Así como la bancada frenteamplista coordina sus esfuerzos para “preparar bien” la interpelación, la coalición también afina los detalles de su defensa. “Yo voy a tener que asumir, conjuntamente con otros compañeros, el rol de defensor” de la gestión de salud, afirmó Corbo, quien tiene reuniones previstas previas a la interpelación con las autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP) y de ASSE.
Entre estas dos miradas antagónicas hay una tercera vía. Sodano, de Cabildo Abierto, el partido que más ruido ha hecho en la interna de la coalición de gobierno, el mismo al que pertenece Rando, ha pedido que se incluya en la interpelación presuntas irregularidades denunciadas por él con el dinero recaudado en los eventos solidarios La Noche del Maciel de 2013 y Café Solidario de 2016, ambos durante las últimas dos administraciones frenteamplistas.
Según dijo a Búsqueda, “desde marzo está el informe del Departamento Jurídico (de ASSE) donde se recomienda abrirle un sumario administrativo a (el exdirector del Maciel, Álvaro) Villar (hoy al frente del Hospital de Clínicas)”. El legislador dijo que el Directorio de ASSE viene “aplazando desde entonces” una definición al respecto, además de que “no está enviando la información que requiere Fiscalía” sobre ese tema. Sin embargo, admitió no tener claro si la posibilidad de ampliar el llamado le será permitida.
“Lo de ASSE es cuestionable de principio a fin en esta administración y la otra. Es un monstruo de mil cabezas. Se valora que ahora se quieran corregir cosas, pero que anda mal, anda mal”, aseguró Sodano.
Clientelismo crónico
La oposición ha cuestionado reiteradas veces prácticas clientelistas en ASSE. La diputada Etcheverry dijo a Búsqueda que hay “un manejo absolutamente discrecional de contratación de gente”. Según datos que maneja, en 2021, 2022 y los primeros cuatro meses de 2023 se produjeron 528 modificaciones en funciones de conducción a distinto nivel, ya sea en alguna de las de la Red de Atención Primaria (RAP), en centros de segundo nivel, en programas nacionales, en dirección o subdirección. Esas modificaciones, agregó, involucraron a 446 personas, de las cuales 156 fueron designadas de manera directa, sin ningún tipo de concurso, agregó.
No quiso considerar el año 2020, indicó, ya que ahí, como primer año de gobierno, “naturalmente” se da la mayor cantidad de modificaciones a la estructura funcional.
Para tomar como referencia, en marzo de 2021 el presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, dijo que la estructura incluía 650 cargos de contratación directa. “No hay un criterio que busque una mejora en la conducción. ¿Cómo puede definirse? ¿Ensayo y error? ¿ASSE es una agencia de colocación?”, agregó esta legisladora.
“No me consta que se hayan reiterado prácticas clientelares. Sí hubo cambios en el personal de confianza ahí donde los resultados de la gestión no fueron los buscados”, replicó por su lado Corbo. Según este diputado blanco, uno de los objetivos de ASSE ha sido llenar los cargos por concurso: “Eso es lo que se quiere implementar, pero ha resultado difícil”.
Médico de profesión, Corbo ha trabajado tanto en el sector público como en el privado en su departamento, Rocha. “A mí sí me consta que hubo mucho trabajo del actual directorio para que los servicios sean brindados por ASSE y así evitar contratar privados. Es que hacer eso, sobre todo en el interior, donde hay menos gente, siempre puede estar teñido por algún tipo de relacionamiento”, agregó.
Sobre ese tema, el oficialismo le paga a la oposición con la misma moneda. “El período anterior fue el summum de la agencia de colocación”, dijo Corbo, usando la misma expresión que su colega de enfrente. El clientelismo en ASSE, presunto o no, no comenzó con la actual administración. La expresidenta de ASSE Susana Muñiz fue removida en 2018 por el entonces mandatario Tabaré Vázquez luego de haber sido cuestionada por amparar en la estructura a jerarcas pertenecientes al Partido Comunista, que ella integraba. Otro director político de esa misma época, Mauricio Ardus, socialista, había contratado a la novia de su hijo como secretaria.
Ya en la actual administración, el exvocal Enrique Montagno, representante de Cabildo Abierto en el directorio, en marzo de 2021 se jactó de haber montado una “estructura gigantesca” y de que logró colocar 135 cargos. Debió renunciar y 40 de esos cargos fueron cesados de forma inmediata. En abril de ese año, Cipriani dijo en la Comisión de Salud de Diputados que había que “poner punto final al clientelismo político que tiene la institución”.
Sin embargo, hay cuestiones que parecen haberse cronificado: en este mismo mes de junio fue cesada la subdirectora de la Regional Norte, Carla Rodríguez de Almeida, quien fue denunciada por usar una camioneta del organismo para trasladar votantes a una elección juvenil del Partido Nacional y —según informó el 30 de mayo El Observador— por cancelar un llamado para auxiliares de enfermería en Artigas y reservarlos así a militantes blancos.
Demoras y logísticas
La oposición ha denunciado reiteradamente recorte de presupuesto y de medicamentos en ASSE. En ese sentido, un informe presentado el 31 de mayo titulado La salud enterrada en tres actos realizado por la organización civil Siembra, señaló que a través de las rendiciones de cuenta de 2020 y 2021 se registró “un 37% acumulado en términos reales de reducción de gasto estructural de medicamentos”.
Siembra se presenta como un ámbito de investigación no vinculado al Frente Amplio pero integrado por gente toda de izquierda, al punto que uno de los expositores a la hora de presentar ese informe fue el neurólogo Federico Preve, asesor del Frente en temas de salud, así como la diputada Etcheverry fue uno de los comentaristas.
Nuevamente se dan las visiones e interpretaciones antagónicas. En setiembre de 2022, en otra comparecencia en el Parlamento, Cipriani indicó que 2021 fue “récord” en compras de fármacos, que los que faltan no están en plaza, que al asumir se gastaban $ 2.900 millones en medicamentos y que se aumentó a $ 4.300 millones.
“Todos los días nos llegan reclamos. Hoy (el martes) vino una asociación de usuarios del Chuy planteando que no hay medicamentos”, dijo la diputada Etcheverry. Según la legisladora, este tipo de denuncias tienen una muy alta periodicidad.
A través de pedidos de informes, el Frente Amplio ha divulgado todo tipo de indicadores que a su criterio reflejan desmejoras en la atención. En uno de ellos, dado a conocer en abril, se indicó que ASSE demora 9,66 días en otorgar hora para consulta pediátrica (es el prestador que más demora), 5,89 para medicina general (el tercero en el que hay que esperar más) y 17,6 para ginecología (también tercero). Por ley, no se puede demorar más de 24 horas en dar hora para ese tipo de consultas. También se tiene que otorgar hora para cirujano general en no más de 48 horas y ASSE demora 14,35 días, es el segundo prestador de mayor espera.
Corbo reiteró que todos estos señalamientos, “más allá de que sí existan problemas puntuales”, tienen un trasfondo político. “ASSE es el prestador más grande del país, con una dispersión geográfica enorme, que llega ahí donde no llega el sector privado”, indicó. Son más de 900 puntos de atención a escala nacional y una planilla de más de 36.000 funcionarios.
“Todo eso conlleva problemas de logística que pueden repercutir en la atención. Obviamente que hay problemas, pero amplificarlos responde solo a una causal política”, añadió.
Ambulancias
El informe de Siembra destaca que los pedidos de informes evidencian “el traspaso de fondos desde ASSE a privados en forma irregular”. Esto está relacionado al vínculo ya mencionado con el Círculo Católico de Obreros (CCOU), tema incluido en la interpelación. Pero no es el único elemento señalado.
La contratación de ITHG, una empresa constituida en enero de 2020 originalmente dedicada a los servicios marítimos, para ofrecer servicios de traslados en ambulancia, las que además no tenían autorización del MSP para realizarlos, mereció la observación del Tribunal de Cuentas de 237 compras directas por casi US$ 20 millones realizadas entre julio de 2021 y marzo de 2023.
Desde ASSE se defendió la transparencia de esas contrataciones, que fueron divulgadas por Búsqueda en enero último, asegurando que habían sido ideales para cumplir las necesidades de la empresa durante la pandemia. Según dijeron sus autoridades en el Parlamento, permitieron “salvar muchas vidas”, además de precisar que lo que se adquirían eran “insumos” y no “servicios de traslado”.
El oficialismo se ha hecho eco de esta postura. Corbo “defiende” las decisiones “rápidas, ágiles y posibles” tomadas, “fruto de las necesidades”, durante la pandemia, aludiendo de nuevo a los “tiempos burocráticos”. Luego de destacar que desde ASSE se han hecho llamados a licitación para arreglar estas situaciones, subrayó que la oposición no pudo “probar ningún tipo de connivencia o vínculo espurio”.
Por fuera de lo político, en la Cámara de Emergencias Médicas, donde no habían oído de ITHG ni de Solidar (otra empresa a la que a su vez ITHG subcontrataba por insumos médicos), también se habían cuestionado esos procesos de contratación. Estos reclamos han hecho que un proceso licitatorio para 24 ambulancias especializadas, cuya apertura estaba prevista originalmente para el 20 de marzo, se haya postergado cuatro veces, ahora al 20 de junio.
Karina Rando durante la interpelación a ministros de Ambiente, de Salud Pública y directores de OSE, mayo 2023. Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS
El llamado.
“Llaman la atención los recursos derivados sin justificación asistencial clara al Círculo Católico”, señala el documento de Siembra. Otro pedido de informes, del senador Charles Carreras, arrojó que en 2022 ASSE le compró servicios a esta mutualista por casi US$ 10 millones. Eso, según la oposición, es mucho más que en cualquier otro prestador.
El Frente Amplio ha insistido en los vínculos tanto de Cipriani como del gerente general de ASSE, Eduardo Henderson, quienes trabajaban en la dirección técnica de esa mutualista antes de asumir en la administración.
A noviembre del año pasado se indicaba que las compras habían crecido 60% respecto a 2019. Sin embargo, según datos publicados el pasado domingo por El País, ASSE facturó el año pasado 2,3 veces más a Casmu y 2,9 veces más a la Federación de Prestadores Médicos del Interior (Fepremi).
La relación laboral entre Cipriani y el Círculo “nunca fue un secreto”, subrayó Corbo, quien también agregó que desde que asumió al frente de ASSE “se desvinculó e incluso se abstuvo de participar en decisiones que vinculaban” al prestador público con la mutualista.
Sobre el motivo del llamado a sala, el Frente Amplio maneja el informe de los veedores que habían avalado el plan de salvataje de Casa de Galicia pese a lo cual la Junta Nacional de Salud (Junasa) decidió su intervención. Desde la oposición se cuestiona también el préstamo de US$ 14,4 millones que el Banco República le otorgó al Círculo Católico “de un día para otro y sin un aval específico” para la subasta del exsanatorio de Casa de Galicia en el Prado. La subasta fue el 8 de junio de 2022 y el préstamo fue otorgado el 9.
A su vez, la oposición ha señalado que al exsanatorio de Casa de Galicia, adquirido por el Círculo, fueron derivados pacientes del Hospital Español, así como al block quirúrgico de la sucursal Juan Lacaze del CCOU se le facturaron cirugías de los hospitales de esa localidad y de Rosario, también en el departamento de Colonia.
Especialistas
Los problemas con los especialistas son otro elemento con el que ha jugado la oposición, aun reconociendo que siempre fue difícil la cobertura territorial.
En la salud resaltaron dos crisis en particular: la de los anestesistas del Hospital Maciel, renuncias de estos profesionales en masa que le costaron en febrero el cargo al director Aníbal Dutra, y la de las guardias de Psiquiatría en el Hospital Vilardebó, que incluso llevó a las autoridades de ASSE a ponerse al frente de ellas.
“Además ha habido crisis, que no tomaron estado público, relacionadas con la cobertura en la maternidad del Centro Hospitalario Pereira Rossell (CHPR) en anestesia”, agrega el documento, que aquí apunta a la “ausencia de un plan de disponibilidad necesario” para cumplir los objetivos sanitarios y “el desarme de las herramientas de trabajo”.