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Mientras la oposición endurece sus críticas al manejo del gobierno de la epidemia de Covid-19, el oficialismo defiende su estrategia y, al mismo tiempo, contraataca mediante denuncias sobre presuntas irregularidades en los períodos de administración frenteamplista.
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Ante el problema sanitario, la apuesta de las autoridades es seguir apelando al distanciamiento físico y al avance de la vacunación. El miércoles 9 dieron positivos en coronavirus 3.449 personas entre 22.520 test, una tasa de positividad de 15%, algo menor a la de las jornadas anteriores; pero los fallecidos fueron 67, cuando en general los datos diarios previos superaban por poco los 50.
Con este panorama, el Frente Amplio pasó de las declaraciones críticas a los hechos políticos. La moción que presentó para interpelar a los ministros de Economía (Azucena Arbeleche) y de Salud Pública (Daniel Salinas) se aprobó el martes 8 en el Senado con 13 votos en 29. “Es definitivamente politizar la pandemia y esto no tiene ideología”, respondió el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado.
Mientras, la Cámara de Diputados aprobó, con el respaldo del oficialismo y el rechazo de los legisladores del Frente Amplio, la conformación de una comisión investigadora en torno a presuntos abusos de las licencias sindicales por parte de dirigentes la Federación de Profesores de Enseñanza Secundaria.
Foto: Ricardo Antúnez / adhocFOTOS
Justicia y economía
Una fuente del gobierno dijo a Búsqueda que algunas auditorías son armas que el oficialismo tiene previsto usar para contrarrestar los ataques desde el Frente Amplio.
El martes 8 las autoridades de UTE presentaron los resultados de una auditoría contratada a PriceWaterhouseCoopers en torno a la frustrada regasificadora, que constató pérdidas por US$ 213 millones. Según las actuales autoridades, hubo “múltiples instancias” para detener el proyecto —surgido en el período de José Mujica— “porque no era económicamente viable”.
También la suba de los combustibles —de 12%— que entró en vigor el martes 8 entró en el debate político. “Che, qué mal envejeció esta promesa de no aumentar” las tarifas de Ancap, criticó la diputada Bettiana Díaz, del Movimiento de Participación Popular, entre un coro de legisladores y dirigentes frenteamplistas que se expresó por Twitter.
De ese incremento tarifario tomó distancia Cabildo Abierto para el caso del gasoil y el supergás, por entender que perjudica al sector productivo y a las familias.
Por otro lado, después de un Consejo de Ministros en la Torre Ejecutiva, la ministra Arbeleche y su colega de Desarrollo Social, Martín Lema, informaron detalles de las medidas de apoyo a la primera infancia adelantadas semanas atrás por el presidente Luis Lacalle Pou en una entrevista en Canal 10.
Informaron que en la próxima Rendición de Cuentas se registrará la ampliación del Fondo Coronavirus a US$ 980 millones. También anunciaron que desde el 2022 en adelante se destinarán US$ 50 millones anuales a financiar un programa de primera infancia para dar asistencia económica y educativa a niños de 0 a 3 años en condiciones de vulnerabilidad.
En cuanto a los apoyos vinculados a la coyuntura de la pandemia, los ministros explicaron que se extenderá a julio el refuerzo del 100% de las asignaciones familiares para 196.000 hogares que se había previsto hasta junio. Lo mismo sucederá con el cupón de $ 2.400 por mes para la canasta alimentaria que reciben unas 320.000 personas. Además, para unos 68.000 niños de 0 a 3 años se dará desde setiembre a diciembre un refuerzo de la asignación familiar de $ 2.500 por el Plan de Equidad.