Aunque en el último medio siglo no faltaron las crisis, la capacidad del país para “gestionar con solvencia profesional su política económica aumentó de modo extraordinario entre 1972 y 2022. Y lo hizo sin resbalar en ilusiones tecnocráticas” ya que, al menos en democracia, el liderazgo político “nunca perdió el timón”, afirma Adolfo Garcé en un ensayo referido al “amortiguado ascenso de los economistas en Uruguay”.
Garcé, un doctor en Ciencia Política, y Javier Rodríguez Weber, doctor en Historia Económica, abordan ese vínculo en Economistas, economía y política: ensayos y entrevistas, editado en setiembre por Fin de Siglo, también con cuestionarios a 20 profesionales uruguayos que opinaron, además del rol de los economistas, sobre la gestión económica posdictadura y los desafíos futuros para Uruguay en su campo. Los consultados —de distintas generaciones y perfiles, algunos académicos, otros del ámbito de la consultoría y varios que ocuparon cargos jerárquicos— destacaron, casi sin excepción, la mayor estabilidad macroeconómica como un logro de las décadas recientes, al mismo tiempo que muchos expresaron preocupación por el rezago en ciertas reformas, en particular en el área de la enseñanza y otras orientadas a elevar los niveles de productividad de la economía.
Para el colorado Ariel Davrieux, director de Planeamiento y Presupuesto (OPP) en los períodos 1985-1990 y 1995-2005, “hay una agenda pendiente en la educación en general” de forma de “aumentar la calidad del capital humano”. Ana Balsa, que tuvo como profesor a Davrieux en la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (FCEA) de la Universidad de la República (Udelar), marcó los mismos aspectos: “Hasta que no lo resolvamos, el país no va a avanzar”. En su opinión, otro problema es la competitividad, ya que el país es “caro” y “eso no ayuda a que las industrias progresen”.
“Nos hemos quedado atrás” en materia educativa, afirmó, también, Juan Dubra, de la misma generación que Balsa y hoy profesor en la Facultad de Ciencias Empresariales y Economía de la Universidad de Montevideo.
Para Dubra, la criminalidad es otro “tema importante” a encarar, así como los monopolios estatales, que según él “tendrían que abrirse a la competencia” para poder bajar tarifas que, en Ancap y UTE, son “carísimas”, comparadas con la región.
El director del Centro de Investigaciones de la Realidad Económica y Social (Ceres), Ignacio Munyo, subrayó la “conciencia generalizada de que no se puede esquivar la disciplina fiscal y el control de la inflación” como los principales logros de la política económica posdictadura. Según él, hay reformas pendientes centradas en mejorar la competitividad y en la educación.
El “control de la inflación” fue mencionado como un logro por Sebastián Fleitas, profesor de la Universidad de Lovaina. Como desafíos a encarar, mencionó las reformas orientadas a elevar la productividad para “soportar la red de protección social actual y la que hay que construir”.
Javier de Haedo, que en el gobierno blanco de Luis Alberto Lacalle fue subsecretario de Economía y director de la OPP, consideró que la “continuidad de las políticas es un activo”, pero como contracara el país se mueve “lento, la reformas cuestan muchísimo”. Eso, interpretó el hoy director del Observatorio de Coyuntura de la Universidad Católica, responde al “ADN uruguayo” y el “social estatismo batllista”, que es “la religión oficial” de Uruguay. La seguridad social, la integración económica al mundo, la reforma educativa y del mercado laboral, además del desmantelamiento de regulaciones en sectores no transables, son, para de Haedo, parte de una agenda pendiente.
Poca “audacia”
Uruguay “está lleno de microrregulaciones, contratos difusos entre privados y Estado, paramétricas para ‘actualizar’ precios que alientan la ineficiencia en el sector no transable” de la economía en rubros como la salud, el transporte carretero, la educación o los combustibles, opinó Gabriel Oddone, socio de CPA/Ferrere. Pero la “economía política de las reformas es compleja” y por eso”, dijo, el “pacto social implícito es postergar reformas”, con la consecuencia de ser un “país caro”.
Germán Deagosto, consultor de CPA/Ferrere, se afilió a la tesis de Oddone de que “el éxito” de las últimas décadas descansa en el mantenimiento de ciertos “consensos básicos”. El problema, para él, es que “algunas de las transformaciones que hicieron eso posible se agotaron o ya no parecen ser suficientes”. El principal desafío a futuro es “poder dar un salto de productividad”, sostuvo.
El doctor en Historia Económica y profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República Luis Bértola habló de una “polarización ideológica” y de una “histórica falta de Estado” y de “poder político” en Uruguay. Refiriéndose al gobierno actual, expresó que lo “más preocupante” es que “desmontó totalmente” el enfoque de planificación que habían creado las administraciones del Frente Amplio y la interpretó como un “predominio de visiones ideológicas que renuncian a la construcción de capacidades del Estado”.
“Para el futuro (…) hay que ir hacia más distribución, pero tampoco veo que haya claridad sobre esto en ninguno de los partidos. Tampoco en el Frente Amplio”, evaluó Andrea Vigorito, del Instituto de Economía de la FCEA. Verónica Amarante, investigadora del mismo instituto y exdirectora de la Oficina en Montevideo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, marcó entre los “logros de la política económica” la baja en los niveles de pobreza y la desigualdad, así como el aumento de los salarios reales hasta 2014, como parte de un “círculo virtuoso”, pero opinó que en materia de vivienda y el sistema de cuidados hubo avances parciales.
En opinión de Ricardo Pascale, dos veces presidente del Banco Central (BCU) en administraciones coloradas, en las últimas décadas el “avance más importante ha sido en la estabilidad macroeconómica” de corto plazo. “Más lejano parece estar el avance en pensar cómo crecer y desarrollarse más” de manera sostenida y cómo entrar en la “economía del conocimiento”.
La “consolidación de un entorno macroeconómico mayormente estable” ha sido, según Tamara Schandy, el principal avance en la política económica tras la última dictadura. Ahora es “imperativo” que Uruguay impulse una “nueva agenda de reformas que permita apuntalar” un crecimiento más fuerte de forma sostenible, además de reducir “drásticamente la marginalidad”, señaló la socia de Exante. En los últimos años al país “le faltó ambición en la agenda de políticas públicas” y predominó en él el “gradualismo y la cultura de construcción de consensos”, que “también tiene un costo en términos de audacia”, opinó.
“Captura corporativa”
Marcel Vaillant ponderó como el “logro más grande” que tuvo Uruguay desde el retorno a la democrática el “haber mantenido la estabilidad política y haber puesto un rumbo general de orientación de crecimiento del país que no ha cambiado. No ha habido grandes reversiones de políticas públicas”. Este agrónomo con especialización en economía consultado para el libro señaló la “agenda de reformas pendiente” como el principal defecto de Uruguay: “Al ser tan pequeño tiene una captura corporativa muy grande”, dijo, aludiendo a la educación, la apertura comercial al mundo o las “capacidades estatales”, con “problemas de todo tipo”, desde intendencias “impresentables” o tener “ministros sectoriales que son empresarios (…) haciendo correas de transmisión de intereses del sector”. Para Vaillant, “hay gente dentro de los partidos que ve estos problemas” pero “influyen poco”.
La “conquista de la inflación” relativamente baja de los años recientes ha sido el “primer gran logro” de Uruguay, opinó Carlos Végh, que también empezó estudiando agronomía antes de volcarse a la economía —actualmente, como profesor en la Universidad John Hopkins—; el segundo, el “crecimiento económico sostenido por 17 años”, y el tercero, fueron los “avances muy importantes” en cuanto a reducción de la pobreza.
Como cuenta pendiente, Végh señaló que “hay que hacer lo imposible para aumentar la productividad” incrementando la inversión en capital humano, a la vez que alentó a flexibilizar las normas laborales y a invertir más en infraestructura.
Martín Rama, que como Végh fue economista jefe para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, comparó con Chile: “Quizás un proceso que fue menos purista desde el punto de vista económico, como el de Uruguay, haya terminado siendo más sólido desde un punto de vista político”, aunque no tan rápido. Como desafíos, mencionó que si bien hay un “consenso” en torno a la construcción de un Estado de bienestar, eso tiene un costo que “se maneja bien si la economía crece muy rápido. (…) Se requiere crecer más rápido”, para lo cual se precisa habilitar una mayor competencia en los mercados, incluidos los que intervienen las empresas públicas.
Julio de Brun, quien fue presidente del BCU en 2002-2005 y hoy asesora en la OPP, opinó que entre los economistas ahora hay “mucha más convergencia” que antes —“al final del día discrepamos en el 1%”— y eso favorece el consenso político.
Rodrigo Arim, rector de la Udelar, ponderó que Uruguay superó la etapa de “mucha inestabilidad macroeconómica” que caracterizó las últimas décadas del siglo pasado e hizo avances que, de todos modos, alentó a “no dogmatizar. No es que no pueda haber déficits fiscales, pero hay que preocuparse por mantener equilibrios en el mediano y largo plazo”. Contrastó esos progresos con dos “problemas”, uno en materia de cobertura de la matriz de protección social, en particular para los niños y jóvenes, y otro de la “estructura productiva y de incentivos en su diversificación”.
“Es la política, estúpido”
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