Montevideo exigirá que apps dispongan de baño, comedor y estacionamiento para deliveries

Pero esta situación está próxima a cambiar, ya que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social comenzó a discutir internamente qué “vínculo jurídico” les compete a los repartidores, si son asalariados o independientes, para plasmarlo en un proyecto de ley, mientras que la Intendencia de Montevideo (IM) envió a la Junta Departamental una reglamentación para exigirles a Pedidos Ya, Rappi, Uber Flash y Soy Delivery que cumplan con un “estándar mínimo de condiciones” para los deliveries que trabajan utilizando las aplicaciones.

La Intendencia —a partir de una declaración jurada de las empresas— será quien reglamente las condiciones que deben cumplir y delimitará las zonas donde deberán ser instalados teniendo en cuenta la “densidad promedio” de repartidores. Los locales tendrán que contar “como mínimo” con un área de estacionamiento, un comedor y baños, señala el primer artículo del proyecto.

En caso de incumplimiento, se establecen sanciones que van desde 10 unidades reajustables (UR) por no presentar la declaración jurada hasta 350 UR por no brindar un local. Los montos aumentan en caso de reincidencias y se permite suspender el servicio hasta por dos meses.

Más allá de la exigencia a las empresas, la administración de Carolina Cosse también pretende prohibir el uso de la calzada para la “permanencia” de los repartidores siempre y cuando sean más de tres.

Desde la intendencia explicaron que esta disposición busca generar un “mínimo impacto” en el entorno tanto de los repartidores como de los vehículos que utilizan. “Es esperable y es uno de los objetivos de esta normativa que los repartidores no permanezcan en la vía pública, ya que van a contar con espacios para descanso y comedor”, respondieron en un comentario enviado por el departamento de Comunicación ante la consulta de Búsqueda.

Aunque el debate no comenzó, los deliveries nucleados en el Sindicato Único de Repartidores ya transmitieron a los ediles oficialistas que rechazan esta disposición. El presidente del gremio, Andrés Palermo, dijo a Búsqueda que ven con “preocupación” que se los quiera sancionar (de 5 UR a 10 UR) y que pretenden que se “quite” de la mira al trabajador y se coloque a las empresas.

El sector emplea a unos 4.000 trabajadores, de acuerdo a datos del sindicato.

Martín Nessi. Foto: Santiago Mazzarovich / adhocFOTOS

Derechos

En paralelo al proyecto enviado por la IM, el gobierno analiza el mejor “vínculo jurídico” de los trabajadores con las empresas para plasmarlo en un proyecto de ley.

El tema fue el centro de una mesa de diálogo realizada el viernes 29 de abril en el marco de las jornadas de extensión organizadas por la Universidad de la República y tituladas “Uberización y digitalización del trabajo. Futuro del trabajo y derechos laborales en el capitalismo de plataforma”.

Para dar contexto, el catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de la República Hugo Barreto señaló que la discusión en el mundo es si estos trabajadores son “independientes o asalariados” y aseguró que en “términos generales” la tendencia es a ratificar lo último, aunque mencionó que algunos países están tendiendo a crear un “híbrido” en el que se conceden algunos derechos que los trabajadores autónomos por sí mismos no tienen.

El inspector general del Trabajo, Tomás Teijeiro, intervino para señalar que aún no hay “nada cocinado” por parte del Poder Ejecutivo pero que Barreto había realizado una correcta descripción de los tres escenarios planteados.

“¿Nos queremos parar en una posición que reconoce lo dinámico del derecho laboral o queremos ir por lo clásico? No hemos llegado a esa instancia, pero sí creemos que hay derechos que tienen que estar garantizados”, señaló.

Luego expresó que la intención es “garantizar derechos” independientemente de la naturaleza jurídica del vínculo y mencionó servicios de bienestar para no estar yendo “al baño en una plaza pública”, un espacio donde guarecerse “si el tiempo no es bueno” y controles sobre las motos, que son “el instrumento de trabajo”.

Teijeiro dijo que el sistema no tiene “nada” de “economía cool” a pesar de que se venda así y que no puede dejar de verse que “el algoritmo es el núcleo del negocio, pero está teniendo intromisión en la vida económica del trabajador”.

El presidente de la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios (Fuecys), Fabio Riverón, criticó la casi nula protección desde el Estado y aseguró que el grueso de los trabajadores lo hacen de forma “realmente precaria”.

Aprovechó para hacer una autocrítica respecto a la relación del movimiento sindical y los deliveries, particularmente los extranjeros. Pidió “salir de la zona de confort” y puso como ejemplo la cartelería que hicieron para el 1º de mayo, en la que continuaron “pensando en el trabajador y la trabajadora clásica”.

“Este mundo nos está pasando por el costado. Si no logramos dar un giro, va a ser muy difícil que estos compañeros vean en el movimiento sindical una puerta de entrada a tratar de generar protecciones para las peores de las vulnerabilidades que hoy tienen, que son salariales y laborales”, expresó, y luego señaló que para muchos migrantes era casi “mala palabra” hablarles de organización sindical. “Para muchos de ellos organización sindical en sus países de origen sí es mala palabra, porque termina teniendo un sesgo político-ideológico pesado que cuesta entender que en Uruguay no es tan así”.

Foto: Ricardo Antúnez, adhocaFOTOS

Subempleo

Un trabajo inédito coordinado por el sociólogo Nicolás Marrero, al que accedió Búsqueda, señala —a partir de una encuesta— que seis de cada 10 repartidores de apps son extranjeros. Dentro de este porcentaje, los cubanos alcanzan 36,1%, mientras que 15,7% son venezolanos. El informe aclara que los datos no posibilitan representatividad estadística, pero permiten asegurar “representatividad teórica”.

“Este fenómeno puede vincularse a que las empresas de reparto, por los niveles de requerimientos y requisitos que demandan, se presentan especialmente para la población migrante como una opción relativamente rápida y sencilla de inserción al mercado laboral”, agrega.

El estudio indaga acerca de la educación de los trabajadores y revela que 77% de los venezolanos y 57% de los cubanos tienen estudios terciarios terminados. “Habla de una población que presenta un alto nivel de subempleo, dado que no está siendo empleada en puestos de trabajo donde puedan aprovechar y emplear al máximo sus capacidades y formación educativa”, señala.

Ocho de cada 10 mantienen un contrato laboral a través de la modalidad de empresa unipersonal.

El último hallazgo es que para el 85,5% de los encuestados el trabajo en la plataforma representa su mayor o única fuente de ingresos. En el caso de los uruguayos, la cifra se eleva a 94,3%.