Los trabajadores de las instituciones paraestatales están en “estado de alerta” por los efectos del Presupuesto

La Federación de Funcionarios de Instituciones Públicas no Estatales se fundó en 2009 y hoy está conformada por 14 filiales. La integran los sindicatos de la Agencia Nacional de Desarrollo Económico (ANDE), la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), el Centro de Imagenología Molecular (Cudim), la Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales (IMPO), el Instituto Uruguay XXI, el Instituto Nacional de Carnes (Inac), el Instituto Nacional de Cooperativismo (Inacoop), el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop), el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed), el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), el Instituto Nacional de Semillas (Inase), el Instituto Nacional de Vitivinicultura (Inavi), el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (Latu) y el Plan Ceibal.

Otero y Ruffinelli dijeron que los trabajadores de los distintos sindicatos están en “un estado de alerta importante” y de “preocupación”. El principal motivo de las inquietudes es el proyecto de ley de Presupuesto, que va a tener un “impacto grande” en las fuentes laborales de su sector, en los proyectos que impulsan y, por ende, también en la población en general.

La federación quiere hacer “oír su voz” en el debate que comienza a desarrollarse en el Parlamento. Para eso concurrieron dos semanas atrás a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y, además, pidieron reuniones con las bancadas de todos los partidos. Hasta ahora solo los recibió la del Frente Amplio.

Acorde a un análisis que hicieron, las asignaciones presupuestales determinan una reducción global de 16% de los recursos. La tendencia se ve particularmente acentuada en el INIA, que tendrá 53% menos de dinero disponible, y en el Instituto Uruguay XXI, donde la disminución prevista es de 47%.

A los representantes de la federación les llamó la atención que el gobierno aplique un recorte en esos sectores. “El INIA tiene todo un entramado de investigación dirigido específicamente al campo. Eso va a afectar al desarrollo productivo. Somos un país agroexportador, necesitamos recursos de investigación en esa línea”, dijo Otero.

Ruffinelli, por su parte, afirmó que la reducción de recursos para el Instituto Uruguay XXI “va a repercutir directamente en las líneas de trabajo que se venían desarrollando” en esa entidad, que era la cara del comercio exterior uruguayo. Las medidas, consideró, implican un “cambio de visión” respecto al rol de ese organismo.

A fines de julio el canciller, Francisco Bustillo, se reunió con el director ejecutivo de Uruguay XXI, Jaime Miller, y le expresó su “disconformidad” con el trabajo del instituto. En particular aludió a un exceso de independencia que generaba descoordinaciones (Búsqueda Nº 2.083).

Otra de las preocupaciones de la federación son los procesos de reestructura que comienzan a generarse por la vía de los hechos. Como ejemplo, contaron que el sindicato del Cudim —que según el análisis de la federación tiene una disminución de recursos de 20%— está en preconflicto por el despido de dos trabajadores de larga experiencia. Según Ruffinelli, en el Inefop —que también tendrá 20% menos de presupuesto— “se suprimieron dos gerencias, un área de asesoramiento estratégico y se bajó de categoría y se reubicó a varios trabajadores”.

“Sin decirlo a viva voz, se están haciendo despidos y modificando áreas”, dijo.

Ante ese tipo de decisiones, señaló que el hecho de estar bajo el derecho privado deja a los trabajadores sostenidos por un “hilo delgado”. Los pueden desvincular simplemente pagándoles la indemnización por despido y, además, abundan los contratos a término que implican situaciones todavía más precarias.

En el Plan Ceibal —donde está previsto un aumento de 3% del presupuesto— la principal preocupación es el futuro del Plan Ibirapitá, por el que, entre otras cosas, se les entrega tablets y se brinda talleres a jubilados. El nuevo gobierno tiene decidido trasladarlo a la órbita del Banco de Previsión Social. Para Otero, el traspaso deja en situación de debilidad a quienes hoy trabajan en el proyecto y al propio Plan Ibirapitá.

Los referentes de la federación dijeron que los trabajadores del sector se caracterizan por apostar al diálogo, por hacer propuestas. Aseguraron que no pretenden ser un “palo en la rueda”. Al mismo tiempo creen que los sindicatos tienen “la función esencial de fortalecer la democracia” y, en consecuencia, que es necesario dar a conocer los problemas que atraviesan.

“Si nosotros no hacemos eso, si no sacamos a la luz cosas que van a repercutir en la población, no sé qué estamos haciendo”, dijo Otero.

Las decisiones que está tomando el Poder Ejecutivo, según su visión, son contradictorias con un “discurso político que manifiesta preocupación por la innovación, la investigación y por generar capacidades en el mercado” para salir de la situación complicada generada por la pandemia y el escenario económico.

Si no encuentran avances, saben que tendrán que recurrir a otro tipo de medidas. “Todas las herramientas que tienen los trabajadores para expresar sus luchas van a estar”, agregó Ruffinelli. Así como visitaron el Parlamento, también hicieron llegar sus inquietudes al Secretariado Ejecutivo y a la Mesa Representativa del PIT-CNT, un respaldo que consideran importante de cara a un escenario de conflicto.