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Mientras el gobierno anunciaba satisfecho el pasado martes 10 los acuerdos sobre seguridad logrados con los partidos de la oposición —que incluyen adelantar la aplicación del nuevo Código del Proceso Penal— los ministros de la Suprema Corte de Justicia sacaban cuentas. Y los números no les cierran.
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“Nosotros no tenemos forma de ejecutar esto”, dijo a Búsqueda el presidente de la Corte, Ricardo Pérez Manrique. “No tenemos los recursos humanos y materiales necesarios. Hoy objetivamente no tenemos fondos para aplicar ni siquiera el sistema intermedio” que propuso el gobierno, afirmó.
El nuevo Código, que según el prosecretario de la Presidencia Juan Andrés Roballo tendrá un “impacto importantísimo” en la eficacia de la persecución de los delitos, comenzará a regir en forma parcial en febrero de 2017, y se completará su aplicación en julio.
El gobierno dijo que destinaría recursos en la próxima ley de Rendición de Cuentas para aplicarlo. Pero ese dinero recién estará disponible en febrero de 2017, con lo cual la Corte no tendrá tiempo para implementar la primera etapa de la reforma.
“A nosotros nos coloca en una situación muy complicada, porque los fondos recién los recibiríamos en 2017, y como cualquiera se da cuenta, no hay tiempo para designar jueces, capacitar defensores, ni para hacer las reformas edilicias imprescindibles para poner el Código en andamiento”.
La Corte dijo “claramente en la reunión que mantuvo la semana pasada con el sistema político que el Poder Judicial necesita medios, inclusive a los efectos de aprobar esta forma alternativa del Código”, añadió. Además, para la segunda etapa, que arranca en julio, tampoco cuentan con tiempo suficiente: “Seis meses se van volando, teniendo en cuenta además que en el primer semestre está Carnaval y Turismo”, señaló.
Para Pérez Manrique no tiene “un fundamento muy lógico” que se adopte un sistema parcial solo por unos meses (de febrero a julio), y lo “más razonable” sería comenzar con todo el sistema nuevo a mediados de año. “No es razonable ir a un régimen intermedio que estaría rigiendo solo por cinco meses. Van a ser mucho mayores los inconvenientes que va a generar que las certezas”.
En este momento los otros ministros de la Corte se encuentran realizando la visita anual de cárceles. “La semana que viene nos reuniremos y tomaremos una decisión definitiva”, dijo.
Por su parte el fiscal de Corte, Jorge Díaz, dijo a Búsqueda que la fiscalía estará lista para empezar con la reforma a principios de 2017. “Venimos trabajando muy fuerte desde hace mucho tiempo. Y vamos a estar prontos”, afirmó. “Es un tema de actitud, la nuestra ha sido propositiva. Nosotros vamos a cumplir con el acuerdo. Sin excusas”.
