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    Pensar en solucionar el aumento de homicidios de un día para el otro “no es serio y no hay forma”

    El fiscal de Corte subrogante ve con preocupación una “evolución de la maldad” y un “espiral de venganza”, mientras no “abundan” las ideas para revertirlo

    Desde octubre de 2021 Juan Gómez es fiscal de Corte subrogante porque hasta ahora el sistema político no alcanzó un acuerdo para nombrar uno definitivo. Desde esa posición provisoria dice que seguir luchando por que la institución que lidera siga avanzando, aunque no cuente todavía con los “recursos indispensables para dar un buen servicio”.

    Antes de convertirse en la cabeza de la Fiscalía General de la Nación, Gómez trabajó como fiscal penal, en crimen organizado, y los últimos cinco años como titular de la Fiscalía de Homicidios. Justamente ese delito, que aumenta en número y en la violencia con que sucede, se convirtió en el último tiempo en uno de los principales desafíos de la seguridad.

    Para Gómez, que por su trabajo estuvo en contacto con asesinos, sus familias y las de las víctimas, el narcotráfico produjo una “evolución de la maldad” con el objetivo de “infundir temor”, que se refleja en crímenes más atroces. Además, considera que los homicidios generan un “espiral de venganza” y plantea que una “solución” para esta problemática es la “asistencia” a los niños vulnerables, algo que puede traer “buenos resultados en 10 o 12 años”.

    El titular de la Fiscalía también considera que “hay generaciones absolutamente dañadas” por la delincuencia y asegura que los criminales cuando salen en libertad “muchas veces prefieren rápidamente delinquir para volver al lugar donde sienten que es su lugar en el mundo: la cárcel”.

    Por eso, está convencido de que se debe hacer un “esfuerzo” en invertir en las políticas pospenitenciarias, aunque desconoce si toda la sociedad “está dispuesta”.

    —La cifra de homicidios aumentó un 25% en 2022 con respecto a 2021 y mantiene la tendencia de los últimos años. ¿Cómo evolucionó en los últimos años la aclaración de estos hechos?

    —Uno siempre aspira a que esté por encima de la media, que es un nivel razonable para hechos de la naturaleza de los homicidios. Sin perjuicio de que no tengo las cifras exactas, creo que están por encima del 50%, que es una cifra al menos importante.

    —¿Está conforme?

    —Uno no debe conformarse nunca. Lo ideal sería el 100%, pero en esta materia es muy difícil y son hechos para los que, en general, no se cuenta con auxilio de cámaras o testigos. Lo hablo por experiencia. Ese es el trabajo de los fiscales de todo el país y de homicidios, que sufren la falta de herramientas para elevar el número de hechos aclarados.

    —¿Es un asunto de Uruguay o es general?

    —Es general. Cuando estaba en Homicidios miraba mucho las cifras de Brasil y no pasaban del 26% o 27% de los hechos aclarados. Estamos en un número al menos tolerable, aunque no es lo ideal.

    —Fue fiscal de Homicidios durante cinco años, entre 2017 y 2021. En los últimos años se ha visto cómo estos crímenes se han complejizado: hay secuestros, torturas, aparecen cuerpos descuartizados, incendiados y enterrados. ¿A qué lo adjudica?

    —A la evolución de la maldad. Y cuando son consecuencia del enfrentamiento de grupos que se disputan un mercado, un territorio, es la forma de exponer frente a los demás una potencialidad de hacer daño y, por supuesto, infundir temor a que no se los enfrente.

    —¿Cree que puede empeorar la situación como sucede en otros países de la región?

    —Vivo en un país que respeta los derechos y uno aspira a que la sociedad transite otros caminos y no el de la violencia. Uno tiene la responsabilidad de ayudar de alguna forma a que esas situaciones disminuyan. Para eso hay que tener una exacta comprensión de qué provocan los homicidios y cuál es la consecuencia. La violencia genera violencia y muchas veces la gente no advierte lo que significa la violencia de un homicidio: la idea de venganza, de familias, amigos, hermanos de alguien que perdió su vida, que lo primero que piensan casi naturalmente es en la venganza. Eso genera un espiral que se ha mantenido con aumentos y bajas, pero en ningún caso hubo retrocesos sustanciales en el número de muertos.

    —Decía que hay que hacer más para reducir los homicidios, ¿en qué cree que está fallando el Estado?

    —Ha habido ideas, hay ideas, que no se pueden descalificar, hay que pensarlas y ver su viabilidad en la práctica. Yo acostumbro a pensar que una de las soluciones está en la asistencia a los grupos más desfavorecidos de nuestra propia sociedad, más vulnerables: la asistencia a los niños. Si no acostumbramos a nuestros niños a que reciban valores, a la importancia de la vida, del ser humano, creo que empezamos a fallar. Incluso he dicho que me pareció muy bien un plan del Mides de atención de niños hasta seis años que viven en contextos muy vulnerables y lo asocio como una práctica que puede mostrar sus buenos resultados dentro de 10 o 12 años. Pensar en solucionar temas tan graves de un día para otro no es serio y no hay forma, es contrario al sentido común. Es como pensar que si me suplantaran hoy, mañana todo estaría resuelto.

    —¿Cree que falta atención en la primera infancia para evitar que al crecer se vinculen con la delincuencia?

    —Es necesaria la atención en la primera infancia. Transmito lo que he vivido y lo que uno razona como posible. Obviamente hay generaciones que están absolutamente dañadas y hay que trabajar con esa gente. El tema carcelario es muy importante, sobre todo el día de mañana, cuando las personas salen de una reclusión. Si no estamos presentes como Estado, y sé que es difícil, sé que tiene costos que son difíciles de absorber y que mucha gente prefiere que ese dinero se destine a otra gente, a gente que labura, pero también uno tiene que darse cuenta de lo que puede significar que sigamos generando y manteniendo personas vinculadas al delito. Si no está presente el Estado en la inserción social de las personas que salen, muchas veces prefieren rápidamente delinquir para volver al lugar donde sienten que es su lugar en el mundo, que es una cárcel.

    —¿Usted dice que reinciden para volver a la cárcel?

    —Sí, sí. Tener un lugar donde dormir, donde comer, donde desarrollar actividades lúdicas, en el que tienen personas que se conocen y muchas veces ocurre eso, lamentablemente.

    —Pero también se dice que es la escuela del delito…

    —Por eso se debe estar antes, durante y después. Eso significa un esfuerzo de la sociedad, que no sé si toda está dispuesta, primero, a entenderlo, después, a llevarlo adelante y asumir los costos.

    —¿Qué piensa sobre el plan que impulsa el Ministerio del Interior de trabajar con exreclusos para reducir la cifra de homicidios?

    —Es una idea que no debe ser demonizada, que la sociedad requiere más información sobre la forma de llevarla adelante. Es una idea, no creo que descartarla sea bueno cuando lo que no abundan son soluciones. Ojalá se concrete y que tenga resultados. Ya sé que Uruguay no es lo mismo que otros países, pero cuando las ideas vinculadas a la disminución de los homicidios no son tantas, por lo menos nos gustaría conocer con exactitud cuál sería la forma de implementar esa. Yo trabajé en homicidios, estuve en contacto con víctimas, con familiares de personas que cometieron homicidios, que uno tenía que llevarlos a la Justicia. A raíz de esta noticia yo mismo recibí, como si tuviera algo que ver, el ofrecimiento de una persona que manifestó que le gustaría que se lo tuviera en cuenta para lo que anunció el ministro del Interior. No sé con qué eficacia, pero que sea financiado por el BID puede ser importante, antes que no contar con ninguna idea.

    —Por otro lado, desde el Ministerio del Interior continúan haciendo críticas públicas sobre el trabajo de los fiscales, a pesar de que incluso usted ha advertido que deben hacerse en privado, ¿qué tiene para decir al respecto?

    —Debe estar en la naturaleza de algún ser humano que le encanta ver en la crítica que las cosas funcionan mal, cuando yo tengo un pensamiento diametralmente opuesto a eso. Considero que en el trabajo está la solución: significa coordinación, ver lo que pudo estar mal de un lado y del otro. No voy a hacer un inventario de situaciones, porque la Policía las conoce. En las reuniones de coordinación hemos hablado de la forma de hacer determinadas actuaciones, de cómo se recogen las evidencias, entonces siempre hemos tratado de construir. Si hay alguien que piensa que tiene todas las soluciones, le diría que reflexionara y que tenga la certeza de que en el actual sistema procesal de Uruguay la Policía es importante, la Fiscalía es importante, los defensores son importantes y el Poder Judicial, también. Eso es un sistema. Puede haber una disfunción en esa cadena de operadores, sí, pero nuestra mirada debe enfocarse en ir sanando las cuestiones que funcionan mal.

    —¿A quién le plantea que reflexione?

    —A las personas que a veces con ligereza cuestionan la actuación de los fiscales, por ejemplo, sin saber que muchas de las decisiones cuestionables deben estar miradas con otro rigor.

    —¿Se refiere por ejemplo a los emplazamientos sin fecha?

    —Esa es una práctica que ya manifesté que en lo personal no la comparto. Vamos a trabajar con los fiscales de todo el país para establecer buenas prácticas, no imponerlas. Muchas veces la comunicación en un emplazamiento sin fecha lleva a pensar cuestiones equivocadas, que no están en la mente de los fiscales. Yo diría que tenemos que dialogar sobre eso. Hay formas muy claras de mantener a una persona en estado de investigación, sin necesidad de emplazamientos, sin fecha.

    —¿Cree que deberían dejar de realizarse?

    —A la larga, sí. Por ejemplo, con un accidente de tránsito una persona puede ser indagada pero están pendientes pericias de la Policía Científica. No dicen qué día van a estar prontas. En vez del emplazamiento sin fecha, se puede hacer la manifestación: “Señor, usted puede y va a ser oportunamente citado”, y se terminó el drama. En otros casos pueden no estar todas las evidencias, las pruebas objetivas que son necesarias.

    —¿Qué tan preparada está la Fiscalía para enfrentar fenómenos actuales como la violencia creciente vinculada al narcotráfico o los delitos informáticos?

    —Creo que la Fiscalía cuenta con material humano suficiente, es consciente de que la capacitación debe ser permanente, la actualización es esencial en la vida de un fiscal y, si no creyera en eso, no tendría sentido.

    —¿Pero hay recursos para esa formación?

    —Una de mis obligaciones como fiscal adjunto de Corte o fiscal de Corte subrogante es tratar de convencer a la autoridad política de la necesidad de algunos recursos. Cuando hay gente que puede decir que somos ineficientes, le voy a dar dos números. En la última Rendición de Cuentas 42 ingresos hemos conseguido, además de la formación de la unidad de Ciberdelincuencia, que considero va a ser importante. Hay que dejarla trabajar. Este mes logramos el ingreso de otros 26 administrativos. Procuramos de todas las formas posibles tener una institución con los recursos suficientes para brindar un buen servicio a la sociedad. Si remarco esos números es para decir que vamos caminando.

    —Varias investigaciones por corrupción policial han reavivado el debate entre fiscales sobre la posibilidad de crear una policía judicial que dependa de la Fiscalía en este sistema acusatorio para realizar este tipo de investigaciones. ¿Cuál es su posición al respecto?

    —Tenemos muchos problemas antes que eso. Sería lo ideal pero, como acostumbro a decir, muchas veces lo ideal es enemigo de lo bueno si todavía no tenemos los recursos que pensamos indispensables para dar un buen servicio a la sociedad. Quizás eso sea un tema seguramente para el próximo fiscal de Corte que lo analice y que empiece a trabajar en eso. Estoy hablando en años, porque no son soluciones inmediatas.

    —El caso del exjefe de custodia presidencial Alejandro Astesiano tuvo varias derivaciones. Una de ellas fue la filtración de las conversaciones obtenidas del celular, que mereció la creación de una nueva línea de investigación de la Fiscalía. Al tener acceso a la carpeta otras personas —además de la fiscal—, como los abogados de los imputados, varios fiscales consideran que se debería rever la normativa para evitar futuras filtraciones. ¿Qué piensa al respecto?

    —Es la ley, porque muchas veces se ha cuestionado que los fiscales no suben todas las informaciones, y yo no sé si es verdad o no, pero ese es el cuestionamiento. Cuando lo suben, uno de los peligros es que puede facilitar la filtración de alguna investigación cuando tiene un componente de mayor exposición pública. Es muy difícil establecer quién puede filtrar cosas que se suponen integran una investigación; están reservadas y, si fuera un funcionario público, sería un delito, como está previsto en la ley.

    —Pero los defensores o terceras personas que filtran información de investigaciones preliminares no tienen sanciones…

    —Eso es una cuestión del legislador.

    —Desde hace más de un año es fiscal de Corte subrogante. Por un lado, desde el sistema político se pone énfasis en la importancia de aclarar los delitos y disminuirlos, pero no logra alcanzar un acuerdo para nombrar un sucesor definitivo. ¿Cree que esto quita relevancia o legitimidad a la Fiscalía en la opinión pública?

    —De ninguna forma. Lo que pretendo que vea la opinión pública es que acá se trabaja con seriedad, con honestidad, respetando la ley. No se trata de un cuadro de fútbol donde se dice: “Tal entrenador tiene que irse o dejar de irse”. Es otra cosa. La sociedad sabe muy bien mi posición. Yo no hago ninguna cuestión personal de nada, simplemente digo que estoy cumpliendo con la ley, voy a seguir cumpliendo con la ley y me iré cuando sea el momento que la ley me indique. Pero eso no es mi responsabilidad. Mientras tanto, no tengo otra cosa que seguir luchando.

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