OIT insta al gobierno a modificar ley de negociación colectiva

La última vez que Uruguay fue nombrado en uno de estos informes fue en 2016, cuando el gobierno del Frente Amplio había iniciado contactos para intentar poner fin a la queja planteada por las cámaras de Comercio y de Industrias. Entonces hablaba de la posibilidad de un “diálogo tripartito fructífero” e insistía en la “importancia de que las partes lleguen lo antes posible a un acuerdo”. Ahora, en el documento fechado en febrero, insta “firmemente” a que el gobierno informe “a la brevedad de los avances concretos” en relación con dos modificaciones a la ley de negociación colectiva: que las huelgas no pueden ir contra el derecho a trabajar y que debe ser la negociación bipartita (entre la empresa y los trabajadores) la que fije tanto condiciones laborales como los salarios por encima de los mínimos.

Si Uruguay termina en esa lista, sería “lamentable”, aunque el gobierno irá “con absoluta tranquilidad” a la próxima asamblea porque ha “hecho todo lo que había que hacer”, dijo a Búsqueda el ministro de Trabajo, Ernesto Murro. 

“Si los empresarios quieren poner a Uruguay en la lista negra, que lo hagan. Lo primero que dice la OIT es que Uruguay es modelo en el mundo. Y en la última ronda logramos 94% de acuerdos, de los cuales 35% fueron con propuestas por encima de lo que estipulaba el Ejecutivo”, agregó. 

Según el jerarca, el gobierno siempre ha estado dispuesto al diálogo. “Vivimos conversando. Pero hay dirigentes empresarios con otros objetivos, para los que la queja es un instrumento para atacar al gobierno”.          

Por su parte, el especialista en temas laborales Nelson Larrañaga entiende que el informe de la OIT “transmite al gobierno un mensaje en el sentido de que luego de nueve años de espera, es hora de resolver estos temas mediante el envío de proyectos de ley al Parlamento”. Señaló a Búsqueda que “si no hay un movimiento rápido en este sentido, es altamente probable que, lamentablemente, el caso de Uruguay sea seleccionado para examinar”. Explicó los alcances de ser estudiado por el organismo: “Todos los países tratan por todos los medios de evitar estar en esta lista, porque no le hace bien a su prestigio. A quien es seleccionado se lo presenta y expone como un no cumplidor de convenios ante esta asamblea tripartita, donde están presentes los representantes de los actores sociales y los gobiernos de todo el mundo laboral”.

Larrañaga presentó en 2017 un proyecto modificativo de la ley de negociación colectiva, incorporando las sugerencias que en su momento habían realizado los empleadores. La propuesta, estudiada por la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados, incluía un listado de 30 casos en los que la Justicia resolvió el levantamiento de ocupaciones (uno de los temas observados por la OIT) entre 2006 y 2015. 

“El trabajo, la producción y la inversión reclaman una solución definitiva a estos temas, para presentar a Uruguay como un país estricto cumplidor de las reglas laborales internacionales. Esto nos dará buena nota para atraer proyectos” que generen puestos de empleo, opinó el abogado.

Desde el sector empresarial se evalúa que con el nuevo pedido de la OIT, sumado a las condiciones requeridas por UPM para la inversión en su segunda planta en el país, el gobierno tiene la “excusa” y “oportunidad” de “hacer algo”.

Diálogo estancado

Pasó mucho de un informe de la OIT al otro.

Ya desde su asunción como ministro, Murro planteó la necesidad de lograr un acuerdo tripartito para levantar la queja empresarial interpuesta en 2009 y ampliada en 2011. En 2015, el Poder Ejecutivo anunció la creación de una mesa de discusión con centro en la ley de negociación colectiva. Esa instancia ponía en pausa la posibilidad de que el “caso uruguayo” fuera tratado en la Asamblea General de la OIT, que se celebra en Ginebra. Y marcaba un cambio de actitud de los empresarios.

Así, en 2016 el Ejecutivo presentó una serie de “alternativas” para levantar las observaciones que generaba la ley. Pero algunos puntos siguieron sin encontrar acuerdo, como la ultraactividad de los convenios (las condiciones del último acuerdo se mantienen vigentes hasta no firmar uno nuevo) o la exigencia de personería jurídica a los sindicatos que reciban información de las empresas. Además, el alcance del Consejo Superior Tripartito (donde se discuten los lineamientos de las rondas salariales, entre otros puntos) y la interpretación de la ocupación como continuación del derecho de huelga, seguía enfrentando a empleadores y trabajadores.

En 2017, y cuando se rumoreaba la posibilidad de que Uruguay fuera uno de los casos estudiados por la OIT, el presidente Tabaré Vázquez inauguró la Asamblea General de la organización. Las cámaras mantuvieron en suspenso su queja; mientras, el director general de esa organización, Guy Ryder, visitó ese año el país.

En ese momento el Ministerio de Trabajo presentó un proyecto de protocolo de prevención de conflictos. También planteó que la ultraactividad de los acuerdos sea decidida en cada convenio, pero consideró que los Consejos de Salarios tienen competencia para fijar condiciones laborales y no solo sueldos mínimos. También en 2017, técnicos de la OIT vieron en una visita “acercamientos notables” en las posiciones.

Finalmente, el año pasado el gobierno volvió a remitir su propuesta para establecer un mecanismo de prevención de conflictos. Y, aunque desde la OIT se ha destacado a Uruguay como “modelo” de relaciones laborales, desde entonces las conversaciones para levantar la queja empresarial siguen estancadas.