Ministerios de Desarrollo Social del Mercosur pretenden abandonar las políticas asistencialistas que generan “dependencia” del Estado

En el prólogo del libro, el ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva afirma que el Mercosur tiene que dedicarse “cada vez más” a los sectores más pobres “implementando políticas regionales capaces de responder a sus necesidades de bienestar”. “Solamente la libre circulación de bienes, servicios y capitales no es suficiente para sostener la integración económica y, al mismo tiempo, superar la fractura social que persiste en la región. La armonización y coordinación de las políticas públicas de protección y promoción social se han convertido en un requisito obligatorio para el desarrollo regional”, sostiene el ex mandatario.

Dinero a los pobres.

Uno de los planteos del ISM en el libro es que la reducción de la brecha social “no puede ser sola y exclusivamente producto de la aplicación de políticas sociales”, ya que van de la mano de “medidas tendientes a reducir la presión fiscal sobre los sectores sociales vulnerables”. Sostiene que es “necesario incorporar al diseño de políticas socioeconómicas un nuevo sesgo anticíclico de inversión social”, en especial orientada hacia los grupos de menores ingresos.

El ISM destaca como una de las “innovaciones” la implementación de transferencias de renta condicionada. Esta transferencia no supera el 1% del PBI, aunque tienen “un peso considerable” dentro del Gasto Público Social. Estos programas de transferencia de dinero “tuvieron impactos significativos en la reducción de la extrema pobreza y, en menor medida, en el descenso de la tasa de pobreza.(...) Sin embargo, no fue importante el impacto en la brecha social, aun cuando aquellos contribuyeron de alguna manera a la disminución de la desigualdad social medida por el coeficiente de Gini”, explica.

Señala como una necesidad tener mecanismos de control social para “reducir las prácticas” de “clientelismo”. Por eso plantea la “desclientelización” de ese mecanismo, es decir, que el acceso a la política pública deje de estar sujeto a relaciones clientelares y se encamine a mayores niveles de universalismo.

“Se trata de romper el círculo vicioso que generan las políticas sociales asistencialistas en cuanto a la dependencia de los individuos de un Estado paternalista, cercenando toda posibilidad de emancipación y acceso a mayores umbrales de ciudadanía por parte de la población. La política social no es un conjunto de decisiones del Estado sobre los grupos que considera más conveniente intervenir”, afirma el trabajo.

Por eso dice que hay que optar por una visión de la política social que “rompa con aquellas concepciones neoliberales de la política social enfocadas en una visión utilitarista de todo social (la comunidad como receptora o depositaria pasiva de programas sociales focalizados y estancos)”.

“El desafío es revertir las concepciones de desarrollo social con un fuerte componente asistencialista, paternalista e individualista donde el sujeto es despojado de sus derechos sociales, ubicándoselo como ‘merecedor’ o ‘cliente’. Esta visión es la que debe ser superada, ya que conduce al asistencialismo; a una asistencia internacionalmente dirigida desde un paternalismo cautivo, con un fuerte personalismo que generó casi exclusivamente clientelismo político”.

Estado de bienestar.

Por otro lado, se plantea “reconstruir un nuevo Estado de bienestar” al tiempo que se refuercen “aquellas intervenciones públicas tendientes a incorporar más ciudadanos al mercado de trabajo y ampliar el sistema de la seguridad social, desarrollando programas específicos de formación continua y recalificación laboral”.

El instituto advierte que “los esfuerzos que sigan haciéndose en el campo de las políticas sociales no tendrán efectos duraderos e irreversibles a menos que se intervenga en el campo propiamente de la producción con impactos en la distribución primaria de la renta, que incluye tanto las políticas a nivel de las estructuras productivas como aquellas dirigidas a la retribución del trabajo que implica el aporte a la producción salarial o no salarial”.

“Ello significa la reformulación de los esquemas y patrones de retribución de trabajo —agrega—, la revisión de ciertos modos de producción que tienden a reproducir precisamente la pobreza y la especial promoción de los formatos y modalidades de carácter asociativo de generación de riqueza, tanto a nivel urbano como rural”.