Montecon acusa de “expropiación” de clientes en su recurso contra acuerdo entre el gobierno y Katoen Natie para el puerto

Además de favorecer en forma “directa” a la empresa de la que es socio, ambas normas dictadas por el Poder Ejecutivo a fines de abril “violan” la Ley de Puertos, la Ley de Defensa de la Libre Competencia y contravienen disposiciones del marco legal que autorizó al Estado a asociarse con privados para explotar la terminal especializada de contenedores, agrega en los recursos presentados el miércoles 5 y el jueves 6 ante la Presidencia de la República y a cuyo resumen ejecutivo accedió Búsqueda. Además, afirma que ambos decretos “limitan” los derechos de “trabajo, industria, comercio y propiedad” consagrados en la Constitución de la República”.

Señala que se “limita (en los hechos, elimina) la actividad de operadores portuarios competidores de TCP; obliga a los armadores de buques, importadores y exportadores, a contratar con TCP o ir a puertos de otro país; libera las tarifas que TCP puede cobrar a los buques y gran parte de las que se cobran al comercio exterior”. Además, con las normas dictadas se “impide que otros operadores puedan tener equipamiento especializado para contenedores incluso en terminales polivalentes o multipropósito, y condicionan la existencia de otras terminales especializadas futuras a la actividad que TCP desee realizar”.

Sobre al nuevo reglamento de atraque, Montecon afirma que “otorga —sin ley habilitante y contra las leyes vigentes— el monopolio de la actividad de contenedores” a su competidor.

El monopolio

Montecon —de capitales chilenos y canadienses— argumenta que en la ley de puertos y su reglamentación se acuñó el régimen de libre competencia para la prestación de servicios portuarios y que ello no puede “borrarse” mediante decreto, como a su entender se pretende hacer con el 114. Y agrega que la excepción establecida a la restricción de otorgar nuevas concesiones, permisos o autorizaciones para la instalación y explotación de otra terminal de contenedores especializada mientras dure la concesión (hasta el 2081) es “inaplicable”. El decreto indica que ello podría suceder si se supera el 85% de la capacidad anual de la terminal especializada por dos años consecutivos. “De hecho es una simple y llana restricción para posibles futuros llamados por 60 años”, señala la empresa.

Plantea que en el anexo al acuerdo de extensión de la concesión a TCP, en el acta Nº 2 —de junio de 2020— las partes “pretenden justificar el monopolio” al señalar que las leyes de defensa de la competencia, así como varios artículos de la ley de puertos y la ley de concesión “no aplican al caso por estar ‘... en el ámbito de los servicios de interés económico general (sic)’ donde ‘no todas las actividades admiten competencia’”. Así, según Montecon, “se confiesa que el objetivo de este acuerdo es eliminar la competencia en las operaciones con contenedores en el puerto de Montevideo, esto es, constituir un monopolio a favor de TCP”. Y añade que más adelante en la misma acta se dice que “el monopolio ‘...además, conviene al interés público, ya que el 20% de las acciones de la sociedad que opera la terminal es de propiedad estatal. El Estado, así, está particularmente interesado en proteger esta inversión que le produce importantes dividendos’”. Basándose en esa afirmación “sorprendente”, la empresa fundamenta que se trata de la “explicitación de un acto de competencia desleal que constituye delito o cuasidelito civil”. Y añade: “La ANP (Administración Nacional de Puertos), que es el ente que debe asegurar la libre competencia en el Puerto de Montevideo, pacta con su socio (aprovechando su doble calidad de socio y regulador) la eliminación de una prestigiosa empresa de servicios portuarios legalmente habilitada, competidora, para obtener más dividendos como socio de una empresa privada (TCP)”. Según Montecon, “el Estado ni siquiera se garantiza el resultado querido, puesto que la ANP no pacta con su socio mayoritario la obligación de distribuir dividendos futuros”.

En el recurso pide la revocación y la “suspensión” de la aplicación de los decretos impugnados porque le genera un “grave perjuicio”, “poniendo en serio riesgo la continuidad de la empresa” y afectando además los servicios que presta a los armadores, importadores, exportadores.

Advierte que si se aplica el nuevo reglamento de atraque, “todos los buques y barcazas portacontenedores operarán en TCP” porque solo se les podrá asignar servicios del muelle público cuando la terminal esté ocupada durante 24 horas posteriores al decreto de atraque. Concluye que los “altos costos operativos y de funcionamiento no son sostenibles bajo el cambio de régimen que promueve injusta e ilegítimamente” el decreto.

Cruce de acusaciones

Mientras los recursos de Montecon se presentaban en los despachos oficiales la semana pasada, las autoridades del Ministerio de Transporte (MTOP) y de la ANP asistían por segunda vez al Parlamento para defender el acuerdo con Katoen Natie y responder las interrogantes de legisladores de la oposición.

En la mañana del martes 11, en un comunicado público Montecon rechazó e hizo precisiones sobre varias de las afirmaciones realizadas por el titular de Transporte (MTOP), Luis Alberto Heber, en el Parlamento, y en la tarde Katoen Natie contestó con otro remitido de prensa defendiendo sus posturas.

El miércoles 12, a través de la Ley de Acceso a la Información Pública, los senadores del Frente Amplio Eduardo Bonomi, Mario Bergara y Charles Carrera pidieron al MTOP y a la Presidencia de la Cámara de Senadores todos los informes jurídicos y los expedientes administrativos sobre el acuerdo que el Poder Ejecutivo celebró con Katoen Natie. Además, los legisladores de la oposición solicitan el estudio económico sobre el monto de US$ 1.500 millones de la eventual demanda contra el Estado, que el gobierno dice haber evitado.