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El Plan Invierno de este año, implementado por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), previó la existencia de 2.070 cupos en refugios para recibir a personas en situación de calle. Y si bien este mecanismo tradicional continuará como la principal opción entre las medidas que aplica para atender el problema, el gobierno comenzó a implementar dos planes piloto que suponen otorgar viviendas a personas sin hogar.
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En un caso las personas ingresan a una vivienda “compartida”, mientras que en el otro el Estado paga el alquiler y otorga dinero para que las familias puedan comprar alimento y productos de higiene. Estas propuestas, sostiene el Mides, tienen un “menor costo” que los centros abiertos las 24 horas con los que cuenta el Estado.
“Nosotros vemos que tenemos algunas poblaciones para las que el principal problema para acceder a una solución habitacional son sus ingresos, que son insuficientes. Se trata de gente mayor que tiene pensiones y jubilaciones muy bajas. A esas personas hay que encontrarles un formato de mayor autonomía, antes que el refugio. El otro caso típico son las mujeres con niños, que se quedan a cargo de sus familias por casos de violencia de género y los ingresos que tienen no son suficientes”, explicó Eleonora Bianchi, directora de Protección Integral en Situaciones de Vulneración del Mides.
Para este tipo de población sin hogar, el Mides presentó la semana pasada durante un seminario internacional sobre personas en situación de calle las experiencias piloto Alzaibar e Incubar.
El plan Alzaibar trata de una “vivienda compartida” ubicada en Ciudad Vieja destinada a personas solas que pasaron por centros nocturnos y no tienen perspectivas de irse a un lugar propio. La experiencia involucra a 40 personas que deberán convivir compartiendo baños y dos cocinas.
“Tenemos una población de personas de más de 50 años que muy probablemente nunca se pueda independizar porque no tiene recursos. En esa línea, mucha gente que tiene algún tipo de ingresos, una pensión a la vejez, una pensión por enfermedad o por alguna discapacidad, no tienen posibilidades de pagarse un alquiler o una pensión”, dijo Bianchi.
A fines de mayo, el Mides presentó el último censo de la población en calle. El censo, realizado el 9 de abril de este año, contabilizó un total de 2.038 personas en situación de calle de las cuales 1043 se encontraban a la intemperie y 995 en refugios del Mides. Respecto al censo de 2016, se registró un aumento del 18,4% .
Con esta medida se busca potenciar la “autonomía” de la persona, explicó Cecilia Molina, jefa del Programa Calle del Mides. Reconoció que este sistema se puede parecer al de un refugio, pero aclaró que a los dormitorios como máximo pueden ingresar cuatro personas y que las camas son individuales y no cuchetas.
“Las personas que ingresen, se tienen que hacer cargo de la gestión de la vida cotidiana, costear la alimentación, además del mantenimiento e higiene del centro”, dijo Molina.
El grupo de personas que vive en el edificio desde el jueves 1° tiene un ingreso económico mínimo (ya sea formal o informal) de $ 5.000 que les permite sostener su vida cotidiana con un apoyo mínimo del Mides. El Estado tendrá un equipo “mínimo” en el centro para seguir a las personas que vivan allí: un coordinador, referentes sociales para “apoyar en la convivencia colectiva”, dijo Molina.
La segunda experiencia es Incubar, que consiste en casas para familias, con la prioridad para mujeres solas con hijos. Este programa piloto ya comenzó a funcionar con tres familias. En este caso, el Mides da el amoblamiento, el alquiler y el soporte para víveres a través de la Tarjeta Uruguay Social (con $ 5.000) y $ 10.000 como apoyo alimentario extra.
Las autoridades trabajan en una experiencia similar con otras 10 familias. En este caso hay un convenio con la Intendencia de Montevideo, que aportará la finca. El Mides aporta la tarjeta social y el apoyo alimentario.
Juan Carlos Gómez, jefe del Programa para Mujeres con Niños, Niñas y Adolescentes a cargo, explicó que la filosofía de esta medida es pensar que para que una madre con sus hijos pueda tener un espacio “autónomo” necesariamente “necesita tener las condiciones materiales para que eso suceda”.
Agregó que esas familias son visitadas por el Mides para la ayuda en la “gestión de la vida cotidiana”.
Gómez comentó que el Mides se encontró con dificultades para encontrar casas para este plan. Es que el mercado inmobiliario es “resistente a alquilar a proyectos Mides. Esto nos creó un desfasaje en los tiempos entre planificación y efectivizar lo planeado”.
Gómez aclaró que este programa, con el pago de alquiler, del mobiliario y los apoyos, “sale tres veces menos que pagar un centro de 24 horas”.
Según datos del Mides, el costo en un refugio es de $ 600.000 al año per cápita. El gasto por Incubar es de $ 400.000 al año per cápita.
“Esta solución no es permanente, es parte de un proceso en el que la vamos acompañando para que pueda resolver por sí o acceder a contratos de alquiler subsidiado por el Ministerio de Vivienda”, dijo Bianchi.
A fines de mayo, el Mides presentó el último censo de la población en calle. El censo, realizado el 9 de abril de este año, contabilizó un total de 2.038 personas en situación de calle de las cuales 1043 se encontraban a la intemperie y 995 en refugios del Mides. Respecto al censo de 2016, se registró un aumento del 18,4% .
Proyecto
Mientras el Mides trabaja en estos programas, el viernes 26 la Vertiente Artiguista presentó ante la Mesa Política del Frente Amplio un proyecto de ley que establece la prohibición de dormir en la calle y que las personas deban ir a los refugios, según publicó el portal Ecos el lunes 29.
La propuesta establece que en caso de que la persona se niegue a abandonar la calle, se dará cuenta al juez de turno que ordenará la conducción al refugio más cercano, bajo “apercibimiento de desacato”.
Consultada la directora Bianchi por este proyecto, prefirió no opinar del contenido.
