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Desde que el Poder Ejecutivo rescindió su contrato con el consorcio GNLS, el proyecto de construir una planta regasificadora quedó en suspenso. El Ministerio de Industria, Energía y Minería mantiene su negociación con la multinacional Shell, la que busca asegurar el canal de venta en la Argentina, para después revitalizar el proyecto.
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Ajena a esas discusiones, en Montevideo avanza la comisión investigadora en la Cámara de Representantes, impulsada por el blanco Pablo Abdala que indaga si existieron irregularidades en el fallido primer proyecto. En ese marco, el diputado constató que el colectivo de pescadores que resultó damnificado en momentos en que se inició la obra continúa cobrando subsidios hasta ahora, pese a que hace dos años no hay ningún trabajo en la zona.
Más de 20 pescadores artesanales de la zona de Santa Catalina firmaron un convenio con Gas Sayago —empresa propiedad de UTE y Ancap encargada del proyecto de la regasificadora— el 30 de enero de 2014. En el tercer punto se definió que por el daño que la obra tendría para su trabajo, se los compensaría con un pago de US$ 16.000 a cada embarcación el primer año y luego una mensualidad de US$ 1.333. Además, US$ 292 en vales de combustible cada mes y con la compra de un motor para sus embarcaciones, que oscila entre US$ 4.000 y US$ 5.000.
Este compromiso se extendía hasta diciembre de 2015. Sin embargo, el cuarto punto del convenio dice que si las obras se extendieran más allá de enero de 2016, se realizará el “pago adicional” de US$ 1.333 y US$ 292 en vales de nafta cada mes hasta la finalización de la obra. De acuerdo a este documento, los pescadores continúan cobrando la compensación, ya que la obra no terminó.
Para Abdala, esto es una “irregularidad flagrante”, porque “la obra no terminó porque ya quedó descartada”. “Ese proyecto ya no existe más y no tiene lógica que los pescadores continúen percibiendo este ingreso”, agregó en diálogo con Búsqueda. Desde que se firmó el convenio, Gas Sayago lleva pagados más de US$ 2 millones a 23 pescadores, de los cuales la mitad corresponde al período posterior a que la obra quedara descartada tras la caída del contrato con el consorcio.
El 13 de junio del 2017, Francisco Saavedra asistió en representación de los pesqueros a la comisión investigadora y reconoció que continuaban cobrando la compensación. Abdala lo interrogó sobre si seguía percibiendo este ingreso, le leyó los puntos del convenio, y luego de evadir la respuesta Saavedra respondió: “El documento que les proporcionamos da la respuesta”.