Los inspectores veterinarios de Ganadería preparan una demanda contra el Estado por U$S 22 millones

Basándose en la argumentación legal que avalará la demanda de los inspectores veterinarios del MGAP, Castro dijo que el reclamo del pago del salario mínimo se justifica en que se “ha discriminado a los trabajadores de la Dirección de Industria Animal”, al computarse como parte de su salario de ocho horas, de lunes a viernes, la partida que se les abona por mayor carga que sustituyó las horas extras. “Esta primera parte implica un reclamo por diferencia de salarios no pagados desde enero de 2011 hasta ahora, que llega a unos U$S 4 millones”, indicó.

El vocero del sindicato explicó que otro de los reclamos del sindicato al Estado es por “la diferencia salarial de ajuste en las partidas por mayor carga horaria del 65,28%, reconocidas en el convenio firmado en 2008, el cual —dijo— el Poder Ejecutivo nunca cumplió, desconoció su compromiso y nunca se instrumentó una solución al respecto”. Esa demanda implica diferencias salariales acumuladas en los últimos cuatro años, que es lo máximo que el sindicato puede reclamar, y asciende a algo más de U$S 18 millones, estimó.

Castro comentó como un nuevo elemento a favor de la demanda judicial lo que estableció el Poder Ejecutivo en el artículo 140 de la última ley de Rendición de Cuentas, que creó un régimen de trabajo igual al de Industria Animal para los funcionarios de otras Direcciones de Ganadería, como Sanidad Animal, Barreras Sanitarias, Laboratorios Veterinarios y Servicios Agrícolas. Eso quedó reglamentado en un decreto publicado en noviembre. “La novedad es que a esos funcionarios les seguirán abonando las retribuciones que venían cobrando, el mínimo o más, y por encima les pagarán las partidas por mayor horario”, explicó.

En los años recientes el sindicato de veterinarios realizó varias manifestaciones en reclamo de partidas salariales y la incorporación de nuevos funcionarios para reforzar los controles ante la jubilación de algunos y el acceso a más mercados por parte de la carne uruguaya, que significó un aumento en las auditorías sanitarias.

A mediados de 2013, la Mesa de Industria Animal aplicó reducciones de horarios y días de trabajo, y suspendió la emisión de certificaciones y adoptó otras medidas, entre otras medidas de lucha que afectaron las actividades de faena en los frigoríficos y los embarques de exportaciones de carne. El gremio decidió flexibilizar esas acciones luego que el presidente José Mujica pidiera que los veterinarios reflexionaran sobre su impacto. “(...) El sindicalismo se transforma en corporativismo cuando no se ve el interés global de una clase”, aseguró el jefe de Estado en su audición radial.

Argumentación

Entre otros elementos que manejan las abogadas para la demanda figura una descripción detallada de las partidas salariales que reciben los inspectores veterinarios de esa Secretaría de Estado, según información recabada por Campo.

Indican que los funcionarios de Industria Animal cobran un salario base compuesto por varios rubros presupuestales equivalente a 40 horas semanales de lunes a viernes (como el resto de los funcionarios públicos), y una partida por mayor carga horaria, que está reglamentada por el Decreto 382 de 1996, para extender su jornada y estar a la orden 20 horas más de lunes a viernes, y 48 horas los sábados, domingos y feriados, hasta un máximo de 120 horas mensuales. Esas partidas fijas reemplazaron el régimen de horas extras reglamentado por un decreto de 1973 y que significó la sustitución de las horas extras en una industria que trabaja durante las 24 horas del día, y requiere la presencia de funcionarios oficiales a lo largo de toda la jornada, precisan.

Para las profesionales, con eso “queda claro que los comparecientes perciben un salario base, y una partida correspondiente a la mayor carga horaria que sustituyó a las horas extras”.

La primera diferencia salarial es originada a partir de la aplicación e interpretación que la demanda realiza de las disposiciones de la ley de Presupuesto 18.719, de 2010, consideran.

Esa norma estableció remuneraciones mínimas para los funcionarios públicos, con vigencia desde el 1º de enero de 2011. Su reglamentación del 8 de febrero de ese año, define qué partidas deben ser omitidas para el cómputo del mínimo establecido, y dispone: “No serán tenidos en cuenta, los rubros referentes a beneficios sociales (antigüedad, hogar constituido, guarderías), la prima por quebranto de caja y la compensación correspondiente a trabajos en días inhábiles y trabajos nocturnos”.

Las remuneraciones mínimas a que hace referencia esa ley están relacionadas con el cumplimiento de 40 horas semanales, y solo se podrán autorizar cargas horarias superiores cuando se financian con créditos propios de cada inciso. Con eso “se establecieron remuneraciones mínimas para los funcionarios públicos, admitiéndose las excepciones de determinadas partidas”, sostienen.

Señalan que en la aplicación de la mencionada reglamentación a los inspectores veterinarios del MGAP no se les otorgó el salario mínimo establecido por la ley 18.719, como al resto de los funcionarios que deben trabajar 40 horas semanales de lunes a viernes. “En realidad, lo que se ha producido es una rebaja salarial por no aumentárseles el mínimo como al resto de los funcionarios públicos, lo que provoca una rebaja salarial, porque su salario base debería ser mayor y no el que actualmente perciben”, añaden.

A modo de ejemplo, las abogadas argumentan que antes de la ley 18.719, un funcionario del servicio de Inspección Veterinaria cobraba $ 9.000 por salario base de lunes a viernes, 40 horas semanales, y $ 25.000 por la partida de mayor carga horaria, 120 horas extras (20 horas más de lunes a viernes y 48 horas sábados y domingos). Considerando lo que establece dicha norma, ese funcionario debería cobrar $ 17.976 por salario base de lunes a viernes, 40 horas semanales, y $ 25.000 por la partida de mayor carga horaria. “Como se observa, el salario base no fue aumentado para los inspectores veterinarios de acuerdo con lo que determina la ley en cuestión, lo que configura una inequidad, una violación al artículo 54 de la justa remuneración previsto en la Constitución, y que se reclamará en la demanda como diferencia salarial”, indican.