Por eso, el jerarca consideró que el gobierno tiene claro que, al evaluar medidas para bajar los precios de productos de la canasta básica de los uruguayos, eso “no va a ser a costa de toquetear las reglas claras”.
—La recuperación que registra la lechería en este año muestra diferencias entre lo que es Conaprole, que aumentó sus exportaciones y el precio al productor, y las cooperativas de mediano y pequeño porte, que en ciertos casos están tambaleando, como Calcar. La firma Alimentos Fray Bentos debió recurrir a leche de Conaprole para seguir operando.
—Hay una capacidad industrial instalada que es superior a la cuenca desarrollada, y no es porque la cuenca lechera haya bajado la remisión. La respuesta de la lechería ha sido siempre con aumento de productividad, con sequía, con crisis o sin ella.
Se generó una inversión grande en procesamiento de leche, pero esa materia prima todavía no está.
La solución de la lechería no pasa por un único elemento o factor. El seguir teniendo un sector lechero pujante pasa por desarrollar más cuenca, eso requiere que los productores lecheros que hay hoy logren tener confianza en el negocio, porque pasaron cinco años en una crisis profunda.
Tenemos que generarle confianza para seguir apostando al sector. También hay que trabajar en temas estructurales, como la tenencia de la tierra. Y el Banco República (BROU) está trabajando en líneas de crédito a largo plazo, junto con el Inale, para darles estabilidad a los productores.
De las 700.000 hectáreas de explotación lechera, casi la mitad se realiza sobre campos ajenos, ya sea bajo arrendamientos u otro tipo de contratos.
La superficie promedio de los tambos es de unas 600 hectáreas, entonces son relativamente pequeñas las explotaciones para Uruguay, pero son muy dinámicas en su incidencia económica y social.
En el mapa de la lechería hay un peso relativo muy fuerte de Conaprole, como un aglutinador de un 70% a 80% de la remisión de leche a plantas industriales, y luego hay un conjunto de cooperativas que tienen el resto de la producción.
Con esa estructura la lechería ha llegado hasta acá. Ahora, que se desarrollen otros polos industriales, bienvenidos sean para el país, que se consoliden otras industrias como una segunda opción más fuerte, ni que tal vez sería bueno; la competencia siempre es saludable.
—Sin dejar de considerar la disminución de la rentabilidad de la lechería, ¿ese factor de inestabilidad en la tenencia de la tierra incidió en la pérdida de tamberos en los últimos años?
—La casuística es grande, pero ese es un elemento que influyó. Cuando desaparece un productor se generan nuevos productores, pero la tendencia es que los productores van desapareciendo.
Y atrás de eso hay un drama humano que es grande. Hay realidades de diferentes familias que se terminan desvinculando a veces de un tipo de producción, porque capaz que dejan el tambo, pero no el campo. Entonces, primero hay un tema de la dimensión humana, que siempre preocupa. Eso en esta administración se pondera mucho.
No es un único motivo el que incide en esto. La estructura de tenencia de la tierra es uno, el transitar un período de bajísima rentabilidad del tambo es otro, la falta de relevo generacional también, (además) de que no haya líneas de crédito ajustadas a los ciclos productivos para poder dar los saltos de inversión requeridos al buscar una mayor competividad. La falta de confianza en el propio sector también.
En el sector agropecuario el activo más importante que debemos cuidar a rajatabla es la confianza. Se trata de ciclos biológicos en los que invierten los productores para tener una producción futura. Por eso, si no hay confianza, mal va a haber inversión y producción.
La situación cambió, la coyuntura y los precios están acompañando, se produjo una serie de medidas y el tono del gobierno para con el sector es distinto. Siempre estamos a la orden para buscar y encontrar soluciones a los problemas, se realizaron cambios legislativos que benefician al sector y un cambio en el BROU para con la lechería, donde hay una mesa permanente de trabajo para encontrar financiamiento adecuado. Hay créditos que se pueden pagar en litro de leche a 10 o 12 años, que antes no existían.
—Si no fuese por la intervención financiera del BROU, ¿se puede decir que varios productores y agroindustrias habrían caído en este período de gobierno?
—Analizar escenarios contrafácticos siempre es complicado.
No me cabe duda de que sin un rol del Banco República liderando ciertos procesos, poniéndose del lado de la producción, de cómo le encontramos la vuelta, eso se complicaba. Y esto no es regalarle la plata a nadie, sino encontrar el instrumento financiero más ajustado a la situación de diferentes empresas.
—¿No fue una ayuda que supone algún riesgo para el banco?
—Para nada. Acá el BROU no regaló un peso a nadie, lo que sí hizo fue sentarse al lado de cualquier actor y preguntarle el problema que tiene para encontrarle la vuelta. Sin perder plata.
Con esa actitud no puedo asegurar que por eso no cayeron empresas, pero no me cabe duda de que si no hubiese existido se hubiese acelerado esa situación. Hay ejemplos clarísimos, como el de promover créditos puente para solucionar los problemas de determinadas empresas, que si no estuvieran hubiese sido muy complejo. El caso de Calcar es un ejemplo, el propio presidente (Luis Lacalle Pou) lo comentó.
—¿Esa intervención tampoco supuso alargar la agonía de una empresa?
—Insisto en que el sector lechero transitó una crisis complicada, la coyuntura cambió y la actitud del gobierno también.
El cambiar la pisada, de generar más cuenca, no se hace con una única medida, sino con la acumulación de medidas.
En la quesería artesanal hay 800 productores y tenemos un convenio con seis intendencias, más la Dirección de Desarrollo Rural, para trabajar en valorizar los quesos de ese tipo de producción.
Esto se resuelve con todas estas medidas acumuladas y sostenidas en el tiempo. En la medida que aparezca más leche se darán mejores situaciones para muchas de las industrias que hoy están complicadas.
El conflicto bélico de Rusia y Ucrania afectó enormemente a las industrias, principalmente a las queseras, que tenían como destino claro el mercado ruso. Hoy están pasando un momento complicado.
El trabajo de acceso a mercado es sumamente importante para justamente generar confianza. El MGAP tiene que ser la llave de acceso sanitario a los mercados.
—Otra medida adoptada por el Poder Ejecutivo es la devolución de los aportes al fondo lechero, que superaron el monto recibido por productores y empresas. ¿Cómo está ese tema?
—Hasta el momento esa devolución se realizó en dos pagos. Uno en diciembre a 613 productores, de los cuales 259 corresponden al rango de remisión de leche anual de hasta 300.000 litros y 152, a la franja de 300.000 a 600.000 litros, que son los más chicos. En marzo se les devolvió lo que habían pagado de más a unos 677 productores, de los cuales 243 pertenecen a la franja de más baja en remisión y 173, a la siguiente.
En montos, la devolución total sumados esos dos pagos es de 123.574.519 pesos, de los cuales 55.372.070 fueron para un grupo de empresas que remiten más de 3 millones de litros de leche al año.
Con una modificación legal, implemantada en diciembre de 2021, se pudo resolver un mal diseño del fondo lechero. Porque cuando se instrumentó esa herramienta no se previó que el sector lechero es dinámico y cambia, unos se van y otros crecen.
La rigidez de la ley de creación del Fondo de Financiamiento y Desarrollo Sustentable de la Actividad Lechera es tal que un productor que pone un tambo hoy tiene que pagar un crédito de ese instrumento que no recibió nunca. O un tambero que tomó un crédito, creció en su producción y lo pagó antes igual lo tiene que seguir pagando. O tomaste un crédito y no lo pagaste, pero hay un documento ejecutivo que compromete el pago de este.
Cada tres meses se le devuelve al productor lo que sigue pagando por la remisión de leche en el fondo. Eso continuará así hasta que se cancele el pago total de la deuda contraída con los bancos que operan en ese fondo. La ley prevé que tras la cancelación de esos préstamos, se continuará recaudando por dos años para devolver lo que remitieron los productores antes de la modificación legal adoptada el año pasado.
Con esto se resuelven inequidades, y además, la mayoría de los productores que ya recibieron parte de la devolución son los más chicos.
—Tras la exoneración del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la venta de asado, ¿el gobierno tiene prevista alguna medida adicional para bajar los precios de productos de la cadena triguera, de los aceites y de los lácteos?
—La evolución positiva que tienen los precios de los productos exportados por Uruguay, porque generan más divisas y más trabajo, que eso a su vez se traduce en mayor cantidad de horas trabajadas en la industria de alimentos y la recuperación del empleo, principalmente en el interior, todo eso es fruto de un proceso virtuoso de la exportación. Eso tiene una contracara negativa, que es el aumento de precios de productos que son importantes en la canasta de consumo de los uruguayos.
Sin el IVA, el precio del asado está en 230 pesos el kilo. Otra medida es que el MGAP tenía permisos para la importación de pollos, que estaban en proceso de análisis. Lo que hicimos fue decirles a los técnicos encargados de esa tarea que aceleren este análisis, para habilitar o no la importación de pollos.
Hay un acuerdo entre privados para no subir el precio de los huevos por un mes.
El gobierno dejó claro que este trabajo para reducir el impacto de los precios de algunos productos es que no va a ser a costa de toquetear las reglas claras de Uruguay, que debemos preservar para adelante.
Esto es importante, porque si se toquetea eso lo que se compromete no es la rentabilidad, sino la confianza. Y un sector agropecuario sin confianza no invierte, y eso significa que no hay trabajo. Porque de cada 10 dólares que se exportan ocho son del agro.
—Algunos sectores de la sociedad critican la falta de derrame del incremento de los negocios de la agroexportación y la valorización de esos productos en el mercado internacional. ¿Qué les responde?
—Que el derrame no se está viendo no es así, porque la recuperación del empleo ha sido básicamente en el interior.
Aumentaron 25% las horas trabajadas en los frigoríficos, lo que significa plata que se reparte a lo largo y ancho del país. También en la industria láctea se incrementó 8% la cantidad de horas trabajadas. Esos datos corresponden a 2021, en comparación con 2020.
—Siguen los ataques de jaurías a majadas, entre otros problemas. ¿La definición política de la administración se mantiene en el chipeo y la castración de los perros y se dio marcha atrás en salir a retirar los canes sueltos?
—En esto hay que definir el qué, el cómo y el cuándo. El qué es una estrategia muy fuerte asociada a la identificación y el chipeo, porque hay un perro que hace un daño y es importante saber de quién es. Eso y la castración representan uno de los caminos adoptados en el mundo para el control de este grave problema.
La identificación es obligatoria y está prevista en la Ley de Urgente Consideración cuando se creó el INBA. Ese instituto firmó un convenio con las 19 intendencias y aportó 60 millones de pesos y los gobiernos departamentales otros 30 millones de pesos para trabajar en coordinación en este tema.
Y en ese marco se acaba de instalar un albergue en Florida para ubicar a los perros que no tienen propietarios.
¿Eso es suficiente para un productor al que hoy le mataron las ovejas? La respuesta es no, claro que no.
Más que empatizo con ese productor, porque todo esto de que me lo identifique, me lo castre y me lo lleve no me va a pagar las ovejas que me acaban de matar.
Somos conscientes de la urgencia de que este tema empiece a caminar.
Al productor de Cerro Largo, al que el año pasado los perros atacaron su majada, casi la mitad de sus ovejas se le murieron. Probablemente perdió el capital que había ahorrado en su trabajo formal. Es un drama para esa persona.
En las zonas urbanas también es un problema por las mordidas, la cantidad de gente que se cae de las motos y personas fallecidas por ataques de perros.
El tema escapa a la realidad agropecuaria. Hay que atacar el factor cultural y la educación, en la tenencia responsable del animal.
—¿Por la reacción de rechazo de algunas organizaciones animalistas de volver a instalar las perreras se decidió dar macha atrás en el plan de recoger a los perros sueltos?
—En esa medida no se dio marcha atrás. Es lo que vamos a hacer con las intendencias, ya hay albergues en Florida, en Rocha, en Tacuarembó se está desarrollando, luego en Cerro Largo y en San José. Eso se va a hacer y no hay ninguna marcha atrás.
Las cosas que hacemos son porque tenemos el amparo jurídico para hacerlas. Y no hacemos ni dejamos de hacer cosas por lo que pueda hacer una (organización) protectora.
Estamos preocupados por el bienestar animal en el perro, en la oveja, en el ternero, en to-dos.
