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El 2 de marzo en su discurso de rendición de cuentas ante el Parlamento, el presidente Luis Lacalle Pou anunció como una de las principales inversiones que llevaría adelante su gobierno la construcción de una nueva toma de agua y una planta potabilizadora sobre el Río de la Plata. Ese anuncio fue la presentación en sociedad de un proyecto que en silencio ya había dado algunos pasos importantes.
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El 19 de octubre el consorcio Aguas de Montevideo —integrado por Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast— había presentado ante la Presidencia de la República una iniciativa privada. El proyecto denominado Neptuno fue aceptado en forma parcial por OSE en febrero y hoy está en la etapa de los estudios de factibilidad.
En medio de los análisis que se están desarrollando surgió un cambio concreto, según informaron a Búsqueda fuentes del organismo. En origen, el proyecto —y así figura en la resolución aprobada por OSE— tenía tres componentes: una nueva toma de agua bruta libre de salinidad sobre el Río de la Plata, en la zona Arazatí-Bocas del Cufré; una planta potabilizadora convencional junto a la toma; y una tubería de aducción de 80 kilómetros que conecte la nueva planta potabilizadora con el sistema de distribución de Montevideo. Los últimos documentos presentados por el consorcio incorporan un cuarto elemento.
Uno de los requisitos que OSE le puso al consorcio es que la obra esté en condiciones de brindar servicio las 24 horas los 365 días del año. Los estudios disponibles, sin embargo, demuestran que hay algunos días durante el año en que la salinidad del agua de esa zona del Río de la Plata excede los niveles máximos permitidos para su potabilización.
La solución propuesta para garantizar el servicio es construir una reserva de agua dulce sobre el arroyo Sauce en San José. Este dato fue confirmado por el presidente de OSE, Raúl Montero, y el director por el Frente Amplio, Edgardo Ortuño.
Sin este cuarto elemento, el costo del proyecto Neptuno oscilaba entre los US$ 123 millones y los US$ 235 millones.
Aunque reconoció que la necesidad de una reserva puede incrementar los costos, Montero subrayó que desde el punto de vista económico el factor más sensible será la longitud de las tuberías que se requieran.
Las novedades surgidas del análisis de factibilidad no modificaron su punto de vista. “Creo que no estamos en condiciones de hacer las dos obras a la vez. En la medida de que el Neptuno llegue a una solución que nos convenza se va a tomar ese camino en primera instancia. La reserva en Casupá va a ser necesaria después para poder mantener en el tiempo la capacidad de la planta de Aguas Corrientes, proyectando 20 o 25 años hacia adelante”, dijo.
Para Ortuño, el nuevo escenario sí cambia la situación. Considera que la necesidad de una obra adicional “complejiza y hace más costoso” el proyecto Neptuno y eso lo lleva a sacar varias conclusiones. La principal es que la decisión de embarcarse definitivamente en la obra requiere de un análisis más profundo.
“El estudio de factibilidad claramente no es un proceso de pocos meses”, dijo a Búsqueda.
Una de sus preocupaciones es que hasta ahora los análisis están basados en estudios realizados 15 años atrás. Ortuño solicitó que se hagan relevamientos actuales como parte del proceso de análisis de factibilidad.
Además, el jerarca está preocupado por la presencia de cianobacterias en esa zona del Río de la Plata. Como solución, propuso al Directorio que OSE firme un acuerdo de asesoramiento con la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República.
Finalmente, Ortuño considera que ante la complejidad que presenta el proyecto Neptuno la empresa debería retomar y poner prioridad en la concreción de la represa en Casupá, que ya estaba en una fase avanzada.
Aunque según Montero esa solución sigue en segundo plano, la obra tuvo algunos movimientos en las últimas semanas. Para su financiamiento, Uruguay tenía un acuerdo encaminado con CAF/Banco de Desarrollo de América Latina por US$ 80 millones. Para la firma definitiva del contrato se había fijado un plazo que vencía el pasado 3 de junio. El 18 de mayo el Ministerio de Economía le envió una carta a la institución solicitando una prórroga de 12 meses bajo el argumento de que estaba estudiando el proyecto y tomaría una decisión a la brevedad.
