El proyecto Neptuno es una iniciativa privada de las empresas Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast para dar solución a los problemas de cantidad y calidad de agua para abastecer el área metropolitana. La propuesta original implicaba una nueva toma de agua bruta libre de salinidad sobre el Río de la Plata, en la zona Arazatí; una planta potabilizadora convencional; y una tubería de aducción de 80 kilómetros que conecte la planta con el Sistema de Distribución de Montevideo. El costo estimado oscilaba entre US$ 123 millones y US$ 235 millones.
Consultados sobre el estado de situación del proyecto, el presidente de OSE, Raúl Montero, y el gerente general, Arturo Castagnino, dijeron a Búsqueda que la parte técnica está muy avanzada. Recientemente el consorcio proponente presentó el anteproyecto de ingeniería.
En los últimos meses, OSE hizo mediciones actuales de los niveles de salinidad del Río de la Plata, algo que había solicitado el director opositor Edgardo Ortuño. La empresa cuenta con métodos propios y también con información de UTE de su central de ciclo combinado en Punta del Tigre desde 2008 a 2021. A partir de esa información se diseñaron “modelos hidrodinámicos” y simulaciones para prever vientos, mareas, corrientes y salinidad, indicó Castagnino.
Sobre este último punto, las estimaciones indican ahora que los niveles de sal estarían por encima de lo permitido entre 20 y 30 días al año. El gerente general explicó que eso llevó a ampliar la capacidad de la reserva de agua dulce de unos cinco millones de metros cúbicos a unos nueve millones.
Montero apuntó que también se ampliarán las tuberías necesarias para la conexión de esa toma de agua con el sistema de abastecimiento a Montevideo. Si bien por un lado eso implica más costos, el presidente también lo ve como algo positivo porque en los hechos operaría como una nueva línea de bombeo y aliviaría la presión de las otras.
Ambos coincidieron en que el costo estimado del proyecto está hoy en los US$ 250 millones.
La principal incertidumbre que debe sortear el proyecto Neptuno es el régimen de contrato y su forma de financiamiento. Sobre este punto, el presidente tiene claro que una de las metas es que la obra no genere deuda pública. Está convencido de que no se tratará de una licitación tradicional en la que la OSE contrate la obra, sino que se optará por un camino en el que el privado asuma riesgos financieros.
Eso, a su vez, afecta la decisión sobre quién operará la planta, algo que tampoco está definido, según detalló. “El mantenimiento y la operación están relacionados y es parte de la definición”, dijo.
El presidente reconoció que el Neptuno avanzó “mucho más lento” de lo que esperaba. Sin embargo, se mostró optimista en poder avanzar en lo que resta de diciembre en las decisiones pendientes sobre la forma de contrato y financiamiento.
Castagnino tiene otra postura respecto a la operación y la propiedad de la nueva planta. “Nadie mejor que OSE podrá operar esa planta. Tiene que ser de OSE y OSE la tiene que operar”, afirmó.
A principios de julio el Directorio de OSE aprobó otra iniciativa privada con una ambiciosa propuesta de saneamiento que incrementaría la cobertura de 50% a 88% en un período de cuatro años. El consorcio proponente es casi idéntico al del Neptuno: Saceem, Ciemsa, Fast y Teyma.
A grandes rasgos, las obras son: 54 nuevas plantas de tratamiento, la ampliación de 40 plantas existentes, 3.472 kilómetros de colectores de alcantarillado y 246.973 conexiones nuevas. El proyecto abarca 124 localidades y su costo estimado es de US$ 975 millones.
Montero y Castagnino coincidieron en que en este caso los desafíos técnicos son menores. Se trata de obras tradicionales y conocidas.
La principal incertidumbre de la iniciativa es su factibilidad económica, que “está más en tela de juicio”, analizó Montero. El jerarca explicó que se trata de un proyecto “muy complejo” en el que es difícil llegar a una generalización y un patrón matemático que se aplique con certeza a todas las localidades. Hay variables diversas que provocan cambios drásticos como las cuencas disponibles, el tipo de suelo, la densidad de población y hasta las características de la población.
Para avanzar, decidieron hacer foco en 24 localidades que consideran una “muestra representativa”. El jerarca aseguró que eso no implica una reducción del proyecto.
Recordó que la iniciativa se financiaría en parte con los propios ingresos que producirían las obras —“lo que la gente pagaría por conexión y por servicio de alcantarillado”— y otra parte con subvención estatal.
“El parámetro que hay que definir es hasta qué punto puede llegar la subvención estatal”, dijo.
Ante la complejidad que presenta el análisis de esa iniciativa privada, hizo énfasis en que OSE no está detenida y sigue avanzando en paralelo en otras obras de saneamiento.
Menos inversión, menos funcionarios, más morosos
En los últimos días, el director de OSE en representación del Frente Amplio le envió un informe a Ricardo Ehrlich, “coordinador transitorio” de esa fuerza política, con varias consideraciones respecto a la situación de la empresa. En el documento, Ortuño recuerda que como resultado de las directivas de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) se concretó una reducción de US$ 240 millones en las inversiones.
Ortuño manifiesta particular preocupación por la pérdida de 550 puestos de trabajo en un año y cuestiona que OSE “ni siquiera” haya concretado los concursos para reponer el tercio de vacantes que la OPP sí permite. Más allá de la cantidad, cree que es motivo de alarma la calidad de las tareas afectadas que en muchos casos son “estratégicas”.
“Se configura una situación crítica en materia de recursos humanos en el organismo, grave en tanto compromete su capacidad de prestar servicios esenciales en el corto plazo”, dice.
El informe también alude a la situación económica de OSE, que cerró el 2020 con un déficit de más de US$ 50 millones. Ortuño apunta que la facturación de la empresa se vio comprometida por algunas exoneraciones dispuestas por el gobierno a sectores de clientes afectados por la pandemia como “educación, cultura, deporte, hoteles, restaurantes, agencias de viaje, inmobiliarias y salones de fiesta”. El director no cuestiona esas disposiciones. Por el contrario, considera que las exoneraciones deben incluir a los sectores “socialmente más vulnerables”.
En esa línea, sostiene que durante la pandemia se incrementó notoriamente la morosidad con 78.481 nuevos deudores. El importe total de adeudos con el organismo aumentó 62%, (unos $ 1.200 millones de pesos). “La cantidad de clientes con deuda creció 46%, totalizando 248.935, de los cuales 107.816 son morosos en condición de corte”, detalla.
De acuerdo al relato de Ortuño, recientemente se elevó a directorio la propuesta de retomar los cortes de servicios. Dice que eso finalmente no se concretó y lo atribuye a su posición contraria.
La semana pasada, el director frenteamplista votó en contra de la decisión de suspender una licitación para obras de saneamiento y agua potable en Pando Norte. El jerarca consideró contradictorio que al mismo tiempo que el organismo habla de darle prioridad al saneamiento y exhiba proyectos ambiciosos como la iniciativa privada, deje caer otros proyectos concretos como ese.
