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Desde el Estado se las llama cada vez más para que apliquen programas vinculados, fundamentalmente, con los sectores vulnerables de la población. Sin embargo, las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) consideran que están todo el tiempo en el medio de una polémica por su papel en la sociedad, la forma en que gastan los recursos que reciben y cómo se vinculan con el Estado.
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“Eso que está como en el imaginario social de que no somos transparentes, no se condice con la realidad. Están vigentes normas y procedimientos de rendición de cuentas muy exigentes”, dijo a Búsqueda María Teresa Mira, presidenta de la Asociación Nacional de ONG orientadas al Desarrollo (Anong), una entidad que agrupa a casi cien instituciones que trabajan en todo el país.
El modo en que administran los recursos que reciben del Estado o del sector privado (en especial desde el exterior) es uno de los puntos más polémicos en la gestión de las ONG. Para estas instituciones, además, existe otro problema con el Estado, en especial con el Ministerio de Desarrollo Social, que no les permite hacer modificaciones a los programas que gestionan y no se aprovecha su experiencia acumulada, según sostienen los integrantes de las organizaciones.
La presidenta de Anong afirmó que cada vez más el Estado les plantea a las ONG la gestión de programas.
Tanto Mira como el secretario general de Anong, Emilio Caputi, sostuvieron que las ONG “no le dicen a todo que sí” cuando se plantea un convenio. “Cuando vemos que se articula el propósito del Estado y la potencialidad del desarrollo, hacemos el convenio”, dijo Caputi.
El manejo de los fondos es uno de los temas que más se ha cuestionado. “Hay que imponer controles y vamos a legislar este año para que las grandes ONG, entre ellas las iglesias, deban rendir cuentas. Acá el gran problema es el lavado”, dijo Carlos Díaz, responsable de la Secretaría Nacional Antilavado, al diario “El País” el 20 de enero.
Desde Anong se rechaza este tipo de planteo, en especial que se las vincule con el lavado de activos. “Las ONG nos adherimos a que existan procesos de rendición de cuentas. Nosotros no pretendemos hacer uso de fondos sin hacer rendiciones de cuentas”, aclaró Mira.
“Lo que viene del Estado funciona como cualquier licitación que hacen para comprar materiales. Hay licitaciones públicas en las que uno se presenta con un formato y a partir de ahí se firma un convenio que te obliga a determinadas cosas; rendición de cuentas y si no cumplís no cobrás y tenés sanciones”, acotó Caputi.
En cuanto a los fondos que vienen del exterior, Caputi dijo que también existen exigencias sobre cómo se gasta. Además de la rendición de cuentas, se exige una auditoría externa del trabajo realizado.
Un trabajo presentado sobre fines del año pasado por el Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD) respecto a cien organizaciones informó sobre el origen de los recursos recibidos en 2011. De un total de 50.412.029 dólares recibidos, el 55% (U$S 27.826.678) provino del gobierno central o gobiernos locales. En segundo lugar está la cooperación internacional con un 18% de los recursos (U$S 8.862.498). Luego aparecen como origen de los fondos la venta de productos y servicios (14%), empresas privadas (9%), aportes de socios (2%) y “otras fuentes” (2%).
Mides.
Pero además de los recursos, para los directivos de Anong otra “polémica” instalada tiene que ver con su participación en el “diseño” de las políticas a implementar.
Mira dijo que en este tema hay “resistencia y apertura” a dialogar según de cuál organismo del Estado se trata. Caputi dijo que el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) conversa de manera constante con aquellas organizaciones con las que conviene, lo que permite trabajar sobre los programas que se aplican. El 80% de los niños y adolescentes son atendidos a través de convenios del organismo con distintas ONG.
La diferencia está con el Mides, el otro organismo que junto al INAU es el que más convenios tiene con las ONG. Ese Ministerio destina un 20% de su presupuesto para financiar acuerdos con ese sector.
Si bien destacan como “positivo” el trabajo con el Mides, ambos directivos señalaron a la vez que la “receptividad” a las propuestas de las organizaciones tuvo sus “vaivenes”. “Quisiéramos que tuviéramos un poco más de recepción, que se tomara un poco más en cuenta nuestra experiencia”, afirmó Mira. La titular dijo que la palabra “participación” no se entiende de la misma manera en cada parte, y que las autoridades del Ministerio aplican las políticas sociales sin realizar consultas con las ONG.
