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El año pasado, 237 motociclistas murieron en accidentes de tránsito en Uruguay. Según los datos de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), ese número representa el 45% del total de fallecidos en 2018, lo que ubica a las motos como el vehículo más letal, por encima de cualquier otro medio de transporte.
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Ante ese panorama, la Intendencia de Montevideo (IM) impulsó un plan de seguridad vial pensado específicamente para reducir la siniestralidad en las motos. La mayor cantidad de controles y el trabajo conjunto con otros organismos se vieron reflejados en las cifras. Mientras que en 2016 fueron decomisadas 65 motos, en 2017 fueron 597 y en 2018, unas 900, de acuerdo con datos de la comuna a los que accedió Búsqueda mediante un pedido de acceso a la información pública.
El director de Movilidad de la IM, Pablo Inthamoussu, dijo que el aumento de los decomisos se explica porque se puso en marcha un control masivo de las motocicletas, lo que hizo que se detectaran más irregularidades —como el circular sin licencia de conducir, no tener la libreta de propiedad, no tener luces o frenos adecuados ni la matrícula visible.
“Se intensificaron los controles específicos para motos, así como los operativos en la periferia de Montevideo, y se van a intensificar más. Por eso, cuando tengamos los números de 2019 seguramente sean mayores, ya que nuestro foco está puesto ahí”, dijo el jerarca. Agregó que “el universo de motociclistas es mucho más proclive que los autos” a tener situaciones irregulares que ameritan la confiscación del vehículo. Según afirmó, sobre todo en la periferia, los controles son más laxos, por lo que el uso de la moto “no tiene la misma rigurosidad desde el punto de vista de los papeles que tiene el automóvil”.
Además del incremento en los controles, el Departamento de Movilidad profundizó la cooperación con el Ministerio del Interior para realizar operativos. El ministerio también “tiene un foco puesto en la moto”, sostuvo Inthamoussu, ya que es la locomoción más usada para delinquir y el objeto que se roba con más frecuencia. “Ahí se generó una sinergia con el ministerio que estamos aprovechando. Además, al trabajar coordinados con policías, nuestros inspectores cuentan con la seguridad que necesitan, por lo que se da una simbiosis muy interesante”, indicó.
Saturación
La IM tiene desde hace años dos depósitos de chatarra ubicados en el Centro de la ciudad: uno en las calles avenida General Rondeau y Panamá, y otro sobre General Flores y Rafael Eguren. Allí llegan todos los camiones y autos que fueron decomisados por no cumplir con las normativas, pero también las decenas de motos que diariamente son sacadas de circulación.
El problema con las motos es que, a diferencia de otros vehículos, estas suelen no ser reclamadas por sus dueños. En 2018, de las casi 900 motos decomisadas, solo se recuperaron 196 (alrededor del 20%). Esto se debe a que muchas veces cuesta más dinero pagar las multas, la patente vencida, el derecho de piso —costo de mantener la moto en el depósito, que aumenta por cada día— y el remolque, que comprar una moto nueva.
“La moto hoy es más comparable con un electrodoméstico que con un vehículo; si al bajo costo le sumas un par de multas, termina siendo más grande la deuda que el valor del propio vehículo, y eso genera que la gente no lo vaya a recuperar”, explicó Inthamoussu. Mencionó como ejemplo las motos de origen chino, que se pueden adquirir por US$ 600.
En ese sentido, admitió que se ha producido un “problema logístico” en los depósitos que “no se viene resolviendo de la mejor manera”, ya que tienen su capacidad colmada.
Para mitigar el problema, la IM realiza remates de chatarra y vende el material metálico (las partes herrumbradas procesadas en cubos compactados) para ser reutilizados por empresas metalúrgicas y particulares.
De todos modos, el proceso para desprenderse de los vehículos no es sencillo e implica tiempo y recursos para la IM, dijo Inthamoussu. Se debe realizar un loteo, un perito declara que el vehículo ya no puede ser utilizado debido al desgaste, y se publica en el Diario Oficial. A la vez, se le retiran los neumáticos, los fluidos y las baterías, trabajo que en ocasiones hacen personas privadas de libertad y organizaciones no gubernamentales.
Pero el problema principal son las motos que están en buen estado, que por cuestiones jurídicas no pueden ser rematadas y deben permanecer en el depósito por si los dueño deciden retirarlas. Años atrás, la IM intentó vender las motocicletas, pero debió suspender la medida debido a que se creó un mercado paralelo de venta de repuestos.
El jerarca dijo que están analizando implementar mejoras en la Ley de Remates, que regula el procedimiento administrativo, y agilizar los protocolos de actuación.