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Millones de tapabocas, vestimenta descartable, kits de diagnóstico, alfombras sanitarias, ambulancias, monitores de vida, respiradores, termómetros y vacunas. También subsidios a los cuarentenados y a desempleados, además de asistencia extra para las familias de bajos ingresos y garantía estatal para que las empresas tomen préstamos para compensar la caída de las ventas. Disponer de “todos” los recursos necesarios para atender el problema del coronavirus y sus consecuencias, al mismo tiempo que se corta con el gasto estructural para abatir el déficit fiscal. Esta premisa de la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, va acompañada por la decisión de exponer contablemente los resultados de ambas acciones de manera separada: el Fondo Covid-19 como una cuenta independiente de los ingresos y egresos habituales en las finanzas públicas del país.
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El Fondo Solidario Covid-19 fue creado en abril de 2020 por la Ley 19.874 para centralizar el financiamiento de las acciones tomadas en el marco de la emergencia sanitaria. Su administración es competencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que en los documentos adjuntos al proyecto de Rendición de Cuentas presentado al Parlamento a fin de junio entregó un balance del fondo. A su vez, al evaluar esa contabilidad la Auditoría Interna de la Nación (AIN) advirtió varios “aspectos a mejorar” e hizo recomendaciones a la secretaría de Estado.
La AIN no realizó un examen de auditoría como lo definen las normas en la materia, lo que la exonera de emitir un dictamen. Estrictamente, analizó gastos que totalizan $ 14.360 millones, dejando por fuera las erogaciones efectuadas al Banco de Previsión Social (BPS). Por el lado del financiamiento del Fondo Covid-19, para la muestra estudiada contrastó los estados de cuenta bancarios con el total de ingresos informado en la Rendición de Cuentas.
Para efectuar un gasto financiado con recursos del fondo, cada inciso debe pedir autorización a Economía. Respecto al procedimiento definido por esa secretaría de Estado, la AIN observó que si bien se solicitan “rendiciones para todas las transferencias de dinero que realiza el MEF, no se han establecido controles adicionales de forma de validar lo informado”. Aconsejó hacer “controles complementarios” a los del ministerio sobre las rendiciones presentadas por los organismos.
Para reintegrar dinero por montos inferiores a $ 100.000 “no se establece quiénes deben participar en el proceso de autorización” por parte del MEF ni “cómo el organismo debe rendir y regularizar” dichos montos “con cargo al Fondo”. El procedimiento fue definido en un “borrador de fecha 15/05/2020 y se observa que es interno, por lo que no consta de la aprobación de la autoridad competente”, apuntó la AIN.
Además, constató que hubo “gastos con cargo al Fondo que no cuentan con suficiente justificación” de que apliquen a los destinos previstos por la ley, si bien se trata de montos que “no son materiales”. Agregó que “se evidenció en casos puntuales que no revisten materialidad, la falta dentro del expediente de rendiciones de gasto correspondiente a transferencias y subsidios”.
También notó que algunos expedientes no cumplen con el “ordenamiento cronológico de los documentos y hojas sin el folio correspondiente”, frente a lo cual recomendó establecer controles para “asegurar la completitud”.
Respecto al total de gastos ejecutados de la muestra analizada, la AIN señaló que en diciembre pasado se transfirieron $ 3.500 millones para acciones previstas para 2021 financiadas con ese dinero. De ese monto, 35,5% no se ejecutó al cierre de 2020, mientras que en la Rendición de Cuentas fueron informados como 100% ejecutados debido a que el pago fue realizado por parte del MEF.
Los números del Fondo
El Solidario Covid-19 es un fondo extrapresupuestal cuyos ingresos y egresos se registran en el Sistema Integrado de Información Financiera que lleva la Contaduría General de la Nación. Eso permite la trazabilidad de la totalidad de los movimientos financieros. A los efectos del control, en la contabilidad presupuestal fueron creados clasificadores específicos para la emergencia sanitaria (proyectos y objetos de gasto).
La rendición contable del fondo en 2020 expone ingresos por $ 41.197 millones (unos US$ 981 millones) y gastos por $ 38.362 millones (US$ 913 millones).
Los préstamos de organismos internacionales —en particular dos líneas del Banco Interamericano de Desarrollo— aportaron el 85% de los recursos. Algo más del 8% provino de las utilidades que, por la Ley 19.874, el Banco República debe cederle al Fondo Covid-19, lo mismo que la Corporación Nacional para el Desarrollo. El impuesto Covid-19 a los salarios públicos y pasividades altas aportó otro 2% de los ingresos totales. También hubo otras contribuciones, algunas donaciones sin un destino específico del donante, entre los que figuraron empresas como el Frigorífico Centenario, Lote 21, Mercado Libre, Jorge Seré y el Haras Don Alfredo, o instituciones como el Cuerpo Consular Honorario y la Embajada de Uruguay en Tokio; una donación anónima superó los $ 44 millones.
Gastos
En el informe, el uso del fondo está discriminado según tres categorías de medidas tomadas frente al Covid y sus efectos.
El 55% de los recursos ($ 21.110 millones) fueron para el “apoyo al trabajo y seguridad social”, lo que incluye los subsidios por enfermedad y por desempleo en sus diferentes modalidades y las contribuciones a los colectivos sociales y sectores de actividad más afectados, entre otros. También se computa como gasto del Fondo Covid-19 las transferencias al BPS y al Fondo Nacional de Salud.
En “medidas económicas” se utilizaron $ 9.542 millones el año pasado —una cuarta parte del total—, principalmente en garantías de crédito de la Agencia Nacional para el Desarrollo a micro, pequeñas y medianas empresas —que, estrictamente, no constituyen gasto en términos fiscales—, así como a líneas flexibles a tasas preferenciales y plazos extendidos, entre otras. El resto de estas partidas correspondieron al subsidio del transporte público.
La mayor parte de los $ 5.525 millones (14%) gastados en “medidas sociales” fueron refuerzos en la asistencia a través de la tarjeta TuApp, en la Asignación Familiar y la Tarjeta Uruguay Social, entre otros programas del Ministerio de Desarrollo Social. Entre otras cosas, figuraron también gastos del Ministerio del Interior en tobilleras electrónicas, así como en el arrendamiento de hotel y alimentación para cuarentenas.
Finalmente, las “medidas sanitarias” consumieron $ 2.184 millones en 2020 y significaron el 6% del total; algo más de la mitad fueron gastos hospitalarios, ambulancias y estudios de diagnóstico de Covid de la ASSE. El pago de test a prestadores privados hecho por Salud Pública fue otro rubro relevante ($ 450 millones).
