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    Máximo órgano de decisión de la Udelar dividido sobre expulsión de docente grado 5 involucrado en acoso sexual a exalumna

    Autoridades son conscientes de que la decisión enviará un “mensaje” al ámbito universitario

    Tres años después de que una exalumna de la Facultad de Ciencias denunciara por acoso sexual al matemático grado 5 Martín Sambarino, el Consejo Directivo Central (CDC) de la Universidad de la República (Udelar) se apresta a resolver si destituye o no al docente.

    El máximo órgano de gobierno de la universidad se reunió en la noche del viernes 13 en sesión extraordinaria para tratar este único tema con la intención de resolverlo en esa instancia. Pero tras casi cinco horas de deliberación sobre “aspectos conceptuales y jurídicos” en régimen de comisión general (cerrado al público) no hubo acuerdo para proceder a la votación.

    Pasada la medianoche, y en vistas de que aún había varios consejeros en la lista para hablar, se aprobó una moción para continuar el intercambio en una nueva sesión extraordinaria, prevista en principio para fin de mes.

    Durante la sesión, varios decanos y representantes de los órdenes universitarios (docentes, estudiantes y egresados) expresaron posiciones divididas sobre si corresponde o no aprobar la expulsión de Sambarino, luego de analizar durante más de un mes y medio el voluminoso expediente del caso. Para ver la documentación, debían agendarse y estudiarla en las oficinas del Rectorado, sin posibilidad de retirarla.

    La investigación administrativa se inició en setiembre de 2019, luego de que la hoy doctora en Matemática Adriana da Luz denunciara al profesor grado 5 ante la Comisión de Prevención y Actuación ante el Acoso y la Discriminación de la Udelar por acoso sexual en el ejercicio de su función docente. Una segunda denuncia fue presentada por otra doctora en Matemática ante las autoridades de la Udelar, mientras que varias exalumnas narraron públicamente prácticas inadecuadas y “naturalizadas” entre docentes y estudiantes que facilitaban repetidas situaciones de acoso y abuso de poder (Búsqueda Nº 2.035).

    Los consejeros también debatieron aspectos relativos a “las diferentes formas de acoso en la Universidad”, la prioridad de adaptarse institucionalmente a “las nuevas realidades” que permean la vida universitaria y la “mayor conciencia social” sobre estas prácticas, según reconstruyó Búsqueda. Primó en varias intervenciones “la importancia de dar un mensaje claro hacia afuera”, pero no se formularon posiciones concluyentes, dijeron las fuentes consultadas.

    Más allá de la discusión de fondo, algunos consejeros con formación legal plantearon en sala la necesidad de ajustar ciertos “aspectos jurídicos”, sobre todo ante eventuales acciones judiciales que la defensa del denunciado pueda emprender contra la institución si el profesor finalmente resulta destituido.

    El debate jurídico, que giró en torno a precisar los efectos que pueda ocasionar la decisión que se adopte y a tomar “los recaudos correspondientes para que la Udelar no quede expuesta”, insumió parte de la reunión y también ha sido una de las razones por las que se ha prolongado la decisión, según las fuentes.

    En tal sentido los aportes de la División Jurídica universitaria han sido “fundamentales”, pensando en futuras acciones. “Todos sabemos lo que hay en torno a este caso, lo complejo que es y sus posibles derivaciones para la universidad”, resumió una de las fuentes.

    La sesión continuó sobre esos ejes. Si bien la intención inicial era resolver el viernes, a la medianoche todavía había varios consejeros que aguardaban para intervenir, por lo que hubo una moción para terminar la sesión y así es que la decisión se postergó unas semanas, si bien aún no se fijó fecha para retomar el caso porque el rector Rodrigo Arim asiste estos días a la Conferencia Mundial de Educación Superior de la Unesco en Barcelona.

    “Este ha sido un proceso único y muy desgastante para todas las partes y los plazos fueron larguísimos. Y además se sumaron las presiones externas, con trascendidos y afinidades desatadas que fueron generando un entorno que hace todavía más difícil la resolución”, comentó una de las fuentes.

    Además, había colectivos que hasta el mismo viernes aún no tenían una posición, apuntó otro informante.

    Como sea, los consejeros acordaron que “se tiene que converger a una resolución” en la próxima sesión, sea avalando la propuesta de destitución (para lo cual se requieren mayorías especiales de dos tercios de la veintena de consejeros con derecho a voto en el CDC) o desestimando esa medida y devolviendo el caso al ámbito de Ciencias.

    El caso

    En agosto de 2019 Búsqueda informó sobre las denuncias de varias matemáticas que describieron prácticas inapropiadas de profesores hacia alumnas, naturalizadas por el entorno académico. Sambarino fue denunciado ese año por Da Luz por “acoso sexual y conductas inapropiadas” durante el vínculo docente-estudiante. Tras una investigación administrativa que insumió dos años, en setiembre de 2021 Jurídica de la Udelar concluyó que hubo una “falta administrativa grave” al adjudicarle “credibilidad objetiva y verosimilitud” al testimonio de la denunciante (Búsqueda Nº 2.141). El tema pasó a estudio del Consejo de la Facultad de Ciencias, que tras un intenso debate resolvió aplicar la máxima sanción y solicitó por unanimidad al CDC de la Udelar la expulsión de Sambarino.

    Previo a la resolución del CDC, el caso pasó a estudio de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC), que en un informe difundido en marzo consideró que el acoso sexual no resultó probado. La posición del la ONSC es preceptiva pero no vinculante para la Udelar.

    Si el CDC rechaza la expulsión, el tema volverá a Ciencias, que podrá evaluar aplicar una sanción más leve, como una suspensión por seis meses.

    Entretanto, el clima en la universidad se fue tensando con varias cartas y manifestaciones públicas de académicos en las que se pronuncian a favor o en contra de la destitución del docente. El caso se ha transformado en emblemático para la Udelar y por eso su resolución se sigue con especial atención. Para autoridades, docentes y estudiantes, se trata de un momento bisagra, en el que se dan choques entre las viejas prácticas toleradas y las nuevas sensibilidades. La falta de un código de ética que recoja expresamente el tipo de vínculos que pueden mantener docentes con estudiantes complejiza la discusión y por eso el rector ha afirmado que es necesario fijar “reglas claras” que orienten las relaciones en la universidad.

    Durante la investigación, varios docentes de la Facultad de Ciencias reconocieron la existencia de consumo de drogas y alcohol entre alumnos y profesores, pero defendieron que se trataba de acciones consensuadas, en las que no existían presiones y en las que no influían las jerarquías universitarias.