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Al recuperar su libertad, tras pasar un tiempo recluido en el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), un joven se propuso conseguir trabajo para no volver a caer en la delincuencia. Estuvo buscando empleo durante meses, sin éxito. Ya con pocas esperanzas, le pidió ayuda a una de las responsables de Nada Crece a la Sombra, un programa socioeducativo en las cárceles. “Me podés recomendar algo, algún lugar para ir a postularme para laburar, no quiero terminar en cana de nuevo”, decía el mensaje que le envió a Dennise Legrand, quien luego lo divulgó en Twitter. Los que sostienen que a estos jóvenes hay que “obligarlos” a trabajar “desconocen la realidad”, escribió Legrand junto al mensaje.
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Es que las dificultades que enfrentó este joven no son un caso aislado, sino que reflejan los obstáculos que se les presentan a todos los que buscan insertarse en el mercado formal tras pasar un tiempo entre rejas. Por eso, el Estado impulsa programas para dar capacitación y trabajo, al menos temporal, a los adolescentes que salen del Inisa. Uno de ellos es el que lleva adelante el Instituto Nacional de la Juventud (INJU), que trabaja en coordinación con el Inisa.
“Tenemos buenas experiencias pero estamos lejos de tener el alcance que quisiéramos”, admitió a Búsqueda Federico Barreto, director del INJU.
La falta de opciones laborales para los jóvenes que cometieron delitos tiene como agregado la situación de la que provienen, que también dificulta el acceso a un trabajo.
“Poner en el curriculum vitae dónde viven es complicado. Eso no se puede combatir desde el Estado, creo que se necesita un cambio de mentalidad. Por suerte, hay empresas que tienen una mayor apertura”, afirmó Barreto.
Las salidas laborales son claves para prevenir la reincidencia, sostuvo Gabriela Fulco, directora del Inisa. “Entendemos que el egreso es un momento crítico, tanto en adultos como en menores de edad y que debe existir un puente con el afuera que sostenga y continúe los programas que se diseñaron y se pusieron en marcha mientras el joven estuvo con privación de libertad, si no, es como una caída al vacío”, explicó a Búsqueda.
El número de egresos ha disminuido, ya que también cayó la cantidad de ingresos. En 2018 egresaron 655 adolescentes que estaban en la órbita del Inisa. En 2017 fueron 678; en 2016, 752 y en 2015, 935. Hoy en el Inisa hay 439 jóvenes, de los cuales 285 tienen medidas privadas de libertad.
Barreto dijo que en el INJU reciben a los adolescentes para trabajar con ellos “desde una perspectiva de derechos mirando su inserción comunitaria”.
“Primero se trabaja en derechos básicos como la cédula de identidad, el carnet de salud, la credencial cívica”, explicó. Luego se apunta a la obtención de empleo. En este aspecto, Barreto señaló que “no es suficiente” lo logrado hasta ahora.
En varios organismos públicos los jóvenes tienen la posibilidad de trabajar con la modalidad de pasantías. Entre los que ofrecen estos cupos están la Intendencia de Montevideo, las juntas departamentales de Canelones y Montevideo, el Ministerio de Ganadería y las empresas estatales OSE, Antel y Ancap. También el INJU trabaja junto a las cámaras empresariales y a algunos sindicatos, como el de la construcción.
El jerarca informó que hoy están trabajando con 95 jóvenes. Aseguró que tienen voluntad para trabajar pero que no hay “suficientes convenios o posibilidades en el mercado laboral privado”.
“Los gurises están deseosos de trabajar”, afirmó.
En varios organismos públicos los jóvenes tienen la posibilidad de trabajar con la modalidad de pasantías. Entre los que ofrecen estos cupos están la Intendencia de Montevideo, las juntas departamentales de Canelones y Montevideo, el Ministerio de Ganadería y las empresas estatales OSE, Antel y Ancap. También el INJU trabaja junto a las cámaras empresariales y a algunos sindicatos, como el de la construcción.
“Son jóvenes que aprovechan las oportunidades. Hicimos una evaluación del impacto de uno de los programas y vimos que el mayor éxito se daba entre los jóvenes de mayor vulneración. Esto rompe el estereotipo de que los jóvenes no tienen trabajo porque no les interesa”, dijo Barreto.
El jerarca aclaró que no quiere contar “un cuento de hadas”, ya que hay dificultades porque se trata de situaciones complejas. Por eso es necesario trabajar con las empresas, los compañeros de trabajo y el entorno de los jóvenes que se insertan al mercado laboral.
Fulco dijo que se prioriza la situación de las personas en peor situación de vulnerabilidad. En ese sentido, cuando se logra una inserción laboral, explicó que se trabaja también en las empresas, con los futuros compañeros de trabajo y los jefes. “Nosotros pretendemos que ese joven que necesita, por la edad que tiene y el proceso que vive, una puesta de límites, que asuma un compromiso, una rutina de trabajo, que se generen hábitos de trabajo. No queremos que se lo trate diferente que al resto de los trabajadores, porque generalmente hay una tendencia un poco paternalista o maternalista diciendo: “Mirá, pobre, como viene de tal lugar’… Nosotros necesitamos que se aplique la regla de disciplina o de observación parejo para todos”.
Fulco evaluó que esta experiencia sirve para que los jóvenes permanezcan en el empleo y no deserten. Agregó que la evaluación es positiva respecto al trabajo que realizan los jóvenes.
Estímulos para contratar jóvenes
Barreto destacó el papel que debe jugar la ley de empleo juvenil, aprobada en 2013, que busca promover el trabajo de las personas entre 15 y 29 años. Para ello la ley prevé beneficios y subsidios a los empleadores. Las empresas pueden participar en el proceso de preselección de personal y del seguimiento a la inserción laboral de la persona. A la vez, los jóvenes acceden a los beneficios de reducción del horario por estudio y a la licencia por estudio adicional. Siempre en acuerdo con el empleador, quien recibe subsidios por poner en práctica estas acciones.
Los subsidios van desde 15% hasta 60% y 80% en caso de varones y mujeres que provengan de contexto crítico. La cantidad de personas contratadas bajo esta modalidad no puede superar el 20% de la plantilla permanente. La duración del contrato va desde los seis a los 18 meses.
