Llegó al Hospital Pereira Rossell con 12 años y en una situación muy compleja. Su papá falleció, su mamá consumía drogas y lo abandonó y su único vínculo familiar era un abuelo que abusaba de él. Los servicios del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) lo asistieron y luego de constatar que la reinserción a su familia de origen no era posible la Justicia determinó que debía ser incorporado al sistema de protección de 24 horas que tiene la institución. Sin embargo, los meses pasaron y durante medio año del 2020 el niño vivió en las salas del hospital compartiendo con otros menores que llegaban para atenderse por alguna enfermedad.
Cada mañana se levantaba, hacía su cama y ordenaba sus pocas pertenencias con dedicación. Con el paso del tiempo se ganó el cariño de las pediatras y el personal del hospital. Tan así que los trabajadores le regalaron championes nuevos —los que tenía estaban rotos y ya le apretaban— y otras prendas de abrigo. Las semanas siguieron pasando y aún no había lugar en el INAU para él. Llegó su cumpleaños y se lo festejaron allí mismo en el hospital: funcionarios de la cocina le prepararon una torta, otros niños hicieron dibujos y colocaron globos, las pediatras y voluntarias le hicieron regalos y le compraron una cajita feliz de McDonald’s.
Todos los días asistía a la ludoteca, un espacio educativo creado en el hospital donde maestras les asignan tareas y les dan clases. También había días en los que se enojaba y hacía rabietas pidiendo que lo llevaran de vuelta a su casa. Su situación finalmente culminó con la derivación a un hogar y desde hace unos meses que visita el Pereira Rossell solo para realizarse los controles médicos.
Pero otros niños continúan a la espera. Hoy, por ejemplo, dos hermanos están en el hospital hace unos 80 días. Hubo casos en los que la demora superó el año. Actualmente, son 163 los niños, niñas y adolescentes, exclusivamente de Montevideo, que aguardan para que se cumpla la orden judicial de incorporarlos al sistema de protección del INAU. Unos 19 se encuentran hospitalizados con largas permanencias, de acuerdo a datos brindados por el INAU a Búsqueda.
Entre las solicitudes de ingreso, 37 corresponden a niños en la primera infancia, 67 a infancia y 59 a adolescencia. En 124 casos se solicita internación en servicios de 24 horas, y en 13 se piden sistemas de protección especializados para menores con alguna discapacidad, consumo problemático o patologías psiquiátricas. Otros 24 casos se encuentran en la órbita del Ministerio del Interior, quien se encarga de ubicar el paradero de los menores porque no se tiene información al respecto.
Para el presidente del INAU, Pablo Abdala, esta situación “tiene que ver con los límites del sistema”. El jerarca afirmó que esta realidad “no es nueva” y descartó que sea “un fenómeno que trajo la pandemia, si bien pudo profundizarlo”.
En enero de 2020, previo a la aparición de los primeros casos de Covid-19, había 146 menores esperando ser ingresados al sistema de protección. En agosto de 2019 eran 130. Abdala aclaró que no todos los casos son iguales: hay algunos en los que se puede trabajar con la familia y evitar la internación y otros, con situaciones de abuso o violencia, en los que se debe intervenir inmediatamente. En ellos, según el jerarca, se actúa de forma urgente, como sucedió con dos ingresos que se concretaron esta semana. “Cuando hay una situación donde realmente el riesgo es inminente o presente, el sistema actúa. El sistema no está bloqueado, ni colapsado ni saturado. Se buscan las alternativas para cada situación y eso muchas veces lleva tiempo”, explicó.
“La problemática de fondo”
La directora del INAU por el Frente Amplio, Natalia Argenzio, planteó su preocupación por el tema en el Parlamento. En una comparecencia el jueves 6 ante la Comisión Especial de Población y Desarrollo de Diputados, relató que la gran cantidad de solicitudes lleva a que el organismo no pueda dar respuesta. “Por no poder atender estas situaciones de vulneración de derechos, esos niños y niñas terminan con internaciones prolongadas de más de un año. ¡Estamos hablando de niños y niñas que permanecen más de un año internados en el hospital Pereira Rossell! Es realmente preocupante”, afirmó (Búsqueda Nº 2.122).
En diálogo con Búsqueda, la directora insistió en que “solo ampliar la apertura de cupos no es la respuesta a la problemática de fondo” y la única forma de superar esta dificultad que enfrenta el sistema es mediante un abordaje transversal. Eso implica que ese “nudo crítico” necesita que se contemplen soluciones desde lo económico, lo laboral, el acceso a la vivienda, la salud mental y otras aristas que entran en juego y que atraviesan la vida de los niños. Por eso, en su opinión, la aprobación del proyecto de ley que impulsa la diputada frenteamplista Cristina Lustemberg, en el cual se incorpora al Ministerio de Economía al control y la coordinación de las políticas para la infancia —que cuenta con el apoyo del INAU— sería un gran avance.
Argenzio considera que es necesario “dar un paso muy importante” para “fortalecer” a las familias para que “no pierdan la capacidad de crianza y así evitar la internación”. “Esto requiere ampliar el trabajo en territorio porque existen al menos 9.500 situaciones de alta vulnerabilidad que si no se trabaja allí van a terminar solicitando el ingreso al sistema de 24 horas”, agregó.
Frente a “la crisis social provocada por la pandemia, que nos deja 35.000 niños, niñas y adolescentes pobres más, si no ampliamos las horas de los técnicos, la cobertura tiempo parcial, difícilmente podamos trabajar en la prevención. Entonces, vamos a lograr desinternar a algunos, pero van a seguir ingresando otros. Y así no se logra revertir la situación”, sostuvo la directora.
Apoyo económico
El INAU y Unicef realizaron un relevamiento en 2019 y 2020 analizando al detalle el sistema de protección de 24 horas. De ese estudio surgió que cada centro del instituto alberga en promedio 34 personas, ya sea en modalidad de atención en el centro o en su contexto familiar. Las personas atendidas son 50,6% varones y 49,2% mujeres, y unas siete son trans. En su mayoría tienen entre 13 y 17 años y menos de un tercio tiene entre seis y 12 años. El 18% es mayor de 18 años y otro 11,5% corresponde a personas con discapacidad. Los menores de seis años son el 14%.
Tanto para las autoridades del INAU, la oposición y el sindicato, la salida está en un abordaje que contemple diversas causas y que trasciende a la institución. Como ejemplo, se insiste en que, según el relevamiento de INAU y Unicef, 20% de los niños y adolescentes fueron institucionalizados por problemas económicos que no les permite a sus familias hacerse cargo.
Por ello, el presidente del INAU adelantó que en las próximas semanas la institución implementará una asignación económica de tres bases de prestación y contribuciones (unos $ 13.000) por niño para las familias que no pueden sostener la crianza y así evitar que sean internados. Este apoyo económico será temporal y contará además con el acompañamiento de técnicos del INAU.
Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS
“Desbordado”
En varios centros se dieron casos positivos de Covid-19 entre los niños, adolescentes y funcionarios. Esto implicó que rápidamente los menores fueran aislados entre sí, pero también que los trabajadores deban realizar cuarentenas. Entre abril de 2020 y abril de este año, 873 menores fueron positivos y, entre octubre y abril, 926 funcionarios. Esto, para el presidente del sindicato del INAU, José Lorenzo López, complica aún más una situación de “desborde” que viven los funcionarios.
En algunos casos, lugares que no están acondicionados para ser habitaciones debieron adaptarse para cumplir con el aislamiento de los menores. Al mismo tiempo, el directorio del INAU y el sindicato acordaron el ingreso de 120 trabajadores con contratos “precarios” de cinco meses para cubrir los espacios que se generan. Sin embargo, según López, aún con este apoyo hay funcionarios que llegan a trabajar 18 horas diarias.
Abdala coincide en que la pandemia llevó a enfrentar una situación impensada, pero afirma que la institución ha logrado mediante el ingreso de personal tener los servicios con respuesta. Y adelantó que poco a poco se irán concretando ampliaciones de los cupos disponibles para los menores. El jerarca, además, destacó que para los recién nacidos no hay ingresos “demorados” y dijo que en las próximas semanas se concretarán convenios para aumentar los cupos disponibles. Por ejemplo, adelantó que se firmará un acuerdo con la Asociación Civil San Francisco de Sales que implicará 35 lugares nuevos y ampliará el vínculo con el proyecto MIR que permitirá que haya otros cinco cupos.
De todos modos, Abdala insistió en que la administración “no perdió el norte”, que “es cambiar el paradigma del sistema y pasar del modelo basado en la internación en residencias a uno de base familiar y comunitaria” donde se priorice “el derecho a vivir en familia”.
“Estos convenios como el que firmaremos con San Francisco de Sales siguen siendo solución de emergencia, no de fondo”.
