadie se va a bajar” de los cursos, que la participación es “una obligación inherente al cargo de inspector” y anticipó posibles sanciones.
—Entiendo que si tienen respaldo sindical no es posible sancionar. La mayoría del Codicen solicitó un informe a los servicios jurídicos (para determinar el alcance de los derechos y obligaciones). Es cierto que el presidente del consejo sostuvo esa posición. Pero además faltaba el informe de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria, que también se solicitó y llegó en la última sesión. Con ese elemento y las consideraciones jurídicas, se discutirá en próximas sesiones.
—Mientras, ¿qué pasa? ¿Continúan los cursos o no?
—Los cursos fueron cuestionados por la CSEU en una reunión bipartita. No se llegó a un acuerdo y la coordinadora se retiró solicitando una instancia tripartita. Veremos cómo sigue. Evidentemente los cursos han sido cuestionados, pero, por lo que sé, continúan.
—El conflicto entre la ANEP y los sindicatos de la educación, al igual que con las ATD, se acentúa a medida que se aproxima el 2023, año cero de los cambios proyectados. Silva insiste que “de ninguna manera” se aplazará la reforma pese a las protestas. ¿Usted qué cree?
—Hay mucha conflictividad con la elección de horas, las transformaciones en el Consejo de Formación en Educación, las modificaciones en Educación Media, los nuevos programas y el reglamento de evaluación. Y recuerdo que nada de eso está definitivamente aprobado, porque la ley exige pronunciamiento de las ATD, que recién llegará al final de noviembre. Supongo que a mediados de diciembre finalizará el proceso y la transformación quedará definitivamente aprobada. Pero el malestar está generalizado. Por otra parte, cualquier objeción es tomada como una traición, así que todo el proceso ha sido de crispación. Eso en medio de los primeros momentos pospandemia y del aumento de la pobreza infantil y adolescente, la caída del poder adquisitivo de los salarios, el aumento del desempleo y del presupuesto educativo. Es un conjunto de elementos que presagia más conflictividad. Sobre todo si no hay negociación…
—Usted propuso al Consejo convocar a una bipartita —que se votó por la negativa— para contemplar los reclamos de los trabajadores y estudiantes, y en agosto una reunión con la CSEU, sin suerte. Los sindicatos y las ATD reclaman que en los espacios de discusión con las autoridades de la ANEP no hubo verdadera negociación. ¿Qué alternativas ve?
—En la última bipartita la delegación del CSEU entendió que la mayoría del Codicen no actúa de acuerdo a la Ley 18.508 y decidió retirarse y pedir una instancia de negociación tripartita con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Veremos cómo continúa.
—¿Cree que las autoridades “imponen, no negocian”, como decía la consigna del último paro convocado por los sindicatos?
—Lamentablemente, la percepción que tengo es esa.
Información Nacional
2022-11-02T22:37:00
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