En agosto del 2020, ya con una coalición multicolor en el poder, el Directorio de UTE —como accionista mayoritario de la sociedad Gas Sayago— contrató a PricewaterhouseCooper (PwC) para auditar el proyecto de la regasificadora, que no avanzó mucho más que aquellos pilotes y otras obras de ingeniería civil, pero que hasta el día de hoy sigue provocando costos. La semana pasada el directorio resolvió enviar los hallazgos de la consultora a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) y a la Fiscalía, contrató al abogado Jorge Barrera para que lo represente en el eventual caso, a la vez que el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento una iniciativa para acelerar la liquidación de Gas Sayago. Con todo esto, la polémica política se reactivó, incluso con algún posicionamiento llamativo: el exministro de Economía y hoy senador frenteamplista Danilo Astori se alineó con la visión del actual oficialismo al señalar que una planta para procesar gas natural licuado frente a la bahía era inviable.
Danilo Astori. Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS
Nuevo informe
Gas Sayago implicó una pérdida de US$ 213 millones —de los cuales el Estado uruguayo pagó US$ 113 millones, porque lo restante lo cobró de una garantía por incumplimiento de contrato— por un “proyecto inviable”, dijo la presidenta de UTE, Silvia Emaldi, al anunciar los resultados del informe de PwC presentados el martes 8. Agregó que la consultora no encontró un plan de negocios (ni estudios de viabilidad ni análisis de sensibilidad ni evaluación de riesgos), y que ya en 2012 se sabía que Argentina —a cuyo consumo apostaban los impulsores de la regasificadora— no sería cliente.
PwC hizo algunas salvedades sobre el alcance de su trabajo, ya que si bien cumplió con “las actividades razonables de chequeo de exactitud de la información” que le fue entregada, no verificó “en forma independiente toda la información” y no pudo dar garantía de que accedió a la “totalidad de la documentación relevante” que pueda existir.
Además de las pérdidas en las que ya se incurrió (los US$ 113 millones), más los US$ 3 millones anuales de gastos que tiene actualmente Gas Sayago aun sin tener producción, el informe cuantifica en US$ 37,5 millones las posibles condenas en demandas a la sociedad, propiedad de UTE y Ancap. Hasta el momento, por procesos judiciales pagó US$ 47.158 y hay otros cinco en curso; el mayor reclamo es por parte de la constructora OAS (US$ 29,2 millones).
Entre otras cosas, PwC informó que Gas Sayago gastó en viajes al exterior, maestrías y posgrados, aguinaldos dobles e indemnizaciones por despidos. Según El País, también identificó “gastos superfluos”, como US$ 4.154 en “frutos secos”. A capacitación en idioma inglés se destinaron US$ 22.723; a capacitación en habilidades blandas US$ 21.540; a cursos de supervivencia personal US$ 5.266; y a “gimnasia laboral” y “masajes” —algunos meses entre 2015 y 2017— US$ 7.302, autorizados por Marta Jara como gerenta general de la sociedad, surge del informe al que accedió Búsqueda. La consultora indica que de las encuestas de remuneraciones que hace habitualmente se desprende que, en esos años, “una de cada dos empresas participantes otorgan este tipo de beneficios definidos como beneficios intangibles”.
Fuentes que estaban al tanto de la gestión años atrás de Gas Sayago dijeron a Búsqueda que los gastos en masajes fueron para un grupo de empleados mayores que se hacían ese tratamiento una vez a la semana; que la alimentación incorporada al salario resultaba una opción más económica; y que esa y otras prácticas de “salud ocupacional” son usuales a escala internacional.
El País también destacó un gasto en “clases de piano” (US$ 110) y editorializó contra el proyecto de la regasificadora impulsado por el Frente Amplio. Consultado el lunes 14 sobre el resultado de la auditoría en Radio Sarandí, el extitular de Ancap y exvicepresidente de la República Raúl Sendic lo definió como “poco serio” y cuestionó en particular la referencia a ese rubro, por entender que mencionarlo fue un recurso para “ensuciar la cancha”. Señaló que “Piano no es piano. Es Pianc”, la sigla con la que se conoce a la organización internacional que monitorea el manejo de los buques en las instalaciones portuarias (Permanent International Commission for the National Congresses).
Ese comentario del exjerarca provocó una aclaración por parte del oficialismo en el Directorio de UTE: el gasto referido al Pianc no tenía una factura asociada y figuraba como un reintegro de un pago hecho con tarjeta de crédito. Fue uno “más” de los “errores cometidos por Gas Sayago”, aseguró el ente. Uno de sus directores, Felipe Algorta, le respondió a Sendic en su cuenta de Twitter: “¿Del proyecto delirante no opina nada?”.
Por su lado, el expresidente de UTE Gonzalo Casaravilla criticó en su página de Facebook el costo del informe contratado a PwC ($ 13 millones) y escribió que estuvo “dirigido” y que “no agrega nada” a la comisión investigadora parlamentaria de 2017. “UTE no merece verse envuelta en esta movida mediática, tuerta y mentirosa”, expresó. El exjerarca se excusó con Búsqueda de ampliar sus comentarios; tampoco quiso hablar la expresidenta de Ancap Marta Jara.
Una fuente vinculada al proyecto de Gas Sayago también cuestionó el gasto en que incurrió UTE al contratar a PwC porque, dijo, Deloitte llegó a resultados similares en auditorías contables.
Por otra parte, la actual directora en representación del Frente Amplio en UTE, Fernanda Cardona, criticó que se paguen US$ 15.000 más IVA a Barrera: “¿No podemos ir con los servicios jurídicos de UTE?”, se preguntó, en diálogo con Búsqueda. Aseguró que el argumento de que el ente no tiene especialización penal no es de recibo, porque entre 2012 y 2016 hizo 5.000 denuncias en juzgados de este tipo.
Marta Jara. Foto: Nicolás Celaya /adhocFOTOS
Supuestos fallidos
Otro capítulo del informe de PwC aborda la cuestión de la viabilidad del proyecto de la regasificadora, una obra que implicaba construir una escollera de 1,5 kilómetros de largo ubicada a 2,5 kilómetros de la costa a donde llegarían barcos metaneros con gas natural licuado, que sería regasificado por un buque anclado en un muelle.
Una de las “premisas” que sustentaban las “demandas estimadas” de la planta era la comercialización del gas a Argentina, dice PwC en su informe de 583 páginas. En 2011, Gas Sayago constituyó un consorcio con Enarsa (la actual Integración Energética Argentina) en el que se estableció como objetivo una capacidad inicial de 10 millones de metros cúbicos diarios, y se obligó a cada parte a contratar para todos los días del año el 50% de esa energía.
Para 2013 estaba estimada una venta de 5 millones de metros cúbicos diarios durante ocho meses a Argentina. El precio para el gas natural era de entre US$ 16 y US$ 19 por MMBtu (millones de unidades térmicas británicas), a lo que se le sumaba el precio de regasificación de US$ 4. En ese momento Argentina compraba gas natural a Bolivia a entre US$ 8 y US$ 12 por MMBtu.
A partir de 2012 PwC no encontró “documentos que reafirmen la participación de Argentina” en el proyecto. La “única mención” a ese país la realiza UTE en un informe en el que “recomienda” la participación como “cliente de excedente” y ya no “como socio”. El ente consideraba que eso implicaba “menores riesgos”, señaló.
Una de las premisas consideradas en el informe de la consultora es sobre la posibilidad de “expansión del sistema de generación y realización de proyectos de gran porte”. En 2013 aparece una posible demanda estimada: la del proyecto de minería a cielo abierto Aratirí. En su comentario, PwC escribió: “Antes de 2013 no estaba confirmada la existencia de ningún emprendimiento de gran porte y efectivamente nunca se concretó”.
En 2012 y 2013, Gas Sayago estimó el crudo cotizando a US$ 110 el barril, con un valor constante en todo el período. Pero en ningún documento se “cita fuente” o se presenta un “respaldo” para afirmar este valor. Y, de hecho, la visión generalizada de organismos internacionales indicaba que el precio del petróleo descendería en los siguientes años. Algo que finalmente ocurrió: en la segunda mitad de 2014 ya había bajado de los US$ 100 por barril.
A partir del informe, las actuales autoridades de UTE declararon en los últimos días que la regasificadora era “inviable”.
Las fuentes vinculadas al proyecto en los gobiernos del Frente Amplio consultadas por Búsqueda recordaron que a lo largo de los años, por distintas circunstancias, la idea original fue cambiando, aunque jerarcas de UTE y Ancap quisieron seguir adelante. Entre los que querían modificarlo estuvo, por ejemplo, el exvicepresidente de UTE y gerente general adjunto de Gas Sayago desde 2007, Pedro de Aurrecoechea, cuando se creó esta empresa: “Hay que decirle que no al barco gigante, dar por enterrado este proyecto y pensar en uno más chico, ajustado a la necesidad del país”, dijo a Búsqueda en 2016 (N° 1.894).
Antes de dejar la presidencia de UTE, Casaravilla relativizó en una entrevista con Búsqueda el fracaso del plan de la regasificadora en el contexto global de su gestión: “Evidentemente, uno puede ver la parte vacía del vaso. Yo tiendo a ver la parte llena. Gas Sayago fue un intento de tener gas de Uruguay, no fructificó, pero hubo un montón de cosas que jugaron, algunas a favor, otras en contra y, al final del día, estamos hablando de algo que, en términos económicos, es una pequeña cosa de todo lo que se hizo. Es un proyecto que fracasó, efectivamente, pero si lo inscribimos en toda la gestión que se hizo desde UTE en estos años, estamos hablando de algo absolutamente menor, y así es como, en forma justa, deberían evaluarse las cosas” (N° 2.032).
Ahora, tras la divulgación del informe de PwC, el exministro y actual senador Astori declaró que hacer una planta regasificadora para venderle gas a Argentina “no tenía ningún sentido”. En el programa Buscadores de VTV, el martes 15 dijo: “Ni siquiera supimos parar a tiempo el proyecto que desde el principio no tenía lugar en la práctica”. Fue “un error grande, importante” de la administración del Frente Amplio, reconoció el líder de Asamblea Uruguay.
Gas Sayago fue una “fiesta” de gasto y un “monumento al fracaso”, afirma Paganini