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Preocupado porque la desaparición de personas pueda estar relacionada con el tráfico internacional de niños por parte de organizaciones criminales que los cooptan para el trabajo infantil esclavo, la prostitución infantil y la adopción ilegal, el Mercosur impulsa la creación de un registro de personas desaparecidas entre sus países miembro.
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Un documento firmado por los ministros de Interior del bloque sostiene que la ausencia de personas es un “problema común” en la región que se profundiza por las fronteras porosas y la falta de comunicación entre autoridades y funcionarios aduaneros. El documento —al que accedió Búsqueda—, lleva la firma de Luis Alberto Heber e insta a Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay “a cooperar entre sí en el tema de la desaparición de personas, personas y/o restos humanos de identidad desconocida, y sus consecuencias” y a establecer un trabajo mutuo “para el intercambio metodológico, de información y de experiencias exitosas, que den cuenta del fenómeno de la desaparición de personas en el área de cobertura del Mercosur”.
El proyecto se sostiene en el ya existente Sistema de Intercambio de Información de Seguridad del Mercosur (Sisme), una plataforma de comunicaciones que garantiza el flujo en tiempo real de datos sobre ciertos delitos.
La idea de un registro regional fue planteada durante la última reunión de ministros del Interior y de Seguridad del Mercosur, organizada en Brasilia, en donde la Policía Nacional hizo una presentación de su Departamento de Registro y Búsqueda de Personas Ausentes, dependiente de la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol.
Además de explicar el organigrama, la misión, los objetivos, el tipo de intervención y la metodología para su trabajo, esta división de la Policía informó que recibe aproximadamente 372 denuncias por mes, que incluyen a personas ausentes, averiguación de situación y de paradero y fugas del Instituto del Niño y el Adolescente, de hospitales y del hogar. De 25.943 denuncias recibidas de 2004 a 2021, 25.597 fueron cerradas y 346 continúan en investigación.
El proyecto del Mercosur se da en un contexto particular a nivel nacional, cuando el tema es de frecuente discusión en el Parlamento. A inicios de mayo el diputado blanco Álvaro Rodríguez presentó un proyecto de ley para aplicar en Uruguay la Alerta Amber (America’s Missing Broadcast Emergency Response), con el fin de comunicar en forma inmediata y eficiente la ausencia de niñas, niños y adolescentes.
“En un país en el que estamos a dos horas de frontera seca y donde tenemos ciertas dificultades en lo que tiene que ver con esa frontera, la aplicación de este sistema permitiría una comunicación eficiente, rápida, a partir de la cual se emita una alerta de manera uniforme, con ciertos parámetros identificados, coordinados entre diferentes organismos, notificando a todos los puntos de frontera, a los aeropuertos, a los peajes”, aseguró el diputado en la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Representantes.
El proyecto de ley de Rodríguez también prevé que las compañías de teléfono manden un mensaje de texto con la alerta de manera temprana y que la Policía incorpore un software de envejecimiento facial, tecnología con la que Uruguay no cuenta. Su propuesta no es la única que se debate en el Poder Legislativo. La Cámara de Diputados también tiene desde el año pasado un proyecto de ley de la representante colorada Nibia Reisch que plantea la impresión de fotografías de personas desaparecidas en envases de cartón de un litro de industria nacional.
La idea de Reisch cuenta con el apoyo del Ministerio del Interior, que en su interna ya instauró cambios para mejorar la búsqueda e investigaciones sobre personas ausentes. El año pasado la secretaría de Estado elaboró un protocolo de actuación que busca aumentar la organización entre las unidades policiales y obliga a enfocarse en obtener la mayor cantidad de información sobre la víctima, incluidos factores de riesgo que estén relacionados a casos de trata de personas. La premisa inicial del protocolo ordena a los policías del Departamento de Registro y Búsqueda de Personas Ausentes a no demorar el comienzo de una investigación, ya que solía creerse erróneamente que deben transcurrir 24 horas para que una denuncia por desaparición sea recibida.
A escala policial, el trabajo sobre personas ausentes se profundizó a partir de 2019, cuando el Departamento de Registro y Búsqueda de Personas Ausentes obtuvo autorización para desarrollar un banco genético de familiares de personas ausentes, que es confrontado con la base de datos de restos humanos sin identificar que hay en Policía Científica. En 2020 se identificaron por primera vez restos humanos de una persona ausente a través de este mecanismo: el cuerpo de un hombre que fue hallado por un pescador en una cantera de Canelones.
Durante la reunión en Brasilia, los ministros del Mercosur acordaron instituir campañas nacionales para recolectar ADN de familiares de personas desaparecidas y de restos humanos con identidad desconocida y compartir esos datos entre los Estados parte. Al igual que otros proyectos en discusión dentro del bloque, la creación de un registro regional de personas desaparecidas ha estado en el horizonte desde hace al menos cinco años pero sin avances concretos. En 2017 el Parlamento del Mercosur advirtió que “la desaparición de personas o la demora en su identificación constituye una situación desesperante para sus familias” pero que “las dependencias estatales no buscan coordinadamente ni bajo un protocolo único de actuación”, un hecho agravado por el creciente número de migrantes sin documentos que llegan a la región.
