El Comité Español de Cooperación al Desarrollo es una estructura creada por 214 pequeñas y medianas organizaciones no gubernamentales (ONG) españolas. Desde esa institucionalidad trabajan por la continuidad de las políticas sociales, gobierne quien gobierne en España, para generar intercambios y lazos entre sus entidades y otras abocadas a causas similares en América Latina y también para dar apoyo económico a proyectos en países de la región que no están catalogados por Naciones Unidas (ONU) como receptores de ayuda al desarrollo, como Argentina, México o Uruguay.
“Somos una especie de embajada”, explica Rafael Escudero, presidente del comité. Su cargo es honorario y trabaja además como secretario general de la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, una de las ONG integrantes del comité.
Lo que sigue es una síntesis de la entrevista que mantuvo con Búsqueda.
—¿Cómo describiría el trabajo que lleva a cabo el comité?
—Nacimos para entrelazar a entidades de la sociedad civil. Siempre decimos que somos capaces de generar un importante match. El comité tiene la enorme potencialidad de poner en común a entidades de aquí que hacen una cosa con otras que hacen lo mismo en otro país y que puedan producirse vínculos, intercambio de conocimientos e inclusive proyectos comunes. Somos una especie de embajada. Aparte tenemos fondos propios que canalizamos en convocatorias. En los últimos tres años invertimos en la región US$ 500.000 directos.
—¿Cuál es la importancia del trabajo de las ONG? ¿Por qué son relevantes para los países?
—Desde la ONU hasta la última de las intendencias entienden que la democracia es algo más que votar una vez cada cuatro años y las ONG somos algo más que la subcontrata barata del gobierno de turno. Las ONG somos parte del sistema democrático. Somos la garantía del control. Una asociación civil que trabaja por las personas mayores no es solo una prestadora de servicios, también debería ser experta en un tema, debe tener un rol fundamental en ese espacio. Por eso los organismos públicos, los tratados internacionales, la ONU reconocen el papel de la sociedad civil como impulsora de políticas. Muchos derechos de los que disfrutamos al día de hoy se disfrutan gracias a que activistas se organizaron, colectivizaron una reivindicación y la llevaron a término. Ese es el papel de la sociedad civil: evaluar las políticas, ejecutarlas para tener conocimiento directo, ser un complemento necesario para la democracia. La democracia no existe sin la sociedad civil. Somos canales de participación ciudadana, somos creadores de políticas públicas, somos un termómetro que debe ser escuchado en la planificación de las políticas.
—¿Cómo describiría la situación actual del desarrollo de las ONG en el plano internacional?
—El problema es que la participación internacional de las ONG está basada en una cuestión que no debería ser la base, que es la capacidad económica de las organizaciones. Nosotras creemos que la democracia es la mejor fórmula para garantizar que lo común esté al servicio de todos. La plutocracia no es la democracia. La sociedad civil a nivel internacional tiene una problemática de cómo conectar la pequeña entidad que hace un trabajo estupendo en un pequeño municipio para que su voz sea oída desde su intendencia hasta la asamblea de ONU. Hay medios, digitalmente hablando, para poder hacerlo pero necesitamos capacitar a la gente sobre por qué es importante que invierta su tiempo en eso. Hay muchas decisiones que nacen de ONU, de tratados internacionales, de acuerdos, o de organismos multilaterales… Muy poca gente en Uruguay se habrá enterado de que el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) acaba de hacer su asamblea de gobernadores más importante de los últimos años con la definición de un plan estratégico que va a decir en qué se gasta el grupo sus fondos. Estamos hablando de una estructura multilateral que invierte US$ 15.000 millones en la región. Por primera vez ha habido una apertura para que la sociedad civil acudiera a esa asamblea. ¿No sería interesante que hubiera una pluralidad de voces entre la sociedad civil que acude a dar su opinión? La calidad y la cantidad de opiniones es una asignatura pendiente en el ámbito del asociacionismo de la participación ciudadana, que no solo se escuche a las que pueden pagar.
—¿Cuál es su visión de la situación de Uruguay en el desarrollo de la actividad de las ONG y el marco político que se le da?
—Uruguay tiene una magnífica estructura por parte de la sociedad civil. De hecho, estamos en el Claeh, que es un espacio fundamental para demostrar cómo la sociedad civil ha podido crecer hasta formar su propia universidad. Como estructura de cooperación, de acuerdo al código que tenemos, no puedo manifestarme sobre acciones de política interior. Sí puedo resaltar que hay un gran trabajo de la Anong (Asociación Nacional de ONG) que vertebra a la ciudadanía y el camino está en ellos. No voy a hablar de políticas concretas de Uruguay por el contexto en el que estáis (campaña electoral). Pero sí creo que todo político que quiera gobernar en un país como este y en un contexto como el actual tiene que asumir que las ONG no son solo las prestadoras de servicios que siguen la política de algunos sino entender que son gestoras y productoras de políticas públicas. Debe darles el respeto debido.
—Decía que llevan invertidos US$ 500.000 en la región en los últimos tres años.
—Hemos invertido tanto en México como en Argentina, entre otros países. De hecho, acabamos de cerrar la última convocatoria de subvenciones de ayudas. Solo en Argentina hemos desarrollado acuerdos por varios miles de dólares en los últimos dos meses para apoyar a distintas entidades. En un país con una altísima inflación muchas entidades pequeñas de repente se quedaron sin fondos. En esos casos la entidad no ha fallado, la entidad es viable, ha fallado el modelo económico, la economía. Ahora, a lo mejor, hace falta que puntualmente apoyemos a esa entidad para que no cierre. ¿Quién aguanta un 250% de inflación?
—¿En Uruguay estas líneas de financiamiento están abiertas?
—Van a abrirse igual que en el resto de América Latina y El Caribe. Estamos programando una visita de trabajo para agosto de 2024. Vamos a desplegar una misión no gubernamental para analizar, conocer y comprender. Luego intentaremos también que referentes de la sociedad civil de Uruguay hagan visitas de trabajo a España, así podremos tejer la mejor de las alianzas, desde las dos partes en pie de igualdad.
—¿Qué particularidades encontraron en el universo de actividad de las ONG locales?
—Muchas de las problemáticas de las que hemos hablado son muy comunes a España: el sinhogarismo, la salud mental, la violencia de género, el papel de la sociedad civil en una sociedad hiperconectada, los retos que tenemos para comunicar mejor, cómo garantizar que la sociedad civil mencione los elefantes en la habitación. Esto es parte de la credibilidad. Estoy muy cansado de ver cómo en algunos países se señala a la sociedad civil como que estamos movidos por intereses…
—En Uruguay también existe esa visión. Se asocia muchas veces a las ONG con la tecnocracia, con intereses políticos camuflados o como intermediarias.
—Es muy curioso cuando se menciona que los intermediarios son malos. Cuando uno tiene pruebas de un hecho irregular debe ir a los ámbitos judiciales. Creemos firmemente que los servicios sociales, educativos, culturales, etcétera, tienen que ser públicos porque para eso el Estado cobra impuestos. Eso es bastante básico. Creo que hay un consenso básico también de que no queremos que una persona se muera de hambre en la calle o de que haya más de 20% de pobreza infantil, como hay en Uruguay. Nadie querría esas situaciones. Ahora, ¿por qué criminalizar que haya estructuras que consiguen eficiencia?, ¿por qué criminalizar a la entidad que se ha empoderado, que ha entendido cómo funciona un servicio o sistema y ha generado capacidad de ejecutar? No se debe privar a la sociedad civil de desarrollar servicios complementarios de la red pública. Ese trabajo es fundamental. Al contrario de lo que pueda opinarse, no es generar un elemento paraadministrativo, oculto y opaco. ¡No! Pongan todas las luces, auditen todo, pero la sociedad civil es también un factor democratizador y tiene que poder entrar a todo, no solo a lo que el Estado quiera. La sociedad civil cree en la cogobernanza de la ciudadanía. Si la ciudadanía decide agruparse, participar de un servicio, generar una serie de complementos a esa República, ¿dónde está el problema? El problema no es si hay o no un intermediario, es si hay o no un control adecuado. Programen, ejecuten, enséñennos, pero no quieran taparnos los ojos y quitarnos las manos.
—¿Por qué cree que a veces algunos gobiernos ponen en ese lugar a las ONG?
—Cuando agrupas personas físicas y las pones al servicio de una causa, estas adquieren la condición de colectividad. A veces hay quien quiere que la sociedad esté compuesta por individuos y no por colectivos. Cualquier estructura que tienda a ver las cosas desde la comunidad, desde el común de sentarse entre varios y analizar un problema, es a veces vista como algo más difícil de controlar o como un enemigo. Yo creo que somos contrapesos, complementos de lo público. Muchas veces se ha intentado señalar a las ONG. También, por supuesto, en la sociedad civil ha habido situaciones de muy malas prácticas de gestión. No decimos que ‘somos santas, maravillosas…’. Por supuesto que hay problemas. Pero a veces se quiere hacer pagar a justos por pecadores. Es importante que se respete nuestro papel y nuestra contribución, que se garantice la existencia de todas estas estructuras que son contrapesos que garantizan la calidad democrática de los países. Por supuesto que el Estado debe escuchar al individuo, ¿pero por qué se nos quiere echar a pelear a veces? Si un gobierno, por ejemplo, convoca a una votación digital para determinar cuáles deberían ser los ítems de una futura ley de educación. ¿Eso tiene más peso que la palabra de los rectorados de todo un país, de los directores de todos los colegios? ¿Por qué se quiere crear esa pelea de legitimidades? Echar a competir la legitimidad de cada estructura que debe ser escuchada es intentar anular la participación ciudadana. Eso es lo que está pasando muchas veces con los populismos, que nos quieren echar a pelear una pelea de legitimidades. No van a encontrar a la sociedad civil en esa pelea. Queremos que nos dejen hacer nuestro papel, el que reconocen los tratados internacionales que los Estados firmaron.
—¿Son de izquierda las ONG?
—Las ONG no pueden ser de izquierda de una manera sencilla: son sectoriales y por causa. ¿El derecho a la vivienda es de izquierdas?, ¿el derecho a la salud es de izquierdas? Sí es totalmente cierto que hay modelos sociales. Y hay un modelo social y político en el cual la persona tiene que estar sola frente a cualquier problema. No hay ONG de izquierda ni de derecha, hay gente preocupada por ayudar a gente.