Más allá de los “aspectos vinculados a los planes de uso y manejo de suelos”, lo que “es un factor” a considerar, el tema de los plazos de los contratos de rentas “también incide en las políticas públicas que queremos impulsar, como la de los seguros agropecuarios y las de estímulo del riego y la gestión del agua”, declaró a Agro de Búsqueda el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos.
Sostuvo: “influye en la medida en que no solucionemos esa relación donde el propietario del campo se pudiera beneficiar de la instalación de estas políticas que necesitan de un largo plazo, sea para seguros, para riego o gestión de recursos hídricos o para el plan de uso de suelos”. “El largo plazo siempre es más conveniente”, enfatizó.
Consultado sobre el asunto, el titular del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) dijo que “es todo un tema para discutir, porque obligar a determinados plazos de los contratos de arrendamientos de campos sería una injerencia indebida del Estado en el arreglo entre los actores privados”.
“Lógicamente que la estabilidad del agricultor sería lo más deseable, porque gran parte de la agricultura se realiza sobre predios ajenos, que pueden ser arrendados o por otro tipo de contratos”, señaló.
No obstante, el jerarca advirtió: “ahí nos metemos en la contratación y en el libre juego de la oferta y de la demanda, porque tenemos en el medio buenos y malos agricultores, buenos y malos propietarios, aquellos que priorizan más el medio ambiente y también algunos dicen que no debería existir nada de esto, como parte de un sistema de descontrol absoluto cuando en realidad es una fortaleza de Uruguay contar con estos bienes públicos”.
En el mercado de tierras de Uruguay, el mayor porcentaje de la superficie bajo contratos de arrendamientos comprende a los que establecen plazos de uno a tres años, específicamente los que fijan dos años representaron el 24% del total de extensión de campos arrendada y los de tres años abarcaron 23% en 2021, según un informe de la Dirección de Estadísticas Agropecuarias (DIEA).
Indica que “es trascendente remarcar el aumento por segundo año consecutivo del área transada en los contratos de mediano plazo (entre cuatro y cinco años), que representaron el 26% de la superficie del ejercicio 2021 y algo más de 235.000 hectáreas”.
Eso tiende a mostrar una cierta tendencia hacia un alargamiento de los plazos de los contratos de rentas de campos, ya que además si se compara con lo sucedido hace diez años, los datos de DIEA de 2011 muestran que el renglón de contratos de cuatro a cinco años comprendió 18% del total de la superficie arrendada, con unas 166.000 hectáreas. En aquel momento los contratos de dos años abarcaron 24% y los de tres años representaron 28% del total, con unas 217.000 hectáreas y 251.000 hectáreas, respectivamente, según los registros de esa repartición ministerial.
Hay que considerar que la información publicada por el MGAP sobre plazos de contratos de arrendamiento de tierras no está discriminada por la actividad agropecuaria para la cual es utilizado, ya sea ganadería, agricultura de secano, lechería, forestación u otros.
Esa discriminación se realiza sobre el total de los contratos de arrendamientos de tierras, con una mayoría correspondiente a ganadería (55%), seguida por agricultura de secano y de la explotación agrícola ganadera.
No vale todo
“Siempre es el juego de la libertad individual y el interés colectivo”, por lo que “este hecho requiere alcanzar el mayor grado de consenso”, opinó el ministro. Acotó que “al mismo tiempo que algunos alzan su voz diciendo que pierden libertades con estas medidas, no plantean contraargumentos respecto a que se está ganando valor con estas acciones”.
“Dentro de un panorama general en el que la decisión individual debe ser respetada y debe primar la libre empresa, el libre comercio y la libertad y el acceso al trabajo, también está el interés general”, reconoció.
Mattos se mostró crítico respecto a ciertas posiciones en cuanto a que “por ser propietario de algo no puedo hacer lo que quiera, como por ejemplo comprar un vehículo y no cumplir con las normas de tránsito, porque estoy afectando la libertad de un tercero; en la agricultura es lo mismo”.
“Tengo el derecho de utilizar de la mejor manera mis recursos para llevar adelante una empresa agropecuaria, pero no puedo hacer una ley para mí”, planteó.
Al analizar este tema, el secretario de Estado consideró que “en esta cuestión de la administración pública siempre hemos tratado de aplicar un criterio de impulso a las inversiones, al desarrollo y a la sostenibilidad de los sistemas productivos”.
“Acá no vale todo, por eso cuando se toman algunas resoluciones a nivel parlamentario no hay un análisis pleno de la situación cuando se tiene una mirada de más largo aliento”, dijo.
En el caso de los plazos de arrendamiento de tierras el camino no sería el de adoptar alguna norma legal que obligue determinada cantidad de años para esos contratos, Mattos consideró que “lo apropiado es encontrar una receta que sea ganar-ganar para todos”.
“Desde el punto de vista de las inversiones en las obras de infraestructura en riego o canales, el beneficiario final termina siendo el propietario de la tierra, porque en todo contrato dice que aquellas mejoras que realicen en el predio quedarán a beneficio del dueño”, destacó.
“Pero para que todas esas inversiones se realicen el arrendatario o el medianero deberá tener las garantías de permanencia en el campo, que el contrato lo ampare, pero eso es parte del arreglo entre privados”, insistió.
“Lo que sí podemos interceder desde el gobierno y el Estado es dando garantías o beneficios tributarios para ambas partes en el sentido de que haya una extensión, pero meternos en el plazo de los contratos de arrendamientos de campos sería un dislate y no es el camino” que se debe recorrer, enfatizó.
Respecto a los incentivos tributarios para el riego y el manejo de agua en el agro, el ministro de Ganadería admitió: “defendí la tesis de que los estímulos que hay hasta ahora para inversiones de largo plazo para la gestión de los recursos hídricos han sido insuficientes, ya que hay menos de 2% del área bajo riego y debería ser de cuatro o cinco veces más que eso para asegurar una mayor estabilidad de los niveles de productividad”.
