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Los juzgados especializados en violencia de género se han convertido en uno de los principales reclamos de las organizaciones feministas. En 2017 celebraron la aprobación de la Ley 19.580 que los creó, pero desde entonces esperan que se pongan en marcha. En el Poder Judicial (PJ) han señalado la falta de recursos para instalarlos y el gobierno no previó hasta ahora un dinero específico, aunque el Parlamento intentó subsanarlo el año pasado reasignando dinero del Presupuesto. Sin embargo, los avances son lentos y en la Suprema Corte de Justicia (SCJ) ven “muy difícil” que se llegue a tiempo para instalarlos en julio, tal como prevé la última Ley de Presupuesto, según dijeron fuentes de la corporación a Búsqueda.
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Mientras, desde el Palacio Legislativo y el gobierno —a través del Instituto Nacional de Mujeres (Inmujeres)— intentan encontrar soluciones rápidas y concretas para que la Corte “ya no tenga excusas”, dijeron fuentes de esos ámbitos que trabajan en el tema. En ese sentido, y cumpliendo con el compromiso que asumieron las legisladoras con la Corte en una reunión en febrero, han avanzado en la búsqueda de locales “prestados” por organismos públicos para instalar los juzgados de género y así ahorrar los gastos de alquiler.
Según informó a Búsqueda la vicepresidenta Beatriz Argimón, que lidera las gestiones, están avanzadas las conversaciones para conseguir locales en los departamentos de Paysandú, Rivera y Maldonado (en San Carlos).
Argimón dijo que su objetivo es poner a disposición de la Corte los inmuebles y facilitar el diálogo con las autoridades locales, pero explicó que después deberá ser el Poder Judicial el que entre en juego y concrete los acuerdos, así como las obras edilicias necesarias.
Fuentes del PJ dijeron a Búsqueda que están al tanto de la oferta en esas ciudades, pero aclararon que todavía no conocen los locales y tampoco han recibido información sobre su ubicación exacta. El primer paso, explicaron, es visitarlos y que los arquitectos evalúen qué obras se requerirán. Además, hay necesidades específicas de esas sedes, como las entradas diferenciadas para que no se crucen las víctimas con los agresores.
Otro aspecto en el que se consiguió avanzar es el referido a los técnicos que requieren esos juzgados. Las legisladoras habían propuesto al PJ acudir a la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) para que sus especialistas trabajen como peritos en las causas. Aunque desde la Corte pusieron en duda que eso fuera posible debido a la sobredemanda de trabajo que implicó el Covid-19, la presidenta de Inmujeres, Mónica Bottero, informó a Búsqueda que el presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, está de acuerdo y a la orden para firmar un convenio con el PJ.
“Estamos avanzando y este mes tenemos que sentarnos a definir todos estos temas. No se puede poner todavía una fecha de cuándo se pondrán en marcha, puede ser que se necesiten algunos meses más, pero las soluciones van a estar”, aseguró Bottero.
Por otra parte, la jerarca informó que está disponible un crédito extra para el PJ de unos $ 20 millones por año para el funcionamiento de los juzgados. Pero esos recursos están a nombre de Inmujeres y en la Corte entienden que falta que se “oficialice” para que puedan contar con ellos. “Vamos a ver la forma de que les quede garantizado por escrito”, dijo Bottero.
Hay otro punto que también ha causado diferencias. La Ley 19.580 creó los juzgados de género como sedes multimateria, para que las víctimas no tengan que acudir a varios juzgados. Sin embargo, la Corte entiende que deben tener especialización en los temas de urgencia y no absorber otras materias. Además, si no se acotan las competencias su funcionamiento será más caro de lo previsto y los recursos no alcanzarán. Tras debatir el tema, el Parlamento decidió mantenerlos tal cual fueron creados.
Ahora, no obstante, fuentes legislativas y judiciales dijeron a Búsqueda que hay conversaciones para poner “en pausa o suspenso” la competencia multimateria de esas sedes por unos años. Así se facilita su puesta en marcha y se posterga la discusión para más adelante.
La legisladora del Partido Nacional, Carmen Asiaín, dijo a Búsqueda que no hay un acuerdo cerrado sobre ese punto ni siquiera entre los legisladores de la coalición, pero que su posición es que deben limitarse a atender los temas de urgencia. “A la Corte le cambiaron las condiciones. El presupuesto para los juzgados especializados en violencia, está. No está para los multimateria”, explicó.
Mientras se resuelven estos aspectos pendientes, en la Corte temen que el tiempo no sea suficiente y esperan que se prorrogue el plazo previsto por la Ley de Presupuesto, que fija su creación para el 1º de julio. Fuentes del Parlamento dijeron que “no descartan” postergar la fecha si es necesario.
