En 2005, el presidente venezolano Hugo Chávez consideraba que obtuvo “la hoz” al ocupar la presidencia de la Comunidad Andina y que su par uruguayo, Tabaré Vázquez, recibió “el martillo” al asumir la presidencia pro témpore del Mercosur. Entonces, Chávez creía que lo único que falta es “cruzar la hoz y el martillo” para forjar un “modelo socialista”.
La frase, plasmada luego en varios acuerdos, donaciones y negocios entre ambos países, refleja la alianza económica e ideológica que se generó desde ese momento y que se mantuvo férrea durante todos estos años, incluso cuando ex miembros del gobierno, como el actual secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, condenaron la situación política del país caribeño.
El quiebre se dio luego de que el 29 de marzo el Tribunal Superior de Justicia de Venezuela disolviera la Asamblea Nacional de ese país por “desacato”, un hecho que fue condenado por la inmensa mayoría de los países de la región.
Uruguay resolvió esperar hasta el 31 de marzo para emitir su posición al respecto. Si bien no hizo una declaración individual, el gobierno suscribió la posición de la Unión Sudamericana de Naciones (Unasur), que condenó el hecho.
Un poco más complicado fue el proceso del partido de gobierno (Frente Amplio), donde tras una sesión de más de tres horas se alcanzó una resolución por mayoría que admite la “desestabilización del orden institucional”.
“Tapa la boca”.
Para la oposición estas idas y vueltas tienen una causa clara: la estrecha relación entre ambos países.
El senador blanco Luis Lacalle Pou hizo alusión al tema en su audición radial de esta semana. “Hay una complicidad que tapa la boca, compromisos que nos hacen callar y no nos plantan bien para el futuro como nación en las relaciones exteriores. En el presente tenemos que actuar, y esta agresión del señor Maduro no es aceptable. No porque estemos de acuerdo o no con Vázquez o su gobierno, no es aceptable porque es el gobierno del país. No ha actuado como debería actuar, pero no podemos permitir que un mandatario extranjero agreda a los gobernantes legítimamente electos en el país. Digamos Venezuela con v corta, la v de la verdad”, sostuvo.
Por su parte, fuentes de Cancillería dijeron a Búsqueda que la posición uruguaya no se demoró por los negocios entre ambos países sino que se pretendió tomar un decisión meditada y que aun así la postura fue “fuerte” y en conjunto con el Mercosur.
“La situación era delicada y correspondía tomarse un tiempo. Nada tienen que ver los negocios”, dijo uno de los informantes.
Desde Unidad Popular, en tanto, también critican al Frente Amplio, pero porque “lejos de estar agradecido y corresponder la solidaridad recibida por el gobierno bolivariano, tiene una posición oscilante”.
Negocios y ayudas.
La “solidaridad” a la que hace referencia Unidad Popular está vinculada a varios negocios y donaciones que desde el 2005 existieron entre Venezuela y Uruguay.
Apenas asumido en su primer mandato, el presidente Vázquez firmó con su par venezolano Chávez un muy provechoso acuerdo de venta de petróleo en el que Pdvsa, empresa estatal productora de petróleo venezolana, vendería crudo a Uruguay financiando 25% del costo a 15 años con una tasa de interés fija a corto plazo del 2% anual y con una gracia de dos años. El restante 75% podría ser abonado por Ancap a 90 días sin intereses.
Ese pulmón financiero le permitió a Ancap realizar numerosas inversiones durante los años que duró el acuerdo. Otro “favor” que Pdvsa le hizo a Ancap fue en 2006 con la compra de la mitad de las estaciones de Ancap en Argentina por U$S 15 millones.
Pdvsa también participó con capitales en la formación de Alcoholes del Uruguay (Alur), inicialmente con una participación del 5% y luego la aumentó a 10%.
Venezuela también intervino en el mercado financiero uruguayo. La cooperativa Cofac atravesaba serios problemas y terminó siendo suspendida por el Banco Central (BCU) en dos ocasiones, la última en marzo de 2006. Ahí entró en escena el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes).
Con la autorización de Chávez, el Bandes “en aras de los postulados de la integración de la República Bolivariana de Venezuela” resolvió integrar la Cooperativa con U$S 10 millones. En mayo de 2006 iniciaba los trámites para abrir la primera sucursal.
Tras varios años de capitalizaciones millonarias en dólares, el Bandes está en una situación “estable” aunque es vigilado de cerca por las autoridades del BCU, ya que sigue dando pérdidas.
Problemas y denuncias.
Junto a los acuerdos entre los gobiernos, también hubo un incremento en el intercambio comercial entre los países, impulsado principalmente por un fideicomiso entre Pdvsa y Ancap para que empresas estatales venezolanas concretaran negocios con firmas, públicas o privadas, uruguayas.
Con este mecanismo, las empresas estatales venezolanas podrían pagar contra ese fondo las compras de bienes y servicios que realizaran a empresas públicas o privadas de Uruguay.
En 2007, Fucvam denunció corrupción en el acuerdo entre Venezuela y la empresa uruguaya Umissa para el suministro de casas prefabricadas por un valor inicial de U$S 156 millones. (Búsqueda Nº 1.421)
Ese mismo año, Javier Vázquez, hijo del presidente Vázquez, gestionó uno de los negocios, vinculado al área informática y concretado por el mecanismo de pago en especies de la factura petrolera con Venezuela. La operación, informó “Brecha”, ascendió a U$S 59 millones. En 2008, Javier Vázquez tuvo que declarar ante la Justicia penal ante una denuncia del entonces diputado colorado Washington Abdala por un supuesto “tráfico de influencias”.
En agosto de 2009 dirigentes blancos también denunciaron una millonaria exportación de libros a Venezuela por parte de una empresa uruguaya que durante el primer semestre de ese año elaboró material bibliográfico por menos de U$S 500.000 y lo exportó a Venezuela por más de U$S 32 millones. (Búsqueda Nº 1.523)
El revuelo de esa investigación hizo que Chávez suspendiera un viaje a Uruguay pautado para esas fechas.
Los negocios con Caracas durante el gobierno de Mujica también generaron controversias, y la negativa a crear una comisión investigadora por estos temas provocó la primera fractura en el oficialismo, con la disidencia del entonces diputado del Frente Amplio Gonzalo Mujica.
Uno de los temas que no se investigaron en el Poder Legislativo pero fue llevado a la Justicia fue el de la empresa Aire Fresco, propiedad de Omar Alaniz, vinculado al MPP, que ofició como intermediaria en varias de las millonarias ventas de arroz y pollos a Venezuela y por las que cobró comisiones.
Información Nacional
2017-04-06T00:00:00
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