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Integrantes del Consejo de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación solicitaron al Tribunal de Cuentas que realice una auditoría en la institución ante posibles irregularidades que suceden desde hace cuatro años en la designación de colaboradores del decano. “Queda palmariamente demostrado que la Facultad ha creado cargos docentes sin sustento legal y, adicionalmente, lo ha hecho con el único propósito de eludir normativa expresa de la Universidad de la República”, señala el escrito.
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Durante la sesión del Consejo del 3 de julio, el decano interino, Robert Calabria, propuso la designación de tres personas para desempeñar cargos de colaborador del decano, todos ellos de carácter docente. Un representante por el orden de egresados y los tres representantes por el orden estudiantil se manifestaron en contra, ya que desconocían la existencia de ese tipo de cargo, y señalaron que para esa tarea la Universidad de la República (Udelar) ya dispone de la figura de asistente académico.
El asistente académico tiene una carga máxima de hasta 130 horas semanales y una remuneración equivalente a la de un docente grado 5. La ordenanza establece que para designarlo se requiere en cada reunión del Consejo mayoría absoluta de votos, debiendo incluir la mayoría, representantes de los tres órdenes. Pero de acuerdo al escrito, en Humanidades no se nombran asistentes pues el Consejo no alcanza las mayorías requeridas desde hace aproximadamente cuatro años, cuando asumió el decanato Álvaro Rico, actual candidato a rector de la Universidad.
Ante eso se recurre a nombrar colaboradores, que se solventan con los fondos presupuestales que la Udelar asigna para el pago de asistentes. Sin embargo, el artículo 2º del estatuto del personal docente no incluye la figura de colaborador del decano como cargo docente.
Con el propósito de “dilucidar la legalidad” de las designaciones y determinar si se cometieron en el pasado “otras irregularidades respecto de la utilización de los recursos presupuestales de la Facultad”, los cuatro consejeros solicitaron la realización de una auditoría, pero el Consejo no hizo lugar al pedido. “Llama poderosamente la atención que quienes sostienen que la Facultad actúa en un todo ajustado a las normas legales en materia presupuestal, se resistan en forma enérgica a practicar una auditoría”, afirma la nota.
Ante la negativa, en Humanidades decidieron reseñar los hechos al Tribunal de Cuentas y solicitar que lleve adelante una auditoría económica, financiera y presupuestal en la contaduría de la Facultad. “El problema radica en que si hacen eso con los asistentes, ¿por qué yo tengo que pensar que no hay otro tipo de irregularidades que se estén produciendo?”, dijo a Búsqueda Alberto Mosquera, representante por los egresados. Mosquera ingresó este año al Consejo como parte de una lista de oposición a la gestión de Rico, aunque aclaró que, pese a que no lo apoya, “este no es un problema de alineación”.