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    lunes 17 de junio de 2024

    Sin claridad sobre “cómo hacerlo” y con fallas “tácticas”, varias reformas “sustantivas” van camino a quedar “incompletas”

    La vida de Gabriel Oddone se acerca a un momento de quiebre: en poco menos de un año cumplirá 60 y, por las reglas internas en CPA/Ferrere, deberá dejar la consultora, de la que es socio y uno de sus economistas más notorios.

    En esta suerte de transición hacia un futuro profesional aún no definido —“ocuparé parte de mi tiempo en actividades que están enfocadas en el interés general”—, se siente cómodo analizando la realidad política. De hecho, con su mirada de hombre de izquierda, en la entrevista que mantuvo con Búsqueda opinó largamente acerca del estilo del presidente Luis Lacalle Pou, su gobierno y las fallas “tácticas” para encarar tres reformas que, según él, cerrarán el período con avances en el mejor de los casos parciales.

    La coalición multicolor asumió con el “mandato de quitarle peso del Estado al ‘malla oro’. ¿Lo va a haber logrado al final del período? Está difícil que pueda afirmar que sí”, dice. Oddone, que tiene un doctorado en Historia Económica, comparó con el primer gobierno blanco de la década de 1960 por reformas que plantó en la agenda pero no se implementaron hasta muchos años después.

    Dado que las “reformas sustantivas para acelerar el crecimiento de largo plazo están incompletas”, el período de gobierno va a terminar con la economía “habiendo convergido a la tasa mediocre de toda la vida, de 2,5% o 3% anual, y a su vez, teniendo como resultado un deterioro en la redistribución del ingreso”, sostiene.

    —Lacalle Pou entró en la segunda mitad de su mandato. ¿Qué evaluación hace de lo realizado y cómo ve la agenda planteada para lo que queda del período?

    —En un escenario de mucha dificultad como la pandemia, donde no había un libreto sobre cómo moverse, el tener un piloto osado, capaz de tomar decisiones en solitario y orientando al equipo, era probablemente lo mejor. Seguramente los resultados relativamente razonables de la gestión de esa etapa tienen que ver con eso. Ese escenario terminó hace aproximadamente un año pero ese estilo persiste: con un cielo despejado —ya no de tormenta— la orientación requiere de un menor grado de presión sobre el presidente: cuando las cosas van mal, la línea ministerial o los equipos políticos son los fusibles.

    Ese estilo lo veía incluso como un desafío para la política económica: pasados más de dos años, está la ministra, que sin lugar a dudas está haciendo una gestión alineada a los objetivos que fueron planteados, razonables, y está el director de la OPP, que maneja algunos temas de la agenda. Pero propietario político de la política económica, que da las explicaciones y controvierte, como lo hubo en otros gobiernos —con (Ricardo) Zerbino, (Luis) Mosca o (Danilo) Astori—, no hay. Quien ha protagonizado ese debate ha sido esencialmente el presidente, porque es su talante para todas las cosas.

    El episodio de su custodia es circunstancial, pero de alguna manera es hijo de esto. Y más que el episodio, la forma en que reacciona, con un exceso de verbalización, explicaciones e información que fluye, compleja y contradictoria. Era el mejor momento para la prudencia.

    —¿Es relevante que ese sea el estilo de conducción en esta etapa del período de gobierno?

    —Sí, porque están por delante las reformas de la seguridad social, de los combustibles la y educativa. ¿Quiénes son los propietarios políticos de cada una? ¿Y cuáles son los tiempos y las posibilidades de que estas reformas maduren?

    Miremos dónde está parado el gobierno hoy. Respecto a la prepandemia, el nivel de actividad está levemente por encima pero con mucha heterogeneidad y se recuperó el nivel de empleo. El resultado fiscal es mejor del que se hubiera esperado, aunque responde a un ajuste que no sé si es sostenible, y es discutible, porque responde a la menor inversión pública de los entes en muchos años y a una caída del salario real que afloja la presión sobre las transferencias a la seguridad social. La pregunta es cómo se consolida eso.

    Por otro lado, en materia de salario real todavía se está por debajo de los niveles prepandemia y la recuperación comprometida tensiona la credibilidad de la política desinflacionaria, que en realidad fue una idea pero no hubo plan. Además, se estancó el nivel de pobreza, con un núcleo duro sobre el cual actuar.

    Y haciendo perspectiva, dado que las reformas sustantivas para acelerar el crecimiento de largo plazo están incompletas o se hicieron parcialmente, el período va a terminar habiendo convergido a la tasa mediocre de toda la vida, de 2,5% o 3% anual, y a su vez, teniendo como resultado un deterioro en la redistribución del ingreso.

    ¿Todo esto es deliberado? No, efectivamente la pandemia condicionó y afectó algunas variables sociales relevantes. Pero el mandato sustantivo no fue cumplido, lo que no quiere decir que la gestión pueda ser catalogada como totalmente negativa; podría decirse desde esa perspectiva que fue eficiente ante un evento grave —en parte porque había un Estado muy potente— y por lo menos no estamos peor que en el punto de partida, que podía haber ocurrido.

    —Plantea dudas acerca de cómo resultarán tres áreas de reformas que están en la agenda del oficialismo. ¿Qué perspectiva ve para cada una?

    —Como muchas veces ocurre en Uruguay, este gobierno tiene noción de qué hacer, pero hay una enorme dificultad respecto de cómo hacerlo.

    En el caso de la seguridad social, a diferencia de las otras, el qué hacer estaba más o menos establecido, y en estos dos años se armó técnicamente la reforma y se buscó el consenso más amplio posible. El anteproyecto es un buen punto de partida, y lo que queda es mucho por recorrer para pronunciarse si saldará o no, y la posterior materialización.

    —¿Qué lo lleva a dudar de que avance?

    —La presión que había para hacer una reforma sobre el corazón de las finanzas públicas hoy no está arriba de la mesa por dos razones. Primero, porque a nivel internacional todo el mundo empeoró sus posiciones fiscales y hoy Uruguay es uno más de los malos de la clase. Segundo, porque con el ajuste se salió de la situación fiscal frágil y eso quitó presión para el debate inmediato: políticamente es muy difícil convencer a quienes tienen cargos electivos de que este es el momento de acometer una reforma de estas características, porque además estamos muy cerca del período electoral. El timing político no es el mejor; podría serlo todavía si no hubiera algunos escollos complejos en la economía política de la ley, como es la reforma de la “caja militar”, que hace que algunos miembros de la coalición estén proponiendo correctivos y comentarios. Si el proyecto se aprueba en el primer trimestre o semestre del año que viene, tiene chances; si no, las probabilidades serán muy bajas.

    —El presidente transmitió que la iniciativa se enviaría al Parlamento este mes, ya habiendo recibido las sugerencias de los partidos políticos. ¿Aun así le asigna bajas chances de que la reforma tenga los votos?

    —Con la información que tengo hoy, pienso que es baja, y más con los acontecimientos recientes. Hasta ese momento el presidente estaba en condiciones de introducir mucha presión sobre los miembros de la coalición.

    —¿Lacalle Pou habrá cumplido con su promesa si solo presenta la reforma jubilatoria pero no se aprueba?

    —Nadie podrá decir que, si la presentó, la defendió y no logró construir la mayoría, incumplió. Podrían decirle que no cumplió si estuviéramos en una situación fiscal totalmente desordenada, si hubiera presión de las calificadoras de riesgo o de los organismos internacionales y el gobierno no pudiera pasar la reforma. Ahí sí sería un fracaso.

    —¿Qué dice sobre la reforma educativa, que tuvo otro proceso?

    —A diferencia de lo que pasó con la seguridad social, donde había una reflexión profunda, en la educación se dijo: “Esta gente que trabajó acá o allá, que tiene ideas, vamos a ponerla a trabajar junta”.

    No soy experto en educación, pero lo que creo que tienen entre manos es algo que hace sentido a atacar problemas largamente discutidos: el tránsito educativo, la no culminación de los años, la gobernanza del sistema o aspectos de gestión. Sin embargo, la forma en que se intenta avanzar —y es imposible desconocer que hay sectores que se oponen por razones de todo tipo— le da escasa probabilidad a que los cambios sustantivos se consoliden en el tiempo y sean sostenibles. No quiere decir que no se puedan arbitrar cosas en este período de gobierno, aunque después pueden ser fácilmente reversibles por alguien que reciba un mandato distinto. Otra vez: la forma, el cómo hacer las cosas, no está siendo bien implementada.

    —¿Una falla táctica?

    —Salvando las distancias, se parece un poco a algunos errores que Rama cometió en su momento. Soy de los que creen —y más con el diario del lunes— que tenía un 99,9% de razón, pero su estilo fue parte del problema. Es cierto: los períodos de cinco años son muy cortos y hay una presión para avanzar rápido. Ahora, en la medida que la reforma educativa ha estado tantos años empantanada, valía la pena que quienes están al frente del proceso lo vieran con una definición de qué hacer y con una definición táctica de cómo ir logrando los consensos. Íbas a confrontar con los sindicatos, ¿pero en todos los temas o podías aislar algunos? ¿Cuánto tiempo le dedicaste, no a un diálogo convalidante sino para conversar de manera reservada con los jugadores relevantes? Capaz que mucho, pero la impresión desde afuera es que ahora, cuando tuvieron pronta la agenda de qué hacer, salieron a comunicarla y desplegarla diciendo: “Vamos a impulsarla porque tenemos la legítima representatividad de la población y acá están las fuerzas corporativas que se resisten”. El resultado es que la probabilidad de que esto sea una reforma exitosa y que se consolide es baja. Salvo algunos avances, cuando miremos esto en 2026 o 2027, no creo que podamos decir que en este período hubo un antes y un después.

    —La reforma del sector de los combustibles, todavía en fase de implementación, ha recibido diversas críticas. ¿Cuál es su opinión?

    —El gobierno tenía una acumulación de reflexiones en el sentido de que había muchas ineficiencias a corregir para bajar los precios. Dos años después, lo fáctico es que hay un sistema más transparente de fijación de precios que funciona parecido a lo que efectivamente el sistema establece como condición solamente cuando va en una dirección. Pongamos que hubo mala suerte en cuanto al precio del petróleo, ¿pero quién pensó en defender la buena idea y el timing de cómo se desplegaba esto desde el punto de vista táctico? ¿Se pensó en que la revisión (de tarifas) no tenía por qué ser mensual, que no fuera sobre precios del último mes sino de los últimos tres, que parte de los problemas de los costos en Uruguay —como estaba diagnosticado— estaba en otra parte de la cadena y no hay mayores novedades allí? La impresión es que este es un juego de jugadores a una banda: está la idea, alguien la fundamentó y tiró la bola, pero nadie pensó en los distintos rebotes posibles.

    Entonces, el ajuste fiscal y la regla —que es un avance pero hay que completarla y no comprarse la pastilla de que con eso estamos salvados— era una reforma; en las otras tres que eran clave tenemos un enorme grado de incertidumbre. Por eso, el mandato del gobierno, de avanzar decididamente en las reformas necesarias para acelerar la tasa de crecimiento endógeno del país, la probabilidad de que esté pronto es baja. Por supuesto que la pandemia es un atenuante, pero mi impresión es que aún sin ese factor pesó el grado de insuficiente reflexión. En ausencia de urgencias, en Uruguay los gobiernos asumen y el 2 de marzo se ponen a pensar cómo van a hacer lo que dijeron que harían.

    —A lo largo de esta entrevista fue crítico, en general, con la gestión del gobierno y señaló resultados parciales o un posible fracaso de varias de sus reformas principales. Sin embargo, la popularidad del Lacalle Pou se mantiene alta. ¿Cómo explica eso?

    —El presidente tiene varios atributos a favor que, en algunos casos, son también defectos: es enjundioso, valiente y toma decisiones, y eso contrasta mucho sobre todo con el último período del Frente Amplio. De manera no muy ordenada, el presidente se propuso cambiar cosas.

    Un segundo atributo es haber hecho una buena gestión de la pandemia.

    Hay que reconocer que desde el punto de vista económico es una gestión que navega con la carta que se comprometió ante sus votantes. Este gobierno tuvo el mandato de quitarle peso del Estado al “malla oro”. ¿Lo va a haber logrado al final del período? Está difícil que pueda afirmar que sí y ese será el principal argumento del oficialismo para decir: “Reelíjanme, porque no tuve tiempo para poder hacerlo”. Es en parte lo que les pasó a los blancos en la década de 1960; pusieron sobre la mesa una serie de temas, como la reforma monetaria y cambiaria, que 20 años después se implementó. Hay ideas, muchas de ellas compartibles, y en el mejor de los casos se definió qué hacer, pero en muy pocos se tuvo un plan con un juego a varias bandas: por supuesto, puede salir mal, pero mi impresión es que hay un exceso de sobrevuelo de las cosas. Al período de Lacalle Pou se lo podrá evaluar más por su capacidad de influencia intelectual en cuanto a la agenda que por lo que terminará ejecutando.

    —Insiste en marcar que no están habiendo cambios sustanciales que le permitan a Uruguay crecer por encima de 2,5% anual de manera sostenida. ¿Qué se debería hacer?

    —Es crucial mejorar la eficiencia y aumentar la productividad del sector no transable. Para eso la apertura es clave; adherir a lo que son tendencias globales es un enforcement para las reformas internas.

    Segundo, se precisa una regulación procompetencia mucho más potente. Eso es un tribunal de defensa de la competencia, no una comisión que no tiene independencia y ni siquiera entra en tensión con otros reguladores. Esto, para el sector financiero, el transporte de carga, el puerto, la salud e infinidad de ámbitos donde no hay mecanismos de competencia claros.

    También es crucial lograr que las empresas públicas sean empresas y no brazos ejecutores de la política económica. Y que haya reguladores fuertes.

    Otro tema es la transferencia tecnológica y la innovación y su vínculo con la actividad económica. Tengo la impresión de que en Uruguay estos dos mundos circulan de manera desligada, aunque en menor medida en la agropecuaria. Entre los generadores de conocimientos hay poca comprensión de lo que es el mercado y entre los empresarios hay un extraordinario déficit de comprensión de las oportunidades que da la innovación.

    • Recuadros de la entrevista

    “¿Tenemos calibrados los rebotes” de un TLC con China con “mirada global?”

    Señales “mixtas” de cara a una elección “ajustada”

    Economía
    2022-10-12T16:45:00