La ley indica que dentro de los 60 días que preceden a la elección el Banco República podrá adelantar hasta 50% de las sumas que presumiblemente recibirían si votaran dentro de lo previsto. Esto es, cada partido toma en cuenta cómo votó en las elecciones nacionales anteriores y en las internas para proyectar lo que votarían en octubre. En este caso, por ejemplo, el Partido Colorado tuvo problemas con la estimación, ya que previó que votaría cerca de la elección pasada, 17% y no 13%, según explicaron fuentes de esa colectividad política.
La ley también regula la forma en que los privados pueden aportar. Se establece un límite por donación que no puede exceder los U$S 37.000. Cuando el aporte sea realizado por un candidato a cargo electivo, se podrá triplicar ese monto. A la vez, ese límite no se aplica para el primer titular de cada lista. Es aquí donde los partidos registran la mayor cantidad de aportes, sin que se indique de dónde provienen.
Si bien el objetivo de la ley, aprobada en mayo de 2009, es transparentar los gastos de la campaña electoral, su aplicación y control no han sido sencillos. La Corte Electoral no tiene los recursos necesarios para vigilar que se cumpla con lo establecido por la norma.
El año pasado, una investigación del portal periodístico “Sudestada” respecto a las rendiciones de cuentas de los partidos para las elecciones de 2009, encontró 87 violaciones a la ley a la hora de declarar las donaciones anónimas, ya que se superaba el tope establecido. Además, se señaló que dueños de empresas que tenían concesiones con el Estado realizaron aportes importantes. Este es el caso de la familia Eurnekian, que tiene la concesión del aeropuerto de Carrasco o Pablo Rocca, del Grupo Techint, que tiene contratos de obra pública.
En el caso de la rendición de cuentas de los gastos de 2014 y a diferencia de 2009, no aparecen —en las planillas de las fórmulas presidenciales— donando dinero ni los Eurnekian, ni Techint, ni Juan Carlos López Mena, dueño de Buquebus. Las empresas que aparecen donando en varios partidos son el estudio de abogados CPA Ferrere, Laboratorios Cibeles, una empresa que maneja los shopping centers, los supermercados Devoto y Disco, y varios frigoríficos, entre otros.
El politólogo Rafael Piñeiro —investigador de la Universidad Católica que viene analizando el tema financiamiento de los partidos— dijo que una de las claves de la ley es que tenga “valor de uso”. Explicó que en la actualidad los datos son presentados de tal forma que no son accesibles a la sociedad.
En una investigación publicada en el libro “Diálogos Políticos”, Piñeiro señaló que el “mayor problema” que enfrenta la norma es la falta de capacidad de control por parte de la Corte Electoral. “Hay facilidades para realizar declaraciones que no se ajusten a la realidad y, si esas declaraciones aun así mostraran violaciones de la norma en términos de no respetar límites o prohibiciones, no hay quien las investigue”, agregó.
El investigador dijo a Búsqueda que otro problema de la ley es que se permite al candidato a la Presidencia poner recursos sin límite pero “no se le pide información de dónde saca el dinero”.
El oficialismo.
Del análisis de la información proporcionada a la Corte Electoral, surge que la fórmula presidencial del Frente Amplio fue la que recibió más dinero.
La fórmula Tabaré Vázquez-Raúl Sendic quedó con saldo final a favor de U$S 2.229.000, debido a que tuvo ingresos por U$S 6.696.914 y egresos por U$S 4.467.919.
Dentro de los ingresos de la fórmula presidencial del Frente Amplio, el 98% provino del financiamiento público (U$S 6.609.399), algo que la diferencia de los partidos fundacionales, que reciben más dinero del sector privado.
Dentro de las donaciones privadas nominadas, los ingresos fueron por U$S 26.490 (0,40% del total). Entre estas donaciones, la principal es la de Frigorífico San Jacinto (U$S 10.579). La segunda donación más importante es la de Laboratorios Cibeles con U$S 4.900.
Las donaciones anónimas, en tanto, alcanzan los U$S 426 (0,01%).
También se registraron ingresos por poco más de U$S 4.000 por la venta de productos del Frente Amplio como banderas, tasas, lapiceras, llaveros y camisetas.
Entre los gastos, la venta de publicidad oral, escrita, televisión y vía pública, fue por U$S 3.299.573. De esa cifra, U$S 2.753.230 fueron para la televisión, U$S 414.846 para la radio y U$S 144.633 para los medios escritos.
Además, figuran egresos por U$S 1.168.346 para apoyo de las coordinadores y departamentales del interior del Frente Amplio, y gastos de eventos y giras.
La oposición.
La candidatura de Luis Lacalle Pou tuvo ingresos por U$S 3.019.688. De esa cifra el 53% provino del Estado (U$S 1.611.026).
Dentro del financiamiento privado, el 6% provino de donaciones nominadas (U$S 183.494). En tanto el 40% lo hizo de donaciones anónimas, eventos y “apoyo” al Senado. Bajo el concepto “apoyo” al Senado figura un ingreso de U$S 1.163.542 y por una cena recaudación ingresaron U$S 49.500 (el valor del ticket promedio era por unos U$S 86).
Dentro de las donaciones nominativas, la fórmula nacionalista tuvo mayor aporte del sector privado. Los poco más de U$S 183.000 se distribuyen en aportes de empresas como el estudio CPA Ferrere (U$S 20.000), Hotel Conrad (U$S 20.000), Urufarma (U$S 5.000), Supermercados Disco y Devoto (U$S 10.000), Frigorífico Schneck (U$S 5.000), Laboratorio Roemmers, Abitab (U$S 10.300) y Alian SA —vinculada a Punta Carretas Shopping—, que donó U$S 20.000.
También figuran aportes de dos dirigentes cercanos a Lacalle Pou: José Pollak (U$S 10.300) y Nicolás Martínez (U$S 6.400).
Entre los egresos, el principal gasto se dio por la publicidad en los medios tradicionales. Por ese concepto, la fórmula presidencial gastó poco más de U$S 2 millones. De esa cifra, el 46% fue para la televisión (U$S 952.358), 12% para las radios (U$S 253.464) y 4% para la prensa (U$S 81.200). El resto se gastó en publicidad en la vía pública y productoras de contenido. Además, se gastaron U$S 40.000 en estudios de opinión pública.
En la lista de egresos también figura un ítem de “apoyo a Alianza Nacional” por un total de U$S 652.995.
El total de gastos fue de U$S 3 millones, por lo que el saldo final fue favorable por U$S 3.652.
El Partido Colorado, en tanto, tuvo ingresos por U$S 1.239.620. De esa cifra, el 52,5% (U$S 651.758) provino del Estado. El 42% de los ingresos fue por donaciones nominativas (U$S 524.277). Entre esas donaciones, el productor de Río Negro Alberto Gramón es el que más aportó: U$S 35.400. La familia Montaner de Tacuarembó también realizó donaciones importantes. La futura senadora Martha Montaner aportó U$S 20.900, y sus hermanos Jaime y Susana donaron U$S 31.400 cada uno. El ministro de la Corte Electoral Alberto Brause donó U$S 20.900, el Frigorífico Canelones U$S 21.000, los supermercados Disco y Devoto donaron U$S 10.000 cada uno, el estudio CPA U$S 25.000. También figuran donaciones de candidatos a cargos electivos por U$S 56.340 (4,55%) del total.
El total de egresos fue por U$S 1.216.011. De esos gastos, U$S 825.729 fueron para pagar publicidad. De esa cifra, U$S 193.000 fueron para la televisión, U$S 49.653 en radio y U$S 17.772 para páginas en internet. No declaran una cifra destinada a la prensa. La fórmula gastó casi U$S 77.000 en consultas de opinión pública y un call center.
El saldo final también fue favorable, según la declaración: U$S 23.609.
Pablo Mieres, el candidato del Partido Independiente, tuvo ingresos por casi U$S 910.000. De esa cifra, U$SS 786.000 fueron aportes del Estado. En tanto, las donaciones privadas sumaron U$S 117.777. La mayoría de las donaciones que figuran son de personas y no empresas, y todas están en el entorno de los U$S 1.000. Entre las empresas figura el estudio CPA Ferrere con U$S 10.676, Supermercado Devoto con U$S 5.300, la siderúrgica Gerdau Laisa con U$S 8.400 y Firgorífico Pando con U$S 6.300.
Los egresos fueron por U$S 725.000, por lo que el saldo final fue favorable: U$S 238.279.
En cuanto a la publicidad, la fórmula del Partido Independiente gastó casi U$S 516.000. Más de la mitad de esa cifra fue para la televisión (U$S 330.000), el resto se reparte en vía pública (U$S 113.000), radios (U$S 44.000), web (U$S 25.000), y en prensa (U$S 3.000).
Asamblea Popular, que obtuvo un diputado, tuvo ingresos por U$S 122.700. El financiamiento público fue por U$S 59.000. Aparecen donaciones de candidatos a cargos electivos por U$S 57.000. Los egresos fueron por U$S 43.000. De esa cifra, U$S 32.200 fueron en publicidad (la gran mayoría televisión y radio). El saldo final fue de U$S 79.000 a favor.
Contratapa
2015-02-05T00:00:00
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