El Ministerio de Defensa dará información al Parlamento que muestra que los únicos tribunales de honor vinculados al asesinato del bioquímico chileno Eugenio Berríos en 1992 fueron iniciados en 1996 a pedido del coronel Tomás Cassella y el teniente coronel retirado Eduardo Radaelli, y que en ninguno de los dos casos trataron sobre el crimen ocurrido en Uruguay.
Un grupo de legisladores del Frente Amplio hizo un pedido de informes al Ministerio de Defensa Nacional para acceder a las actas de tribunales de honor militares formados para Cassella, Radaelli y el coronel retirado Wellington Sarli, quienes fueron condenados en Chile por los delitos de secuestro, homicidio y asociación ilícita en el caso de la muerte de Berríos.
En su pedido de informes del 11 de setiembre, los diputados frentistas Gustavo Olmos, José Carlos Mahía, Manuel Cáceres, Cristina Lustemberg, Claudia Hugo y Carlos Varela señalaron que Berríos fue secuestrado y asesinado en una operación coordinada entre militares uruguayos y chilenos.
Allí consultan al ministro de Defensa, Javier García, “si se dispuso, en las Fuerzas Armadas, la instalación de tribunales de honor” para los coroneles Cassella y Sarli y al entonces capitán de Artillería Radaelli “por su implicancia en el caso Berríos o por su procesamiento por parte de la Justicia chilena”.
A través de un pedido de acceso a la información Búsqueda consiguió los documentos relacionados con los tribunales de honor dispuestos a partir del caso Berríos. Las deliberaciones de los tribunales se centraron en responder a publicaciones de prensa porque Radaelli y Casssella consideraron que su honor había sido puesto en cuestión. No hay registro de otros tribunales para ellos ni para Sarli, según los documentos que entregó el ministerio.
Berríos integró la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) durante la dictadura militar de Augusto Pinochet entre 1973 y 1977. Este bioquímico ingresó a Uruguay con un pasaporte falso en 1991, requerido por la Justicia de su país por un delito económico (cheques fraudulentos) y como testigo en la causa que investigaba el asesinato de Orlando Letelier —canciller del gobierno de Salvador Allende—, ocurrido en Washington, en 1976.
En un episodio confuso, el científico fue “secuestrado” en 1992, luego “desaparecido” y al final hallado muerto el 14 de abril de 1995 en una playa del balneario El Pinar, en Canelones, “semienterrado” en una duna y con dos perforaciones de balas de nueve milímetros en el cráneo.
La Justicia chilena pidió la extradición de Casella, Radaelli y Sarli para ser investigados en ese país, a lo que la Suprema Corte de Justicia local accedió en 2006, después de archivar el caso tras 13 años de indagatoria en Uruguay.
En 2010, los tres militares fueron “condenados en primera instancia” , y luego, en 2015, la Corte Suprema chilena confirmó su sentencia por los delitos de secuestro, homicidio y asociación ilícita por la muerte de Berríos.
Casella fue condenado a 10 años y un día por secuestro y cinco años y un día por asociación ilícita. Radaelli recibió la misma condena por secuestro y 800 días por asociación ilícita, y Sarli, cinco años y un día como cómplice de secuestro y 60 días por asociación ilícita.
Tras el fallo de la Corte, los militares volvieron a prisión en agosto de 2015. El año anterior, a pedido de la defensa de Radaelli y Casella, el gobierno uruguayo había iniciado gestiones para que los retornaran a Uruguay y cumplieran el resto de la pena en su país. Un año después, el gobierno chileno accedió al pedido. Así, Radaelli y Casella volvieron al país a cumplir sus condenas y recibieron libertad condicional a fines de 2016.
Por el “caso Berríos” fueron condenados, además de los uruguayos, 11 militares chilenos.
En una reciente entrevista con Búsqueda, Radaelli, dirigente de Cabildo Abierto y mano derecha de Guido Manini Ríos, afirmó que “la Justicia chilena es ideologizada, política y totalmente corrupta” (Búsqueda Nº 2.095).
Tribunales de honor.
A principios de 1996, Cassella pidió someterse a un Tribunal de Honor al decirse afectado en su honor por una nota de prensa en La República relacionada al crimen de Berrios, por el cual, aseguraba el artículo, había recibido una propiedad.
Cassella negó la información que lo vinculaba al cobro de un inmueble por los “servicios prestados” en “la operación con Berríos”, que dijo conocer de principio a fin, y que según explicó la realizó “como integrante del servicio” de inteligencia militar.
El tribunal que juzgó el honor de Cassella consideró que “no existen elementos para siquiera dudar de la honorabilidad” del involucrado. Además, afirmó que tenía la “convicción” de que la nota no era “un hecho aislado”, sino que parecía enmarcada “en una campaña de desprestigio dirigida a los integrantes de la fuerza”.
Radaelli pidió un tribunal de honor, además del artículo de La República, porque el día que fue publicado el jefe de la División del Ejército II, Julio Ruggiero, le pidió que respondiera preguntas sobre la nota.
En la mañana del 5 de febrero de 1996, Radaelli negó ante el tribunal entre otras cosas haber integrado “el autodenominado Comando Lavalleja” con el que había sido vinculado en el artículo de La República.
Radaelli era funcionario del Departamento de Contrainformación del Ejército y fue quien prestó la casa de sus padres en Parque del Plata para alojar al científico.
Sobre el caso Berríos, el oficial negó contactos con ciudadanos chilenos o haber recibido dinero por prestar su casa de Parque del Plata donde estuvo el chileno.
En una segunda audiencia dijo que tampoco tuvo “nada que ver” con la muerte de la estudiante de odontología Claudia Mariana Pouso, cuyo cuerpo fue encontrado en Parque del Plata en junio de 1993.
El tribunal que actuó en el caso de Radaelli falló, el 27 de febrero de 1996, que tuvo “falta absoluta de culpabilidad” y dejó constancia de que quedó “a salvo su buen nombre y honor”.
Las decisiones de los tribunales fueron ratificadas por el entonces comandante en jefe del Ejército, Raúl Mermot, y homologadas por el presidente Julio María Sanguinetti.
