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    Mercado de pólizas para pagar jubilaciones de las AFAP es una “bomba” que amenaza al BSE, advierte el Ceres

    El número de jubilados por el régimen de AFAP, surgido hace un cuarto de siglo atrás, empieza a hacerse más abultado. Esta etapa de “desacumulación” es el momento en que los trabajadores afiliados pasan a retiro y comienzan a cobrar su jubilación mensualmente en la forma de una póliza de renta vitalicia que hoy solo ofrece el Banco de Seguros del Estado (BSE). Y esa entidad participa en el negocio ya que “está forzado a hacerlo por responsabilidad institucional pero no porque le resulte de interés económico”, un problema que es urgente corregir, según el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres). El director de ese instituto privado de análisis, Ignacio Munyo, lo describió en diálogo con Búsqueda como una “bomba que crece día a día y cada vez más rápido, en la medida que la gente se jubila por las AFAP”.

    Una investigación del Ceres difundida ayer, miércoles 7, analiza ese mercado y plantea algunas ideas de reforma, en momentos en que el régimen previsional en su globalidad está bajo revisión de una comisión convocada por el gobierno.

    Los afiliados a las AFAP rondan hoy el millón y medio de personas, cada uno con una cuenta a la que vuelca parte de sus aportes previsionales (el resto va al BPS). El aporte acumulado durante su vida laboral se transforma, al jubilarse, en una renta mensual, mientras viva (o al cónyuge o beneficiario estipulado, como pensión, si fallece). El monto inicial se fija, entre otras cosas, considerando el saldo ahorrado y la esperanza de vida del asegurado —a partir de tablas unisex que llegan hasta los 100 años— al momento de contratar la póliza de renta vitalicia.

    El Ceres señala que si bien la normativa permite que aseguradoras privadas ofrezcan ese producto, en la actualidad solamente lo hace el BSE. Eso “indica que este mercado podría padecer ciertas ineficiencias” que, plantea, deberían corregirse. La ausencia de competidores obedece a motivos vinculados al “riesgo de cambio de regulación en medio del pago de una renta y también por un régimen muy regulado”, por ejemplo, con la determinación de la rentabilidad mínima exigida a las AFAP, añade. Y advierte sobre casos específicos en donde la norma beneficia a priori al jubilado y “traslada todo tipo de riesgo a la aseguradora, lo que desincentiva la entrada de otros” jugadores.

    Otra razón para la nula competencia deriva del hecho de que los pagos mensuales se ajustan por el Índice Medio de Salarios Nominales, por lo que las aseguradoras precisan colocar el dinero que reciben en un instrumento que suba al menos tanto como ese indicador, para no perder. Pero “en el mercado no hay instrumentos suficientes para invertir los montos de las rentas”.

    La “falta de incentivos para el ahorro voluntario” —adicional al exigido por la normativa— es “otro problema de la reglamentación actual”, según el Ceres.

    Pérdidas.

    Contrario a cómo funciona la mayoría de los seguros, en los cuales los individuos “descuidados” suelen ser los de alto riesgo, en el caso de las rentas vitalicias éstos son los que tienen mayor probabilidad de vivir por más años.

    En su estudio el centro presenta los resultados de una serie de simulaciones para determinar qué tan expuesto está el BSE por la normativa para la “desacumulación” que se le impone: cuánto pierde si las tablas de mortalidad subestiman la probabilidad de supervivencia del usuario, cuánto si el beneficiario de una pensión es más joven que el titular y qué sobrecosto debe enfrentar la aseguradora por actividades bonificadas. El ejercicio consideró a un afiliado de 40 años que comenzó a aportar a una AFAP en 1996, optando por el artículo 8 de la ley de reforma de ese año, y se jubila con 65, 70 o 75 años.

    Si el usuario de la hipótesis se jubila a los 65 años y las tablas de mortalidad subestiman la probabilidad de supervivencia en 1% para cada año que le resta vivir, el BSE estaría perdiendo por esa renta, en promedio, unos $ 11.799; monto apenas superior al 0,75% que se puede cobrar el BSE por gastos de administración. Si el usuario se retirase a los 70 o 75, las pérdidas serían de $ 16.204 o $ 21.734, respectivamente. “Si bien estas pérdidas no parecen exorbitantes, hay que tener en cuenta que son pérdidas promediales, por renta que brinda el BSE”, remarca el Ceres en su documento.

    Frente al caso de actividades bonificadas, el BSE debe pagar una renta por muchos más años de lo estipulado por las fórmulas que presenta el Banco Central. Si el afiliado de la hipótesis se jubila a los 60 de edad con cinco años bonificados —es decir que le calculan la renta como si tuviera 65—, el BSE estaría perdiendo por esa renta unos $ 181.391. Estos “sobrecostos” para la aseguradora estatal se vuelven “descomunales” si aumenta la cantidad de años bonificados o la edad de jubilación del usuario, señala.

    Esos escenarios hacen “obvio” por qué “el negocio de las rentas vitalicias es tan deficitario para el BSE y por qué no hay interés por parte de las aseguradoras privadas. Si bien el BSE considera insuficiente el tope de 0,75% para gastos administrativos, la solución no es aumentar el monto que puede cobrar la aseguradora, sino arreglar los problemas de fondo que causan estas pérdidas. Si se agranda el tope para gastos administrativos, algunos usuarios seguirán siendo beneficiados a costas de otros usuarios y las mismas aseguradoras”, según el Ceres.

    Propuestas

    Entre otras ideas, propone incorporar en la reforma del sistema una “fase transicional” en la que el trabajador puede acogerse a partir de combinar edad y años de trabajo para jubilarse (en ese momento o a partir de entonces cuando lo quiera), sin considerase como retiro. La persona cobraría un pago mensual denominado cupones FARO (“Fruto Adelantado de Retiro Opcional”), un nombre distinto al que le había dado a este instrumento en un documento anterior (Búsqueda N° 2.084). El Ceres plantea que los fondos para esos cupones se generen con ahorro voluntario y adicional al obligatorio, pero con la garantía de que el afiliado podrá gozar de su capitalización a determinada edad, sin tener que jubilarse para ello.

    Este instrumento podría estar vinculado a una modalidad de inversión, como se utilizan en otros países, bajo la denominación de Bonos Selfie (títulos de ingreso en retiro indexados a estándares de vida), pensados para generar renta en la etapa poslaboral.

    También sugiere incorporar esquemas de “retiros programados”.

    Frente a la nula competencia en el mercado de rentas vitalicias, plantea que el gobierno ofrezca swap de Unidad Indexada (que ajusta por inflación) a Unidad Previsional (atada a la evolución de los salarios medios) o alternativas similares.

    “El correr del tiempo empeora la situación, a medida que se incrementan los montos asociados al fin de la etapa de acumulación. La acción debe ser urgente”, remata el Ceres en su documento.

    Economía
    2021-04-07T19:26:00

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