Mientras Uruguay aún debate qué normativa de ciberdelito adoptar, la Unión Europea alerta que esa práctica ya supera al narcotráfico

La conclusión es la misma que transmitió un equipo de la Unión Europea (UE) al gobierno uruguayo durante una visita a Montevideo esta semana. Tras firmar un acuerdo que sumó a Uruguay a un proyecto para coordinar actividades de ciberseguridad en la región, los especialistas europeos brindaron una conferencia el martes 15.

“Todavía hay muchas vulnerabilidades en tecnologías de la información y en tecnología operacional, todavía existe la forma de explotar los productos de software y todavía hay muchas dificultades para la rastreabilidad y la persecución del cibercrimen”, agregó Marcel Gerardino De Castro, experto en seguridad cibernética con experiencia en concientización cibernética.

Mientras mundialmente suenan las advertencias sobre la fragilidad de los países para enfrentar este fenómeno, los legisladores uruguayos aún debaten qué tipo de ley es necesario votar primero en el Parlamento.

La Comisión de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Cámara de Representantes tiene a estudio un proyecto de ciberdelitos, impulsado principalmente por el diputado de Cabildo Abierto, Sebastián Cal. En una de las últimas reuniones de coordinación del año pasado, ese partido comunicó su intención de que se tratara la iniciativa antes de finalizar el año, pero esta postura no fue respaldada por el resto de los partidos, que consideran que la normativa propuesta todavía está “verde”.

Consideran que, antes de ser votada, debe tener en cuenta posibles modificaciones procesales que por el momento no han sido previstas. Para eso, aseguraron, serán claves los aportes que puedan brindar en la comisión la Fiscalía General de la Nación y el Poder Judicial.

Cal propuso la votación por considerar que el país está en una “zona roja” con el tema, y mantiene actualmente su posición de que la falta de legislación implica “un riesgo inminente”.

Más allá del debate por aspectos técnicos, otros legisladores del oficialismo entiende que, antes de aprobar esta norma, es necesario concretar el ingreso de Uruguay al Convenio de Budapest. Rodrigo Goñi, diputado del Partido Nacional, por ejemplo, esperaba que la adhesión ya estuviera definida el año pasado. Elaborado en 2004 por el Consejo de Europa pero abierto al mundo, el Convenio de Budapest cuenta actualmente con 64 miembros, entre ellos varios países latinoamericanos. Es un tratado internacional que busca atacar los delitos informáticos mediante la armonización de leyes, la mejora de las técnicas de investigación y el aumento de la cooperación internacional.

Uruguay no necesita votar una ley para adherirse al convenio. Podría hacerlo mediante una invitación o enviando una carta al Consejo de Europa para entrar como miembro observador. Sin embargo, legisladores oficialistas consultados para esta nota dan por descontado que el Poder Ejecutivo enviará un proyecto legislativo para concretar la incorporación.

Ante un eventual ingreso de Uruguay al Convenio de Budapest, el Consejo de Europa realizará una evaluación donde tendrá en cuenta factores como la legislación nacional, pero no únicamente lo que exista en materia de ciberdelitos, sino todo el marco normativo del país. En ese aspecto, quienes han estudiado el tema creen que Uruguay no tendría inconvenientes porque cuenta con legislación sólida de protección de datos y acceso a la información pública.

A diferencia de varios de sus colegas, Cal considera que si la meta es adherir a un convenio como el de Budapest, antes es necesario tener algún tipo de “reciprocidad” con los países que lo integran y “cooperar” con ellos en el combate al ciberdelito. “¿Y con qué vas a cooperar si en realidad no tenés nada?”, se preguntó en referencia a la falta de una ley sobre ciberdelitos.

Fuentes del gobierno reconocieron a Búsqueda que una ley sobre ciberdelitos puede posicionar “mejor” la entrada de Uruguay como miembro pleno del Convenio de Budapest.

La Dirección de Asuntos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores es la encargada de gestionar la posible solicitud de ingreso de Uruguay. Allí se abrió un expediente que luego circuló entre distintos organismos considerados competentes en la materia para recabar sus opiniones. Varios de ellos, como el Ministerio del Interior, respaldaron la iniciativa por entender que los delitos informáticos involucran a varios países y ser parte de un acuerdo global posibilitaría la articulación de esfuerzos para una respuesta más eficaz. El Ministerio de Defensa Nacional todavía no dio una posición definitiva, aunque varios de sus especialistas elevaron informes favorables a consideración del ministro Javier García.

Una vez que se terminen de recabar las posiciones, la Dirección de Asuntos Multilaterales espera convocar una reunión con todos los organismos para definir los pasos a seguir.

Aunque sumarse al Convenio de Budapest es un paso positivo para el país para enfrentar la ciberdelincuencia, los expertos advierten que los criminales están varios casilleros adelante. Gerardino De Castro, quien desde la UE asesora a varios grupos objetivo como diplomáticos, dijo que su experiencia trabajando en respuestas ante incidentes de ciberseguridad muestra que “la robustez del marco legal no es un disuasivo” para los grupos de crimen organizado atrás de este tipo de delitos.

“El marco legal, si hay cooperación, el Convenio de Budapest..., nada de eso lo toman en cuenta. Lamentablemente no es parte de su planificación para decidir qué hacer o qué no hacer y cómo cuidarse. Lo que yo he visto es que eso no es ningún tipo de disuasivo”, afirmó.