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La fragilidad estructural es una de las características que acompañó al Ministerio de Desarrollo Social desde su creación. A partir de 2005, cuando el país todavía intentaba dejar atrás las consecuencias de la crisis económica, la cartera recurrió a distintos mecanismos de contratación para poder hacerse de personal y cumplir sus cometidos; entre ellas, una de las más extendidas fue la de hacer convenios con organizaciones de la sociedad civil (ONG).
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El actual gobierno marcó un cambio de impronta en ese rubro. En los casi dos años que van de gestión llevó a cabo una reducción sustancial de vínculos de ese tipo. Según información oficial del Mides a la que accedió Búsqueda, desde mediados de 2020 la cartera dio de baja 144 convenios con ONG.
La mayor parte de la disminución se concentra en dos políticas particulares: el programa Uruguay Trabaja y los Servicios de Orientación, Consulta y Articulación Territorial (Socat). En el primer caso, los convenios dados de baja fueron 56 con 18 organizaciones, y en el segundo, 71 con 40 organizaciones.
Uruguay Trabaja será sustituido este año por un nuevo programa llamado Accesos. Las autoridades tomaron la decisión de implementar ese cambio basadas en información del desempeño de esa política en años anteriores, que mostraba que había una inserción laboral “débil o nula” de los participantes.
En esa misma información, encontraron algunos argumentos que los llevaron a tomar la definición de no continuar trabajando con ONG. Las nuevas autoridades del Mides consideraban desproporcionada la relación de un trabajador por cada seis participantes del programa, más teniendo en cuenta los resultados de inserción laboral que se lograban. Tampoco entendían adecuado que cerca del 50% del presupuesto del programa se destinara al pago de los convenios, y entendían que ese dinero debía llegar en mayor medida a los beneficiarios finales.
Con los cambios de diseño, el programa Accesos mantendrá la cantidad de participantes e incrementará la retribución mensual que estos reciben de $ 11.444 a $ 18.000 (Búsqueda Nº 2.130).
En el caso de los Socat, el Mides resolvió sustituir esos servicios por la contratación de 100 técnicos bajo el formato de empresas unipersonales. El nuevo modelo de llegada al territorio, aseguran, les va a permitir multiplicar las horas de atención a la ciudadanía y ampliar las zonas de cobertura.
Los técnicos del Socat, que habitualmente son 3 por dispositivo, cumplen 10 horas de atención a la ciudadanía en la semana (dos horas por día). Con el nuevo modelo, cada técnico contratado por el Mides en la semana sumará casi 30 horas.
Mides. Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS
En contra de la versión oficial, los trabajadores aseguran que el cambio de política representa un retiro del Mides del territorio. Un informe del Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines (Sutiga) sostiene que a escala global el cambio implica una pérdida de 1.680 horas semanales de trabajo técnico. En 2019 se habían licitado, según el sindicato, 72 Socat, que, en promedio, implican 65 horas semanales.
La diferencia de horas entre una y otra versión se explica porque además del tiempo dedicado a la atención ciudadana, los técnicos de los Socat cumplen tareas de promoción de la participación ciudadana y articulación territorial. Esas dos líneas de acción dejarán de estar en el foco de los técnicos unipersonales.
Además de una reducción de horas, los trabajadores también ven el cambio como un paso de “precarización” laboral y manifestaron preocupación por una mayor incidencia de las definiciones políticas sobre las técnicas, porque las unipersonales contratadas tendrán dependencia directa de los directores departamentales, que son cargos políticos (Búsqueda Nº 2.140).
Para el ministerio, en cambio, el mecanismo de contratación representa un avance al pasar de tercerizaciones a vínculos directos.
También en el caso de la sustitución de Uruguay Trabaja por el Programa Accesos, los sindicatos Sutiga y la Unión de Trabajadores de Desarrollo Social (Utmides) expresaron su preocupación. Entienden que hay un trabajo técnico que se está subestimando al eliminar las ONG, y que el ministerio “está partiendo de una mirada de la atención a las situaciones de vulnerabilidad que es simplemente darles un trabajo”.
Los restantes 17 convenios dados de baja con organizaciones de la sociedad civil corresponden al Instituto Nacional de la Juventud (INJU), que se propuso en el 2020 cambiar su estructura en el interior del país con el objetivo de ampliar y potenciar su alcance. Para sustituir a las ONG del programa Impulsa se eligió la herramienta de un llamado para contratar técnicos territoriales. De nuevo, según las nuevas autoridades, eso implica garantizar una presencia directa en lugar de una tercerizada.
El ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, ha dicho en más de una aparición pública que estas decisiones no tienen detrás un “prejuicio ideológico” sino razones de eficiencia. El jerarca ha asegurado que no se va a “amputar ninguna herramienta” y que por eso siguen manteniendo convenios con ONG para varias tareas.
Durante los gobiernos frenteamplistas, entre las distintas críticas que la entonces oposición apuntó contra la gestión de ese ministerio estuvo la contratación de organizaciones de la sociedad civil. Algunas veces con denuncias particulares y otras en tono general, las cuestionó en reiteradas ocasiones por sus resultados y también por entender que existía cierta discrecionalidad e incluso sesgo político. Más de un dirigente, entre ellos el actual presidente Luis Lacalle Pou, llegaron a llamarlas “ONG compañeras”.
