Con el inicio del censo de 2023, entre 8.000 y 10.000 censistas recorrerán el país completando un formulario para relevar las características de la población uruguaya. La contratación de esos trabajadores la realizó el Instituto Nacional de Estadística a través de un convenio con la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), que será la encargada de liquidar el sueldo de los contratados temporales.
El convenio de la CND con el INE resume una de las líneas de trabajo de esta entidad de derecho público no estatal: es una “herramienta para la mejora de la gestión del sector público”, que se financia cobrando una comisión a las oficinas públicas con las que colabora. La corporación —cuyo accionista principal es el Ministerio de Economía (MEF) y el minoritario es el Banco República— tiene 77 convenios activos firmados, de los cuales 21 fueron acordados en 2022; entre 2020 y 2021 hubo 30. “El uso de la CND como herramienta para mejorar la gestión ha sido importante”, dijo a Búsqueda su presidente, José Luis Puig, al presentar estos números.
Los organismos públicos tienen más en cuenta a la corporación que en años anteriores, consideró. “El resultado es este porque le damos una buena ayuda. La CND es una herramienta potente”, agregó el jerarca.
La otra gran línea de trabajo de la CND está vinculada al desarrollo de la infraestructura. El gobierno definió un plan de obras viales “agresivo” y esta entidad es la encargada de “conseguir el financiamiento”, una tarea que ha significado un “desafío importante”, según Puig.
A través de Corporación Vial (CVU) —sociedad que controla en un 100%—, la corporación estudia cuál es la mejor manera de financiar el plan al que el gobierno tiene previsto destinar US$ 3.300 millones. Paralelamente, el Poder Ejecutivo extendió en 2021 la concesión con la CVU para el mantenimiento de rutas y puentes y la administración de peajes.
“El plan es más exigente porque creció y entonces necesitamos fuentes de financiamiento. La ampliación de la concesión le asegura a un potencial inversor, sea cual sea, un flujo cierto de acá al 2051”, señaló.
Puig destacó que la CND también fue “activa” en el armado del proyecto y la licitación para la construcción de una cárcel en Libertad. “Actúan también la OPP, el Ministerio del Interior y el MEF, pero de última el que puja el lápiz —o el que aprieta los teclados— es la gente de la CND. Cumplimos con un rol importante y somos los que coordinamos el tema con el resto”, dijo. Lo mismo sucede con otros proyectos, como la construcción de la planta potabilizadora de agua de Arazatí.
Por otro lado, a través de Conafin —la administradora de los fideicomisos—, la CND incrementó su vínculo con las intendencias departamentales, que pasaron a tener un “rol muy activo”. A los acuerdos con Montevideo y Canelones se les sumaron los gobiernos de Rocha, Lavalleja y Flores y otro con el Congreso de Intendentes. La Corporación Nacional Finanaciera (Conafin) administra 22 fideicomisos.
El balance de la CND dio un resultado positivo de $ 588 millones en el ejercicio pasado, frente a los $ 419 millones de 2021.
Ser agencia
La Cámara de la Construcción presentó al gobierno una propuesta para que la CND sea una agencia de infraestructura. Esta necesidad la comparte el gerente general de la corporación, Sergio Fernández, quien considera que esa oficina podría cumplir con el rol de planificar obras más allá de una administración.
El presidente de la CND dijo que el organismo ya se encarga de hacer parte de las tareas de una agencia de infraestructura, pero consideró que le “faltaría una pata” porque no tiene la “iniciativa” para desarrollar las políticas públicas.
“La CND pasaría a opinar qué inversiones debería hacer el país y en qué áreas. Por lo menos a analizar, aunque después lo aprobaran otros. Pero ese no es el objeto” hoy, explicó Puig.
Desarrollo ferroviario
Además de ser accionista de la CVU y de la Conafin, la CND controla la Corporación Ferroviaria del Uruguay (CFU). También tiene el 49% de las acciones de Servicios Logísticos Ferroviarios (Self), responsable del transporte de carga por las vías, y el 1,39% de Interconexión del Sur.
Durante la construcción del Ferrocarril Central —ahora en su etapa final—, la CFU se encargó de la supervisión de la obra realizada por la concesionaria Grupo Vía Central. Una vez terminada, la CFU supervisará el mantenimiento de la vía.
El Ministerio de Transporte (MTOP) analiza que la CFU amplíe su malla ferroviaria y tenga un “esquema parecido” al que tiene la CVU con las rutas, es decir, que se encargue del mantenimiento del resto de la red ferroviaria, informó Puig. Para concretarlo, dijo, se tendrían que definir “cuáles serían los ingresos” que va a tener la CFU. Se podría establecer un subsidio o cobrar un canon, comentó este jerarca, que aclaró que la definición corresponde al MTOP.
En 2022, Self —propiedad en un 51% de AFE— se encargó del transporte de cemento en la línea a Minas para Ancap y de rolos en la línea hacia Rivera. Esta empresa es deficitaria y la CND contratará una consultoría para analizar opciones a futuro.
Algunos privados expresaron interés en asociarse a esta empresa —hay “muchas iniciativas”, según Puig—, pero el gobierno no tomará una definición hasta después de tener los resultados del estudio. “En este momento, Self no está en condiciones (de asociarse) porque está en una mala posición. Entonces, estás en desventaja para hacer cualquier tipo de acuerdo”, sostuvo.
El jerarca señaló que, una vez terminada la obra del Ferrocarril Central, se deberá definir una propuesta de Self. “Tiene muchos activos: un taller importante y distintas locomotoras, aunque ninguna adecuada a la nueva vía. A lo mejor la solución es comprar una locomotora nueva para que pase por ahí”, agregó.
Voz verde
Un vínculo que se forjó hace relativamente poco es el de la CND con el Ministerio de Ambiente. El pedido de la secretaría de Estado fue para que el holding tenga un rol “central” para acceder al financiamiento de los “fondos internacionales climáticos”, dijo a Búsqueda la coordinadora del programa de Ambiente y Clima de la corporación, Luciana López.
La CND pretende ser una “entidad acreditada” de dos fondos internacionales relacionados a temas ambientales —el Fondo Verde del Clima y el de Adaptación al Cambio Climático— y está en proceso de lograr esa nominación. Ello implica que sería el organismo uruguayo con un “vínculo directo” con esos fondos internacionales.
“Si Uruguay no tiene entidades acreditadas, tiene que acudir a través de otros intermediarios, como los organismos internacionales. En este caso, nos da una voz directa del país en estas entidades globales”, comentó López.
Cuando un organismo uruguayo presenta una propuesta, la CND hace un análisis para definir si el plan está “alineado” a los criterios de inversión de los fondos. Si lo está, los técnicos empiezan a “darle forma” para que el plan cumpla con los requisitos. A su vez, el Ministerio de Ambiente tiene que asegurar su “no objeción” al proyecto.
La CND trabaja junto con Ambiente en la estructuración de cinco proyectos de distinto porte, desde US$ 500.000 a US$ 50 millones. “Estamos ayudando en el armado, sobre todo cuando requiere un fideicomiso, en la estructura de gobernanza y en encontrar la forma de una gestión más adecuada”, detalló López. La cartera de “estructuración” suma US$ 89 millones.
