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“Quiero detenerme un minuto para hacer una reflexión económica importante que no deseo que sea ignorada en el análisis de este proyecto de ley”, dijo, en tono profesoral, el ministro de Economía, al presentar la Rendición de Cuentas a los miembros de la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de Diputados. Danilo Astori explicó que una cosa es tener un presupuesto con alta inflación, dado que el alza sostenida de los precios minoristas “licua los compromisos que se asumen a lo largo del tiempo. En cambio, una inflación reducida desafía al presupuesto, porque aumenta su costo real”. También la recaudación de impuestos “se ve desafiada por una inflación baja”, agregó el jerarca en esa comparecencia del 29 de junio, según la versión taquigráfica.
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En un contexto de descenso de los niveles de inflación, en el primer semestre el Estado percibió, en dólares, 20% menos por concepto de “impuesto inflacionario” que en el mismo período de 2016. Este enero-junio recaudó US$ 150 millones, calculó Búsqueda.
En marzo pasado fue la primera vez desde 2010 que la inflación en períodos de 12 meses se ubicó dentro del rango establecido como meta por el gobierno (entre 3% y 7%). La tasa anual siguió bajando y fue 5,24% a julio, informó el jueves 3 el Instituto Nacional de Estadística.
Si bien la reciente desaceleración en el ritmo de aumento de los precios genera satisfacción en el gobierno —en la medida en que contribuye a la estabilidad de la economía y favorece la planificación de las inversiones—, tiene consecuencias no tan positivas en las finanzas públicas. Una de ellas es la reducción del monto recaudado por concepto del impuesto inflacionario, cuya alícuota es la tasa inflacionaria: si esta cae, entonces baja lo cobrado (asumiendo que las demás variables se mantienen constantes). Como monto imponible de este “tributo” se tomó la base monetaria restringida, definida como la emisión que se encuentra fuera del BCU más los depósitos de encaje no remunerado, remunerado y a plazo en ese organismo, menos el encaje de 100% sobre los depósitos en moneda nacional del gobierno central y el Banco de Previsión Social en el Banco República.
En el primer semestre de 2016 la inflación anual había estado en niveles de dos dígitos (a excepción de enero, que computó 9,7%) y la base monetaria restringida se incrementó 62%; entonces se recaudó el equivalente a US$ 187 millones por el efecto del alza de precios.
Por el contrario, en los primeros seis meses de 2017 se moderó el ritmo de inflación, a la vez que la base imponible del “tributo” aumentó solamente 9%. Ambos factores actuaron en el mismo sentido, disminuyendo la recaudación del impuesto inflacionario.
Su cobro muestra cierta estacionalidad; es mayor en la primera mitad de cada año que en la segunda. En períodos de 12 meses, la recaudación sumó US$ 252 millones hasta junio de 2016, mientras que totalizó US$ 179 millones en el año cerrado en el mismo mes de 2017 (baja de 29%).
Un impuesto sin ley.
Se trata de un tributo implícito pero que, a pesar de ello, tiene los mismos efectos económicos que uno aprobado legalmente. De hecho, en el primer semestre de 2017 el impuesto inflacionario recaudó más que el Imesi a los cigarrillos (US$ 125 millones) y la venta de automóviles (US$ 78 millones), y superó también lo recaudado por el IASS, que grava las pasividades (US$ 134 millones).
La recaudación de este impuesto implícito surge porque el Estado posee el monopolio de la emisión de dinero, el cual una vez puesto en circulación para financiar el déficit fiscal, tiene un determinado poder adquisitivo, el prevaleciente en ese momento. Sin embargo, a medida que transcurre el tiempo, dicho poder de compra se va reduciendo en tanto el dinero pasa a manos del sector privado de la economía y la inflación aumenta. Este mayor ritmo de crecimiento de los precios encuentra su causa, precisamente, en la emisión monetaria cuando esta no es compensada con un crecimiento del producto que pueda absorber el incremento de la oferta de dinero. En otras palabras, el ingreso para el Estado surge de la diferencia de valor en términos reales que existe al momento en que los billetes fueron impresos (y las monedas acuñadas) a cuando comienzan a circular en el resto de la economía.
