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Mantener a refugiados por dos años costará unos 2,3 millones de dólares
La cifra equivale a que cada uruguayo aporte “un litro de leche”, afirma el secretario de Derechos Humanos, Javier Miranda; los subsidios se otorgarán de manera “decreciente” para que las familias sirias vayan adquiriendo autonomía
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La solidaridad que despertó en la sociedad uruguaya la llegada de refugiados sirios tiene a las autoridades “desbordadas”. Iglesias “de todos los colores”, colegios, facultades y organizaciones de todo tipo han ofrecido ayuda para las familias sirias que arribarán en octubre y febrero a Uruguay.
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El secretario de Derechos Humanos de la Presidencia, Javier Miranda, cree que Uruguay debe aprovechar el programa de reasentamiento que lleva a cabo el gobierno para “canalizar” la solidaridad de los uruguayos y, en paralelo, crear una “política de Estado” sobre refugiados.
“Esto puede servir para consolidar ese proceso y establecer en la ley de presupuesto un capítulo que diga Refugio”, opinó Miranda en diálogo con Búsqueda. “Le das una institucionalidad fuerte, un respaldo presupuestal razonable, y te comprometes con Acnur (la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados) a recibir 30 o 50 personas por año”.
El presupuesto que calculó el gobierno para el programa de reasentamiento actual —que dura dos años y que incluye pasajes, subsidios para vivienda y vestimenta, salario de las personas que trabajen en la capacitación, entre otros rubros— es de unos 2.300.000 dólares. Es una cifra pensada “con la peor hipótesis”: “¿Qué pasa si tengo que sostener a 120 personas durante dos años?”, explicó Miranda.
Afirmó que si bien “es un esfuerzo presupuestal”, es “absolutamente razonable”, ya que “le cuesta una bolsa de leche a cada uruguayo”. “Me gusta decirlo así porque da una imagen de cuánto realmente cuesta esto. Me importa que se sepa que esto no es gratis, que implica un sacrificio para el Estado, y por otro lado, que el sacrificio no es tan significativo que implique que tenemos que cortar los programas sociales en Uruguay, sobre todo cuando estamos en plena campaña electoral”, afirmó.
A partir de la experiencia, Miranda espera que el país fortalezca su política de refugio. “Me gustaría que a futuro Uruguay tuviera una política de refugio consolidada, como política de Estado”.
“Uruguay solidario”.
El secretario de Derechos Humanos cree que más que el sello de “Uruguay Natural”, el país debe potenciar el sello de “Uruguay Solidario”. “Hay que ver el peso que tiene esta jugada de Uruguay a nivel internacional”, aseguró. “Realmente nos coloca muy fuerte en el concierto internacional”.
Miranda dijo que después de que se conociera la noticia, las autoridades recibieron una avalancha de ofrecimientos de ayuda para los sirios que vendrán. “Estamos un poco desbordados de solidaridad”, aseguró. Es que “cuando el volumen es tan grande” se vuelve “difícil de gestionar”.
No obstante, la ola de solidaridad no sorprendió a Miranda. En su opinión, los uruguayos tienen una “fuerte capacidad de movilización” detrás de “causas nobles”. “Es un capital formidable del Uruguay”, y “nosotros tenemos que tener la capacidad de canalizar esa solidaridad y promoverla”, consideró.
El 9 de octubre aterrizarán en Uruguay cinco familias —42 personas— provenientes del Líbano, que se instalarán por dos meses en el Colegio San José, de los Hermanos Maristas. Luego se radicarán en distintas zonas del país. El gobierno prevé instalarlos en la ciudad de Juan Lacaze, en el pueblo Soca y en Montevideo. El plan es que quienes tienen experiencia en el trabajo rural vayan al interior, mientras que los que se desempeñaron en la construcción se instalen en la capital.
“Nos falta todavía un poquito para cerrar la inserción laboral, pero venimos bien”, dijo Miranda. “En función de los perfiles ya tenemos visto que posibilidades laborales tienen. La radicación depende fuertemente de las posibilidades de inserción laboral”.
Añadió que en algunos casos también se está pensando en desarrollar trabajos dentro de la casa, de economía familiar, como pequeñas huertas.
Los dos primeros meses los niños concurrirán a la Escuela Experimental de Malvín. “No se trata de que aprendan historia, geografía o matemática, es más un proceso de inserción social que de educación”, indicó.
También está en los planes que los niños concurran al programa de escuelas de verano, que pueden ser muy útiles “para un proceso de escolarización progresiva”, contó Miranda.
El segundo grupo de refugiados, compuesto por siete familias, llegará al país en febrero. El proceso será muy similar, aunque para estos niños la inserción escolar “va a ser más dura”, ya que no tendrán los meses previos de preparación.
“La mayor parte de estos gurises hace uno o dos años que no van a la escuela”, explicó Miranda, con lo cual el desafío es “regenerar en ellos el hábito de la educación formal”.
Los adultos, por su parte, participarán en los programas de capacitación laboral que brinda el Instituto de Empleo y Formación Profesional (Inefop).
Además de la tarjeta Uruguay Social que brinda el Ministerio de Desarrollo Social a poblaciones vulnerables, y las asignaciones familiares del Banco de Previsión Social (BPS), las familias recibirán subsidios para vivienda y vestimenta, entre otros rubros, informó Miranda.
El gobierno solicitó apoyo a la Facultad de Ciencias Económicas para que estudiantes de esa carrera ayuden a las familias en la gestión administrativa del programa y los asesoren en el manejo de las cuentas familiares.
Los subsidios a lo largo del programa son “decrecientes”, para que no sean un desincentivo a la inserción laboral, explicó Miranda. Es un proceso de “autonomía progresiva”, con la meta de que luego de los dos años las familias sean “independientes”.
La agencia Acnur —que tiene su oficina regional en Buenos Aires— decidió instalar en Uruguay a un funcionario que habla árabe y que tiene experiencia en el trabajo con refugiados para apoyar en el programa. Ya comenzó su trabajo en las oficinas de la Secretaría de Derechos Humanos y se quedará por un año.