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La inflación es una de las variables que suele preocupar a las autoridades económicas. Sea por los efectos distorsivos que supone para la economía o por el impacto sobre el bolsillo de los hogares, el aumento de precios registrado en los últimos meses —9,4% en los 12 meses cerrados en marzo— hizo levantar la guardia tanto al Banco Central (BCU) como al Poder Ejecutivo, vía política monetaria, a través de medidas fiscales temporales o un adelanto de los ajustes para funcionarios públicos y pasivos.
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Sin embargo, la misma variable que preocupa a las autoridades también tiene un aspecto positivo para sus objetivos fiscales. A través de un aumento en la recaudación por el llamado “impuesto inflacionario”, las finanzas del gobierno central reciben un shock favorable sobre su nivel de ingresos que redunda en una mejora del resultado de las cuentas. En 2021, por esa vía percibió $ 5.752 millones, lo que convertido a dólares equivale a US$ 133 millones o un 0,22% del Producto Bruto Interno (PBI), calculó Búsqueda tomando como monto “imponible” del “tributo” la base monetaria restringida que publica el BCU. Allí se contempla el dinero (emisión) en poder del público, los depósitos que las instituciones financieras deben mantener como “encaje” y las colocaciones a plazo fijo dentro la autoridad monetaria.
Abatir el déficit fiscal es una de las prioridades de la administración encabezada por Luis Lacalle Pou, en el entendido de que su trayectoria, como venía, podía hacer insostenible el pago de la deuda pública a futuro. Además, bajarlo es necesario para poder reducir la presión tributaria, una promesa de campaña orientada pensando en el sector productivo o los “malla oro”, en palabras del mandatario.
En parte por ahorros de gastos —por fuera de los que requirió hacer la pandemia de Covid— y la mayor recaudación de la Dirección General Impositiva al reactivarse la economía, el déficit bajó al equivalente a 3,4% del PBI en los 12 meses a marzo pasado (depurando ese resultado del adelanto de salarios públicos y pasividades de abril por Semana de Turismo y los ingresos extraordinarios por los llamados “cincuentones”), según datos del Ministerio de Economía. Hacia adelante, la continuidad de ese proceso de mejora fiscal vendría por el lado del mayor cobro de tributos legales —dada la expansión que está teniendo la actividad económica—, a la vez que “la inflación le sigue dando una mano en la corrección y es un adicional inesperado de la mejora fiscal”, reflexionó el director ejecutivo del Centro de Estudios para el Desarrollo, Agustín Iturralde (Búsqueda N° 2.172).
El impuesto
Técnicamente, el denominado “impuesto inflacionario” no es un tributo, dado que no tiene una base legal que lo sustente. El concepto surge del monopolio que el BCU tiene como emisor de dinero y alude a la ventaja que se obtiene por la diferencia en el valor de la moneda entre el momento en que se imprime y al tiempo de entrar en circulación.
Por ejemplo, si alguien tiene ciertos ahorros en moneda nacional y no hubiera inflación, ese dinero debería bastarle un año más tarde para comprar la misma cantidad de bienes y servicios que en el presente, por lo que su poder adquisitivo seguiría igual. Si a principios del período considerado el BCU decidió emitir billetes que serán utilizados por el gobierno para el pago a proveedores, con el tiempo, esta mayor cantidad de circulante podría provocar una suba general de los precios (inflación), que se ajustan a un aumento de demanda. En ese caso, el saldo de aquel ahorro ya no tiene la misma capacidad de compra, pero el gobierno logra sacar ventaja de haber utilizado el dinero en primer lugar: con los nuevos billetes compra productos —o deuda— antes de que pierda poder de compra y recibe luego “transferencias” por parte del sector privado que pierde ingreso real —o licúa el valor de sus pasivos—.
Fuera de una situación de estancamiento, sin embargo, es importante diferenciar entre la pérdida de poder adquisitivo por parte de las personas de los ingresos del gobierno central, conocidos como “señoreaje”. Esto porque en una economía en crecimiento ambas variables pueden no coincidir: en otras palabras, la recaudación puede ser aún mayor que el simple producto entre la base monetaria y la inflación de precios debido a una mayor demanda por dinero.
En general, el grueso de la recaudación se produce en los primeros meses del año cuando se observa un mayor aumento del Índice de Precios al Consumo (IPC) asociado a los ajustes de sueldos y pasividades, normalmente dados en enero. En el primer trimestre de 2022 la inflación acumulada fue de 4,4%, lo que generó ingresos por US$ 80 millones. Esto es 53% más que en igual período de 2021 e incluso 18% superior al dato de 2020: durante ese primer año de emergencia sanitaria por el Covid, el impuesto inflacionario alcanzó un máximo histórico expresado en pesos de $ 7.257 millones (US$ 187 millones).
Inflación y déficit
Se dice que el “impuesto inflacionario” es, en realidad, un impuesto “virtual”, ya que no es cobrado por ningún organismo en particular porque este actúa sobre todo el dinero en circulación. A su vez la única forma de reducirlo o aumentarlo es a través de la suba de precios, por lo que es difícil tomar una medida proactiva que por sí sola apunte a incidir en sus montos.
La inflación puede utilizarse para financiar las cuentas públicas de distintas formas, pero con consecuencias en otros aspectos de la economía. Una opción que tienen los gobiernos es “empapelar” la economía, emitiendo más y más billetes para cubrir así sus gastos, con el consecuente aumento de la inflación. A su vez ese incremento de precios hace que las erogaciones del Estado tengan una suba nominal por debajo de la inflación, “licuando” ese gasto.
Aunque en los últimos años la recaudación como porcentaje de PBI se ubicó en general por debajo de 1%, los recursos obtenidos a través de la inflación llegaron a ser del orden del 3,5% del Producto entre 1975 y 1985 y también hasta comienzos de los 2000. Sin esos ingresos extra —de 0,28% del PBI en 2020 y 0,22% en 2021—, el déficit fiscal en los 12 meses al cierre de cada año se hubiese ubicado en –6,1% y –4,3%, respectivamente.
