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En paralelo a la preparación de la Rendición de Cuentas, el Ministerio de Economía (MEF) avanza en la conformación de la nueva institucionalidad fiscal aprobada en la Ley de Urgente Consideración (LUC): ya tiene casi listo el decreto reglamentario y va recibiendo respuestas —algunas negativas— para integrar el Consejo Fiscal Asesor (CFA) y un Comité de Expertos. Aspira a que esos ámbitos, “independientes del gobierno de turno”, sean parte de una “política de Estado”, declaró a Búsqueda la directora de Política Económica de la cartera, Marcela Bensión.
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Esa nueva institucionalidad se sustenta en tres “pilares”: el resultado fiscal estructural, el tope de gasto asociado al Producto Bruto Interno (PBI) potencial y el límite al endeudamiento neto. La idea es “dotar de transparencia a la gestión de las finanzas y darles estabilidad a las políticas públicas”, en particular las sociales, explicó.
Son cinco artículos de la LUC bajo el capítulo “regla fiscal”, que primero definen como su ámbito de aplicación a la administración central y a las entidades estatales comprendidas en el artículo 220 de la Constitución. Establecen también una “meta indicativa de resultado fiscal estructural” que debe determinar el Poder Ejecutivo en el marco del proyecto de la ley de Presupuesto; para cada año, dicho resultado será el que surja de la “corrección del balance efectivo respecto de aquellas partidas que correspondan exclusivamente a la fase expansiva o recesiva del ciclo económico u otras de naturaleza extraordinaria conforme establezca la reglamentación”. Además, para un escenario que hoy parece lejano, la LUC previó la creación de un “fondo de estabilización” en “caso de existir excedentes fiscales” y con el objetivo de financiar políticas “en fases recesivas del ciclo económico”.
Comités
Para “fortalecer” la institucionalidad fiscal, el Poder Ejecutivo debe designar, por un lado, un Comité de Expertos cuya función principal será proveer los insumos para realizar los cálculos del balance estructural. Serían en el entorno de siete y hasta un máximo de 15 —aunque la cifra podría variar— con una participación que Bensión asimiló a las encuestas de expectativas que hace el Banco Central, en este caso con estimaciones sobre el PBI potencial, las expectativas de crecimiento del factor trabajo, del capital y la productividad.
Además, se está convocando para integrar el CFA, también con carácter honorario, para “velar por las estimaciones del resultado estructural y asesorar sobre la metodología del PBI potencial, la brecha de producto y las partidas extraordinarias”, explicó.
“Este tema de políticas de Estado tiene que estar asociado a una solvencia técnica” y el aspecto “ideológico no nos parece que tenga que estar sobre la mesa”, enfatizó la jerarca. Se busca que los miembros de estos comités den una “discusión técnica sobre la sostenibilidad de las finanzas”.
Los consultores Pablo Rosselli, por motivos personales, y Javier de Haedo— rechazaron el ofrecimiento para sumarse al CFA, mientras que Alfonso Capurro (CPA/Ferrere) dio, en principio, una respuesta afirmativa, dijeron a Búsqueda varias fuentes consultadas. También una mujer aceptó uno de los tres cargos, que tendrán, en esa fase inicial, un mandato de dos, tres y cuatro años para que haya una “transición escalonada” y evitar la rotación de todos a la vez, dijo Bensión. Después los períodos serán de cuatro años. Otro invitado fue Aldo Lema (Vixion Consultores).
La funcionaria no quiso hablar de nombres en esta etapa del proceso de la convocatoria. “Estamos en un ida y vuelta, sin plazo definitivo. Lo importante es hacerlo bien, conversar con los potenciales candidatos”, resaltó. “Esto no quiere decir que no tengamos urgencia y eso el gobierno lo ha dicho bien claro”, añadió.
Para la elaboración de informes y actas, por ejemplo, el CFA se apoyaría con un secretario ejecutivo pagado con cooperación del Banco Interamericano de Desarrollo. El comité tendrá que entregar dos informes al año, uno con cada Rendición de Cuentas y otro en torno a febrero, cerrado el año fiscal. Bensión dijo que la intención es que el grupo esté actuando en el segundo semestre de este año y que presente su primer reporte en febrero del 2022.
Desde la izquierda y algunos ámbitos académicos plantean dudas sobre estas innovaciones para Uruguay. Por ejemplo, bajo el título La nueva y marketinera institucionalidad fiscal, los economistas Braulio Zelco, Federico Araya y Martín Vallcorba —exfuncionario del MEF y actual asesor del senador frenteamplista Mario Bergara— escribieron en setiembre de 2020 en la diaria: “Al hilar fino a uno se le viene a la memoria cuando de niño comía un copo de algodón y, al morderlo, desaparecía en la boca, quedando la sensación de que estaba consumiendo la nada misma”.
